Durante 16 meses, las partes implicadas en el tema del aborto apostaron a un debate sometido a las reglas de la democracia. Incluso los radicales se moderaron. El resultado debe ser ejemplo para los muchos temas que seguimos arrastrando.

Desde abril de 2007, cuando la Asamblea del Distrito Federal aprobó las reformas legales que permiten la interrupción de embarazo antes de las 12 semanas —lo que atraería la impugnación de la PGR y la CNDH—, el país desahogó una polémica con el potencial suficiente para partir en dos a la nación.

No hay ciudadano sin una posición sobre el tema. De sobra eran conocidos actores como la Iglesia y los activistas de Pro-Vida, por un lado, o los movimientos feministas y agrupaciones radicales de izquierda, por otro, con capacidad suficiente todos para emprender acciones a gran escala en favor de sus posiciones. Pero la opción tomada fue diferente.

En marzo pasado iniciaron audiencias en la Corte para escuchar los diversos posicionamientos: en 124 de ellos se rechazó que la reforma legal capitalina fuera constitucional; 60 la defendieron. Singularmente, casi 65% de los participantes fueron hombres, y menos de 40% mujeres, pues los varones determinan aún lo que debe o no ocurrir aquí con su contraparte de género.

Quizá nunca el país haya seguido tan de cerca las deliberaciones de los 11 ministros, lo que es posible gracias a un largo —aunque inacabado— proceso de apertura y transparencia en ese órgano del Estado, donde durante décadas se pensó que los jueces no tenían obligación de rendir cuentas de sus actos y sólo hablar a través de sus sentencias.

El resultado de esas discusiones lo conocemos todos. Les haya gustado o no, las partes se sometieron a las reglas del juego. El clero mexicano, en los hechos encabezado por el cardenal Norberto Rivera, subrayó desde luego su testimonio, pero mostró distancia de extremos que en otros países arrojaron a multitudes a las calles y agudizaron la polarización social. El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, explicó bien que todos se atuvieron a una última instancia, cuya resolución se acata.

La lección de la Corte en el caso del aborto debe ser un llamado de atención a nuestros políticos de todo signo, incapaces de establecer espacios de deliberación y acuerdo. Esto representaría alejarse del periodo de confrontación que nos domina desde 2006, que se manifiesta en impugnaciones ciegas de la izquierda contra un régimen constituido, o en el recurso bobo, tan extendido en nuestra prensa, de achacar a Andrés Manuel López Obrador todos los males del país.

Lo ocurrido en la Corte igualmente representa un mensaje a la sociedad para que reclame con mayor vigor el ensanchamiento de la esfera pública, donde los ciudadanos tengamos mayor voz y voto sobre los asuntos centrales de la nación.

Es natural esperar que los gobernantes de todos los niveles, especialmente el federal, recojan el guante que representa ese desafío y conduzcan al país con visión de Estado, y ya no más como grupos de camorreros incompetentes.

II APUNTES: ADIÓS A UN GUERRERO. Gilberto Rincón Gallardo murió prematuramente este fin de semana. Nacido en una familia de clase alta, simpatizó primero con el PAN, pero su formación en leyes por la UNAM lo hizo virar a la izquierda, donde durante décadas fue, entre otras muchas cosas, artífice de espacios de unidad. Militó en el Partido Comunista, y fue uno de los arquitectos del PSUM, que devino en PMS y luego en PRD, al que abandonó convencido de que las ambiciones y las pugnas internas lo lastraban sin remedio. Su última batalla fue en favor de las comunidades de discapacitados, con reclamos constantes por la miopía del gobierno frente a este tema. Descanse en paz. II LA CORTE, por cierto, tiene otros asuntos pendientes. La lista incluye temas tan graves como el peso del poder económico en las elecciones (los amparos contra la reforma electoral), la evasión de grandes empresas usando los paraísos fiscales, y por si faltara algo, los límites a los que debe ajustarse el despliegue policiaco y militar durante disturbios populares (caso Atenco).

Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ingresó a EL UNIVERSAL en 1978, donde desempeñó varias actividades profesionales como reportero de Información General, a cargo de diversas fuentes del sector político, subdirector Editorial de EL UNIVERSAL y Director Editorial General de El Gráfico y de EL UNIVERSAL.

Además, es coautor de los libros “Zócalo Rojo”, “Comunicación y Transparencia de los poderes del Estado” y “Representación política y toma de decisiones”.

Fue miembro en el año 2001, del “Grupo Oaxaca”, promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública en México. Actualmente, Roberto Rock es vicepresidente de la Comisión Contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa –SIP-