No pasaron muchas horas para que Beatriz Paredes, jefa nacional del PRI, mostrara enojo, incomodidad por la severidad impresa en la voz popular.

Y es que el llamado de Alejandro Martí a representantes populares y gobernantes cayó como agua helada a buena parte de la clase política —cuando en el Consejo Nacional de Seguridad pidió que dejen sus cargos si no pueden con el paquete—, al grado de que Paredes intentó una advertencia sobre el riesgo de debilitar a las instituciones con llamados a que renuncien. No es el único caso. Hoy se sabe que buena parte de la clase política debió tragar sapos y serpientes ante el reclamo social que advertían en la sesión en que se firmaría el pacto que hoy todos conocen. En el extremo del enojo, los partidos no acudieron como tales, sino que en algunos casos estuvieron representados por gobernantes y legisladores.

¿Qué los partidos políticos no son parte fundamental del Estado mexicano? ¿Qué no sus dirigentes debieron estar presentes y escuchar el reclamo de quienes han asumido por la libre la representación ciudadana? ¿Por qué no acudieron? Por lo menos en el caso del PRI, por el profundo carácter autoritario y nada democrático de sus líderes; porque creen que los ciudadanos deben permanecer callados en torno a las decisiones equivocadas del Estado.

Pero existen casos aún más patéticos —sin tomar en cuenta voces también enojadas por el reclamo, como la del Jefe Diego Fernández de Cevallos—; y se localizan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Alguien sabía que el presidente de la Corte se negó originalmente a acudir al llamado a misa del pasado jueves? Sí, luego de que el ministro Ortiz Mayagoitia repartió culpas al Legislativo y al Ejecutivo en cuanto a la inseguridad, dijo que no acudiría a la firma del pacto, esgrimiendo la autonomía de la Corte. Finalmente acudió a regañadientes porque al angelito tampoco le gusta que le reclamen su responsabilidad en la corrupción del Poder Judicial.

En realidad el “si no pueden, renuncien”, les pareció a no pocos políticos, líderes partidistas, gobernantes, legisladores y ministros de la Corte —por no hablar de la clase política en pleno—, una afrenta, irreverencia, exceso. Es decir, ahora resulta que pedirles cuentas, reclamar que cumplan con su responsabilidad, es una suerte de agravio hacia esos siempre trabajadores, infalibles, incansables, acertados y geniales servidores públicos. Y eso que el llamado Pacto por la Seguridad no fue más que insuficiente y poco eficaz llamado a misa. ¿Por qué un llamado a misa?

Porque van los que quieren, se confiesan los que quieren, cumplen la penitencia los que quieren, y los que no quieren, no van a misa ni se confiesan ni nada. Y, claro, no pasa nada. En realidad es de risa que a lo largo de los 10 capítulos y 75 artículos del pacto por la seguridad se establecen plazos, fechas de cumplimiento y operación, pero ninguna sanción para quien no cumpla, haga mal la tarea, o considere dicho acuerdo un llamado a misa. Y aún así, se enojan los autoritarios de todos los partidos.

¿Cómo va a sancionar la sociedad, los ciudadanos, la llamada opinión pública a malos gobernantes y peores servidores públicos; a los que no cumplen con su responsabilidad, que se burlan de los ciudadanos? A través de la crítica social. Valdría la pena que Paredes, Beltrones, Fernández de Cevallos, Ortiz Mayagoitia y muchos otros líderes sociales, servidores públicos, gobernantes, legisladores y ministros de la Corte… le echaran una mirada a definiciones modernas sobre libertades básicas como la de expresión.

Dice el Tribunal Constitucional Español (sentencia 104/1986): “La libertad de expresión y el derecho a la información no sólo son derechos fundamentales de cada ciudadano, sino que significan el reconocimiento y garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político y que es un valor fundamental y un requisito de funcionamiento del Estado democrático”.

Ahora bien, ¿qué es la opinión pública? Dice Mateucci: “En la formación de la sociedad política los hombres debieron renunciar a favor del poder político al uso de la fuerza contra un ciudadano, pero conservan de hecho el poder de juzgar la virtud y el vicio, el bien y el mal del poder político. La ley de la opinión pública se coloca junto a la ley divina y la ley civil, y su sanción es la reprobación o el elogio por parte de la sociedad al poder político”.

Estemos o no de acuerdo con la retórica y el engaño en que pueda terminar la firma del pacto por la seguridad, lo cierto es que el único y más valioso recurso social contra los malos gobiernos es el de la crítica social. Y por eso pretenden callarla por todos los medios. No lo lograrán.

Apasionado del periodismo, así explica el autor su dedicación de más de 10 años a este espacio donde se afana en traducir, aclarar y revelar los entretelones de críptico ámbito que es la política. Su trabajo requiere análisis, conocimiento y paciencia para poner en su lugar las piezas del acertijo. Le intriga también la literatura, aunque asegura que ninguna novela es más interesante que la realidad política.