Como señalé en mi columna anterior, el material enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados es la propuesta de política fiscal para 2009. En un primer momento el paquete enviado da la impresión de que busca minimizar la posible confrontación con los diputados, en particular por al menos tres aspectos:

a) no se incluyen modificaciones en la parte tributaria (miscelánea fiscal); b) se propone un precio estimado del petróleo alto y c) se propone un aumento significativo en seguridad. En relación con el primer punto, no queda claro por qué se renuncia a la posibilidad de realizar ajustes al marco tributario actual a la luz de los resultados pasados, en particular si se acepta que la reforma del año pasado fue limitada e insuficiente, considerando las necesidades de gasto de nuestra economía. Aun suponiendo que los resultados tributarios de 2008 se consideren aceptables o satisfactorios, sabemos que el marco tributario tiene múltiples deficiencias y éste es el momento (cada año) para seguir avanzando en su ajuste. Obviamente también es origen de fuertes divergencias entre el Ejecutivo y el Legislativo, que este año no existirán o serán menores.

El segundo punto se refiere a la propuesta de precio estimado del petróleo exportado (mezcla mexicana). Como lo he señalado en el pasado, esta variable adquiere un papel crucial en la discusión del Presupuesto, porque permite ensanchar los márgenes para acomodar gasto adicional propuesto por las diversas fracciones parlamentarias, con el cual se reivindican ante sus electores y porque los ingresos petroleros representan más de la tercera parte de los ingresos públicos presupuestarios.

Tradicionalmente la SHCP había enviado una estimación conservadora del precio, sabiendo que en el proceso de discusión y aprobación de la propuesta, los diputados terminan por adicionar un par de dólares a dicha estimación. Sin embargo, en esta ocasión considero que la propuesta del Ejecutivo no es conservadora, lo cual podría parecer sorprendente. Veamos por partes este aspecto.

En principio, se supone que este precio es resultado de aplicar el artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria aprobada en 2006, en el que se estipula la regla a utilizar en el cálculo de este precio de referencia estimado, que señala el promedio de dos métodos propuestos. Es difícil replicar el cálculo, ya que en ambos casos se incluye un ajuste “por el diferencial esperado promedio, entre (el precio futuro promedio del crudo de calidad intermedia del Oeste de Texas) y la mezcla mexicana de exportación, con base en los análisis realizados por reconocidos expertos en la materia”, pero para llegar a 80 dólares, o el precio futuro es muy alto o este dato del experto permite mantener un precio mexicano alto.

Pero independientemente de este aspecto, creo que dicha fórmula debería revisarse, no sólo para hacerla más transparente (clarificando el dato del experto, así como el factor de 84% señalado en el segundo método), sino para garantizar que el precio estimado represente una cifra más cercana a un valor de largo plazo.

Obviamente esto último asume que se está de acuerdo en que los excedentes petroleros debieran tener un papel en el largo plazo fortaleciendo un fondo de estabilización. Éste es un tema que estuvo presente en el reciente debate en el Senado, pero parece desaparecer en la propuesta del Ejecutivo. Aun suponiendo que durante el 2009 se observe un precio promedio alrededor de los 80 dólares, no se estarían acumulando excedentes (o serían pequeños). Y si bien los Fondos actuales dispuestos por la Ley están ya a su tope, en realidad son pequeños y este tope es arbitrario. En lo personal creo que el precio propuesto es alto, pero está en concordancia con el punto anterior de no proponer nuevos impuestos.

El tercer punto en realidad es más simple. Refleja y hace eco a una preocupación de la sociedad mexicana y que difícilmente sería rebatido por algún diputado de oposición. Es obvio que en el momento de las tradicionales reasignaciones de recursos, ninguna fracción estaría dispuesta a tocar esta partida sin tener que asumir un costo político ante la sociedad y antes de 2009.

Desde luego que existen mucho más puntos a discutir sobre la propuesta, pero me parece que los tres que señalo permiten caracterizar el paquete fiscal propuesto en esta ocasión.

Doctor en Economía por la Universidad de Washington. Especialista en macroeconomía, política monetaria y fiscal, ahorro y pensiones. Profesor investigador de la División de Economía del CIDE, de la cual fue su director del 2000 al 2003. Ha sido consultor y asesor del gobierno mexicano, organismos privados y organismos internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.