Como cada año, ha llegado el momento en el que el Presidente presenta su propuesta de política fiscal para el próximo año ante el Congreso de la Unión. A diferencia de la política monetaria, la fiscal es propuesta cada año por el Ejecutivo, pero debe ser aprobada por el Poder Legislativo, proceso que en la mayoría de los casos se torna complejo y desgastante, pero que debiera ser la expresión de las preocupaciones de los ciudadanos por conducto de sus representantes.

El paquete en discusión se compone básicamente de tres documentos. El primero se denomina Criterios de Política Económica, y presenta el marco general macroeconómico de nuestra economía y del entorno internacional que se espera el próximo año, incluyendo las proyecciones de las principales variables macroeconómicas como el producto, la inversión, la inflación, la tasa de interés o el precio del petróleo. Este marco permite caracterizar la actividad económica esperada y en consecuencia, cuál sería la participación del sector público y en qué márgenes se puede mover.

El segundo documento es la Ley de Ingresos de la Federación, en la que se señalan las fuentes de los recursos que permitirán financiar el gasto público. Esto es, cuánto provendrá de recaudación tributaria (básicamente impuestos), cuánto se originará de ingresos no tributarios, y cuánto se requerirá de deuda. Generalmente los márgenes están acotados por la misma ley, a menos que se propusiera alguna reforma fiscal, lo cual no sucederá este año. Sin embargo, el componente relevante lo constituyen los ingresos petroleros, porque se convierten en el comodín y pueden ser manipulados a través del valor que se tenga previsto para el precio del petróleo para el siguiente año. Claramente, entre más alto se fije el precio del crudo, mayores serán los ingresos esperados y mayores serán los recursos disponibles por este concepto para asignarlo a aumentos en el gasto.

Es por eso que cada año se observa un importante “estire y afloje” entre la Secretaria de Hacienda y los Diputados sobre este punto.

Al respecto es importante recordar que ésta es una variable muy difícil de predecir debido a las propias características de su evolución y alta volatilidad y que lo que ha sucedido en el pasado no necesariamente continuará. Si fijo un precio alto y esto no ocurre, se quedan ciertos gastos sin recursos y habrá que realizar ajustes futuros. Por otro lado, el manejo responsable de esta variable debiera permitir la acumulación de recursos en el fondo de estabilización para hacer frente a situaciones desfavorables en el futuro. Es decir, debiera fijarse un precio acorde con un valor de largo plazo, y si en el corto plazo resulta mayor, puede ahorrarse más en el Fondo lo que permite tener un colchón para años malos. En este sentido 80 dólares por barril resulta una estimación alta fuera de su comportamiento de largo plazo.

El tercer documento corresponde a la Propuesta de Presupuesto de Egresos para 2009. Esto es, en qué, cuánto y cómo se piensan gastar los recursos públicos disponibles el próximo año. Cabe mencionar que un alto porcentaje de este gasto está en cierta forma ya predeterminado y por eso se le llama irreductible. Por ejemplo, el gasto en nómina de burócratas, médicos del Sistema Nacional de Salud o maestros del sistema público es una cantidad que ya está comprometida. También existen muchos programas como el de Oportunidades u otros que son de seguridad social o apoyo a grupos específicos que implican recursos previamente comprometidos. Incluso, la deuda contraída en el pasado se tiene que ir pagando año con año y en consecuencia es un gasto ya definido. Con esto tenemos que es menos de una sexta parte del gasto lo que puede ser objeto de manipulación por parte de autoridades y congresistas. Es por eso que alargar este recurso vía aumentar la previsión del precio del petróleo es altamente tentador. Al final, es precisamente del manoseo de estos recursos no comprometidos de donde se colgarán las medallitas los legisladores ante sus representados.

Finalmente hay que recordar que en este proceso de definición de ingresos y gastos, existe un marco legal fundamental que es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en donde entre muchas cosas, se estipula la regla fiscal de un presupuesto equilibrado o déficit que tiende a cero, lo que constituye una restricción importante en este debate. En la próxima entrega comentaré los detalles de la propuesta de este año.

Doctor en Economía por la Universidad de Washington. Especialista en macroeconomía, política monetaria y fiscal, ahorro y pensiones. Profesor investigador de la División de Economía del CIDE, de la cual fue su director del 2000 al 2003. Ha sido consultor y asesor del gobierno mexicano, organismos privados y organismos internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.