En términos generales, este acuerdo va en la línea de lo que se negoció hace muy pocos meses en el IMSS, y con la reforma a la Ley del ISSSTE del año pasado.

En todos los casos, se mantienen los derechos de los trabajadores en servicio, pero se modifican los que tendrán los nuevos trabajadores. La razón es también la misma en todos los casos: es absolutamente insostenible un contrato como el que tienen los sindicatos con el gobierno mexicano, en sus distintas funciones y formas.

Aunque hay muchos que insisten en que esto es falso, los números no mienten. Un trabajador al servicio del gobierno (sea en secretarías de Estado, en el Seguro Social o en otra paraestatal) no aporta prácticamente nada a su fondo de pensiones, de manera que debe ser su patrón, es decir el gobierno, quien financie por completo la jubilación del trabajador. Pero las jubilaciones en el gobierno son bastante mejores que las que tenemos los que trabajamos en el sector privado, más allá de que nosotros sí paguemos una parte de nuestras pensiones desde siempre.

También de manera general, un trabajador al servicio del Estado se puede jubilar más joven que alguien que trabaja en la iniciativa privada, y recibe una cantidad mensual superior. En casos extremos, hay jubilados menores de 50 años, pero típicamente un trabajador del Estado puede jubilarse a los 55 años, recibiendo una pensión mínima de dos salarios mínimos, y en el caso de las empresas energéticas, promediando más de 10 salarios mínimos.

Uno puede pensar que es poco dinero el que recibe un jubilado, pero ése es un problema diferente. Quienes nos jubilamos del sector privado tenemos una pensión de un salario mínimo, que es la mitad de lo que reciben los trabajadores del Estado. Y ellos lo harán por mucho más tiempo. Y lo grave es que, como esto no lo financiaron ellos, lo paga el gobierno, y tiene que hacerlo de nuestros impuestos, que precisamente pagamos los que trabajamos en la iniciativa privada.

En pocas palabras, el esquema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado es injusto, pero además, como le decía, es insostenible financieramente. Para pagarlo, tendremos que dedicar, en las próximas décadas, cosa de 4 billones de pesos, más de 50% del PIB actual de México. Y si no se corregían las cosas, muy pronto llegaríamos a una situación de quiebra virtual de este sistema de pensiones, lo que implicaría que algún gobierno futuro tendría que dejar de pagar las pensiones de sus trabajadores. Y como legalmente no hay mucho espacio, lo tendría que hacer vía inflación, con lo que de paso nos volvería a costar a los demás. Muy injusto.

Los acuerdos logrados en el Congreso el año pasado para modificar la Ley del ISSSTE y los que se alcanzaron con los sindicatos de organismos paraestatales son indispensables para que el problema de las pensiones quede acotado. No se reduce el costo que le mencionaba, de 4 billones de pesos, pero deja de crecer, y ya con eso nos podemos dar por bien servidos.

Como de costumbre, hay muchos que se quejan, porque en su forma de ver las cosas, los trabajadores al servicio del Estado se merecen eso y más. No sé si se lo merezcan, pero sin duda no merecen más que el resto de los trabajadores de México. Y si para pagarles a ellos, todos los demás debemos empobrecernos, pues permítame reiterar que eso no es justicia, bajo ninguna definición.

Pero quienes se acostumbraron a vivir del Estado por décadas no entienden razones, y muchos de ellos incluso quisieron ampararse en contra de la reforma del ISSSTE que no los afectaba en absoluto, sino que les convertía una jubilación muy dudosa en algo cierto, y además con aumento. No pudieron jamás comprender que su sistema de pensiones era impagable y que tarde o temprano desaparecería en una espiral inflacionaria. Afortunadamente, los líderes sindicales sí entendieron esto, y ya se logró ordenar un poco el asunto.

Esto de entrar a la modernidad hasta el inicio del siglo XXI nos está saliendo muy caro. Pero el pasado no se puede componer. Al menos, vayamos mejorando un poco el futuro.

Doctor en Administración, candidato a doctor en Historia. Es profesor en la división de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. Ha publicado 15 libros, el más reciente: "Cien años de Confusión. México en el siglo XX", con Taurus. Su columna consiste en análisis sencillos de fenómenos económicos y financieros.