En los últimos días he recibido diversos correos comentando mi columna de hace 15 días sobre crimen e incentivos, en general coincidiendo con mi opinión, aunque también planteando diversas preguntas y dudas, las cuales trataré de contestar en esta ocasión a raíz de la propuesta del Ejecutivo de instaurar la cadena perpetua en el caso del secuestro.

El análisis económico del crimen no es un tema nuevo y la idea original fue planteada de manera formal por el premio Nobel Gary Becker en 1968 en un modelo que enfatiza el aspecto disuasivo como factor central para afectar la decisión de un individuo para cometer un crimen. A partir de entonces se ha desarrollado una amplia literatura que ha ampliado y enriquecido el marco teórico para el análisis.

La idea básica es que los individuos, en su proceso de toma de decisiones, realizan un análisis de costo-beneficio de su acción y actúan en función de un conjunto de incentivos. Si la acción reditúa un beneficio mayor que el costo asociado, entonces vale la pena realizarla. Hay que notar que este costo no ocurre necesariamente, sino que sólo tiene una probabilidad de ocurrencia. En consecuencia, una implicación del modelo original es que para reducir la incidencia del crimen habría que aumentar su costo con medidas de política disuasivas. Esto incluye aumentar las tasas de arresto o encarcelamiento; aumentar la actividad policial (en número y calidad) o aumentar las penas.

La propuesta del Presidente de instaurar la cadena perpetua en secuestros se inscribe en esta recomendación de política.

Por desgracia, la literatura empírica sobre el tema no arroja resultados contundentes de que este factor realmente explique variaciones en la incidencia criminal o haya sido útil en distintos países. Esto puede explicarse por distintas razones, desde la mala calidad de la información y datos en algunos casos, hasta la posibilidad de que muchos criminales consideren que su vida en prisión no es mucho peor que afuera, o que consideren que el ser prisionero tiene un bajo impacto en sus vidas futuras (técnicamente se considera que estos individuos tienen altas tasas de descuento o preferencias miopes por lo que esta amenaza tienen un peso relativamente pequeño). Es importante enfatizar que lo anterior no implica que aumentar la pena sea inútil. Pero sí podría pensarse que como una acción aislada no genera los resultados esperados.

Como señalaba antes, el análisis se ha enriquecido y existen muchos planteamientos adicionales que ayudan a entender mejor este tema. Por ejemplo, se puede agregar el marco institucional propuesto por otro premio Nobel (D. North).

Este marco institucional de una sociedad, entendido en el sentido más amplio como instituciones formales e informales (incluyendo las normas de conducta), es el que define las reglas del juego mediante las cuales interactúan los individuos en sus relaciones diarias (económicas, personales, sociales, políticas, etc.) al afectar sus incentivos y las valoraciones costo-beneficio de sus acciones. Por ejemplo, de poca utilidad será aumentar la pena al criminal si éste considera que la probabilidad de ser capturado es baja o si aún dentro de la cárcel puede continuar con sus actividades o si su estancia será corta. Es decir, no sólo basta cambiar el marco legal, sino aumentar la credibilidad en su aplicación, entre otras cosas.

En otras palabras, es necesario cambiar el marco institucional en el que el individuo toma sus decisiones. Pero el problema es más complejo si consideramos que este marco institucional no sólo afecta las acciones actuales, sino también las futuras. Dicho de otra forma, muchas de las acciones actuales están explicadas en parte por el marco institucional existente en el pasado y que condujo a una estructura de incentivos particular.

Cuando en mi columna anterior señalaba que la situación económica, política y social de la década de los 80, en la cual crecieron muchos de los actuales criminales adultos, explicaba en parte su comportamiento, me refería precisamente a esta situación. En consecuencia, modificar ciertas normas de conducta (y en general instituciones) requiere de tiempo y el aumentar sólo la pena no será suficiente.

En este contexto, existen diversas hipótesis interesantes a explorar sobre la explicación de esta criminalidad que pueden conducir a implicaciones de política con mayor utilidad para resolver el problema con un horizonte temporal mayor, y que podría abordar en otra ocasión.

Por lo pronto, independientemente de su efecto mediático, la propuesta del Ejecutivo puede contribuir a atacar el problema, pero probablemente con resultados muy limitados.

Doctor en Economía por la Universidad de Washington. Especialista en macroeconomía, política monetaria y fiscal, ahorro y pensiones. Profesor investigador de la División de Economía del CIDE, de la cual fue su director del 2000 al 2003. Ha sido consultor y asesor del gobierno mexicano, organismos privados y organismos internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.