Era el grito de los argentinos en 2002 en los tiempos de Menem y Duhalde. Hablé con ellos lo mismo en sus bellas avenidas que en los arrabales de Buenos Aires: ¡Que se vayan todos!

Supongo que usted se refiere al presidente. No, no, qué va. ¡Que se vayan todos! Los ministros, los gobernadores y los alcaldes. ¿Y qué de los congresistas? ¡Que se vayan todos! Que se vayan también los magistrados de la Corte y los policías y los jueces. ¡Que se vayan todos! Ese era el reclamo de cientos de miles en toda Argentina. Lo mismo me dijeron intelectuales en un café, que mujeres de todas las condiciones o hasta los pibes de la clase alta que andaban despellejando las paredes de anuncios de cartón para conseguir algún dinero.

Allá el estallido social se produjo por la madre de todas las crisis económicas. Acá, aunque la economía tampoco anda nada bien, la motivación principal del hartazgo es otra: la peor crisis de inseguridad, injusticia, impunidad y criminalidad de que los mexicanos tengamos memoria.

Es probable que nunca lleguemos al extremo de exigir “¡Que se vayan todos!”. Pero también es posible que rebasemos ese límite. Por lo pronto la distancia se acorta y se sintetiza en la ya célebre exigencia de Alejandro Martí: “¡Si no pueden, renuncien!”, expresada en una apresurada sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública ante la descomposición del escenario social en la mayor parte del país.

Por supuesto que la intención mediática fue la de una imagen de cohesión y fortaleza de 50 notables para combatir —ahora sí— la violencia generalizada. Un evento desprovisto del elemento toral de la credibilidad por la sencilla razón de que varios de sus protagonistas están severamente cuestionados por abusos, tráfico de influencias y hasta sospechas de nexos criminales.

Hubo gobernadores ahí presentes en cuyos territorios se ha multiplicado la presencia del narcotráfico. No faltaron funcionarios que han encubierto investigaciones criminales o enriquecimientos inexplicables de sus antecesores. A ver: ¿hay alguna investigación oficial sobre la ostensible riqueza de Marta, Vicente y sus hijastros? ¿Se puede creer en un pacto firmado por el gobierno represor de Ulises Ruiz? ¿Es posible confiar en un compromiso de lucha contra el secuestro avalado por Mario Marín, el secuestrador de Lydia Cacho?

Seamos claros: el gran obstáculo para la justicia en México es el abuso sistemático del poder de los tres niveles de gobierno que usan a sus policías como ejércitos particulares y a los ministerios públicos, jueces y magistrados como gestores de sus intereses personales y políticos.

En sentido contrario, los hechos y declaraciones oficiales recientes confirman una realidad devastadora: en México hay una justicia para los ricos y los poderosos y otra para los pobres y los jodidos. Los gobiernos todos se movilizan por un secuestro notable y nadie mueve un dedo por el regadero de muertos entre los miserables. En cambio, se aplica la ley de modo inhumano y absolutamente desproporcionado en el caso de Ignacio del Valle, el de Atenco, a quien se le ha sentenciado oficialmente a 112 años de prisión por retener unas horas a funcionarios públicos, pero con la evidente venganza política por haberse opuesto a la construcción de un nuevo aeropuerto.

Ni una palabra sobre la miseria, la polarización social o el desempleo. Tampoco sobre los grandes beneficiarios del crimen organizado. Solamente una foto. Pero también una frase.

Ricardo Rocha ha sido redactor, reportero, corresponsal de guerra, productor y conductor de programas. En 1977 cubrió por dos meses la Revolución Sandinista en Nicaragua, lo que le valió el premio nacional de periodismo. Diseñó y condujo los programas "Para Gente Grande" y "En Vivo". Es co-autor de "Yo Corresponsal de Guerra" y autor de "Conversaciones para Gente Grande". En el 97 creó el concepto "Detrás de la Noticia" y en 1999, al separarse de Televisa, lo consolidó con la agencia informativa.