El secuestro de la joven Silvia Vargas Escalera —hija de Silvia Escalera y Nelson Vargas, ex director de la Conade— era un secreto a voces.

Salvo familiares y allegados saben por qué razón y durante casi 11 meses mantuvieron oculto a la opinión pública el secuestro; las negociaciones, si las hubo; si se denunció de inmediato a la autoridad el ilícito; si participan negociadores privados o autoridades; si hubo contacto con los secuestradores y por qué se habría interrumpido. En todo caso, esa decisión compete sólo a los Vargas Escalera.

Pero lo que sí es de interés para el resto de la sociedad, y en especial para la llamada opinión pública, es que asistimos a una nueva evidencia de incapacidad oficial e institucional para responder a un nuevo acto criminal como el secuestro de Silvia Vargas Escalera, joven plagiada incluso antes que Fernando Martí —también hija de una familia de renombre y vinculada con la actividad empresarial deportiva— y de cuyo crimen las autoridades están en cero.

Se debe recordar que cuando a principios de agosto se hizo público el secuestro y luego se descubrió el cadáver de Fernando Martí, las autoridades tanto del GDF como federales reaccionaron con declaraciones increíbles por su candor —si no por su cinismo extremo—, al grado de que se habló de que ya estaban detrás de policías judiciales —federales y del DF—, presuntos responsables del secuestro y crimen. Más aún, policías presuntos responsables hoy están en proceso de arraigo judicial.

Pero la historia se repite: un nuevo secuestro que golpea a una familia de renombre; ninguna pista de las autoridades federales y locales; dimes y diretes entre los dos y hasta los tres órdenes de gobierno, y el exceso de que el GDF y la PGJDF salieron con la caradura de que no sabían del secuestro, cuando era un secreto a voces. ¿Y ahora qué van a decir? ¿Por qué han pasado 11 meses y no sólo ninguna autoridad parece haber intervenido, sino que nadie parece haber tomado cartas en el asunto, más allá de que se haya denunciado o no ante la autoridad formal el secuestro?

El hecho de que hayan pasado 11 meses sin investigación sobre ese y otros secuestros que no han recibido el reflector mediático, que el de Fernando Martí haya motivado la supuesta detención de policías presuntos responsables, sólo cuando el crimen se convirtió en un escándalo mediático, muestra que los crímenes como el secuestro de Silvia Vargas Escalera son vistos y atendidos por la autoridad sólo cuando se convierten en escándalo mediático.

¿Qué debe ocurrir para que un ilícito como el secuestro que hoy se denuncia sea atendido por las autoridades federales o del GDF, encargadas en la persecución de los delitos? ¿A quién deben secuestrar los criminales para que las instituciones reaccionen? Silvia Vargas no es una más de los miles de jóvenes anónimos víctimas del crimen organizado, sino que pertenece a una familia también de renombre. ¿Qué más debe ocurrir, si ya han pasado 11 meses del secuestro, y nada?

En el fondo, y a pesar del nuevo secuestro denunciado, a pesar del dramatismo del anuncio público del secuestro —con toda su carga de dolor y tragedia familiar, del temor permanente de que pueda ocurrir lo peor—, lo más lamentable es que este secuestro no tendrá el mismo impacto mediático que el de Fernando Martí, porque a partir de hoy y de los anuncios por venir de potenciales nuevos secuestros empezará la construcción del antídoto social.

Es decir, los ciudadanos en general y la llamada conciencia colectiva empezaremos a ver como normal el secuestro de ciudadanos de renombre, hasta que los criminales escalen un peldaño más. ¿Qué quiere decir eso? Que buena parte de la opinión pública volverá a reaccionar cuando el nombre del secuestrado o asesinado pertenezca a un más alto nivel social o jerarquía política. Por lo pronto avanza la cuenta regresiva de los próximos 100 días en los que instituciones del Estado deberán rendir cuentas. ¿Pero qué cuentas van a rendir en 100 días, si en 11 meses del secuestro de Silvia Vargas ninguna autoridad ha podido hacer nada? Al tiempo.

EN EL CAMINO

Y mientras muchos olvidaron el escándalo del New’s Divine, otros se afanan en la liberación del ex superpolicía Guillermo Zayas, quien tiene dos caminos posibles: alcanzar la libertad en pocos días, si la PGJDF no pide la revisión de su caso, o continuar en presión los próximos dos o tres meses, si se revisa el estatus de “homicidio culposo” por el que es procesado.

Resulta que el “invento” del ex procurador Rodolfo Félix, al enviar a juicio a Zayas por “homicidio culposo”, será echado abajo tarde o temprano, y el ex superpolicía saldrá bajo fianza acusado de homicidio imprudencial.

Apasionado del periodismo, así explica el autor su dedicación de más de 10 años a este espacio donde se afana en traducir, aclarar y revelar los entretelones de críptico ámbito que es la política. Su trabajo requiere análisis, conocimiento y paciencia para poner en su lugar las piezas del acertijo. Le intriga también la literatura, aunque asegura que ninguna novela es más interesante que la realidad política.