Tienen razón los jefes reales del PRI, Beatriz Paredes y Manlio Fabio Beltrones, cuando simultáneamente acusan al presidente Calderón de “lavarse las manos” y “fallar” en el combate al narco. El fracaso está a la vista de todos.

Más aún, si por el escándalo New’s Divine el reclamo colectivo al fracaso de la seguridad pública en el DF fue cesar al titular de la SSP, Joel Ortega, y al procurador Rodolfo Félix, ante el fracaso federal debemos reclamar la salida de Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora, jefes civiles del gabinete de seguridad federal que han fracasado en su desempeño.

Y si existen dudas del fracaso, pregunten a habitantes y gobernantes de Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Michoacán, Sonora, Tamaulipas… Lo que empezó como una aceptada estrategia de operativos militares y policiacos en las regiones con influencia del crimen organizado —para recuperar presencia territorial— terminó en fracaso estruendoso, pero no sólo del gobierno federal, sino de los tres órdenes y de los tres poderes de la Unión.

Y en tanto jefe del Estado y del gobierno, Calderón es el responsable número uno del fracaso en la seguridad pública, la lucha contra el crimen, el narco, el secuestro y todas las variables de la delincuencia. Pero si Calderón es el titular del Ejecutivo, tienen igual responsabilidad en esta crisis los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Ya el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se aventó la puntada de responsabilizar de la criminalidad a Ejecutivo y Legislativo. El líder de la bancada del PRI en el Senado y jefe real del partido acusó al gobierno de las “fallas” en esa materia, en tanto que atacado por oportunismo y populismo el Presidente respondió a la crisis proponiendo cadena perpetua a secuestradores. Y la cereza del pastel, de la manera irresponsable de ver y atender el problema, López Obrador salió con su chabacanería del día: “Es más peligrosa la mafia política que la delincuencia organizada”. Chulada de gobernantes, políticos, líderes, legisladores y juzgadores.

Pero la mejor muestra de que todos han fracasado y que a todos les vale madre la indignación social por la inseguridad es la guerra declarativa emprendida por todos. La espoleta que detonó la crisis de inseguridad fue el crimen del joven Fernando Martí. Esa situación desató un potente “¡Ya basta!” de la opinión pública que exhibió a gobiernos, políticos y partidos de todos los signos. En su primera reacción todos tropezaron e hicieron el ridículo.

Al final, y en apego institucional, Calderón convocó al Consejo Nacional de Seguridad Pública y anunció la firma de un Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad. ¿Qué van a acordar? Ninguno de los mortales lo sabe, a pesar de que los ciudadanos son origen y destino del Estado. Lo que sí sabemos es que ya empezó la guerra por el control político de la nueva estructura de poder y seguridad a construir a partir de la reforma que da carácter de ley federal al Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿De qué hablamos?

De que hoy vence el plazo para que el Presidente designe al secretario técnico del CNSP, máxima instancia del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre sus facultades destacan regular y evaluar la selección, formación, ingreso y certificación de policías de todo el país, y crear las bases de datos de criminales y policías.

El decreto que valida la reforma constitucional lo firmó Calderón el 18 de junio. El artículo 19 transitorio dice: “Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, se creará una instancia de coordinación integrada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de las conferencias de seguridad pública, procuración de justicia y de presidentes de tribunales, la cual contará con una secretaría técnica que coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y federales, cuando así lo soliciten”. ¿Qué quiere decir?

Que todos quieren para sí al “secretario técnico” del CNSP, porque esa será una suerte de IFE de la seguridad pública. ¿Y por qué guerrean Paredes y Manlio contra Calderón? Porque quieren ese cargo para alguno de los suyos, de entre César Camacho y Emilio Rabasa. ¿Por qué Ebrard dice sí, luego no, luego quién sabe? Porque junto con su amiga Elba Esther quiere el cargo para su amigo Roberto Campa Cifrián, actual secretario ejecutivo del SNSP.

El procurador Medina Mora empuja, a su vez, a Gerardo Lavega (director del Inacipe), en tanto que el Presidente propone al doctor Moisés Moreno, hombre de todas sus confianzas. Esa es la disputa, por esos gritos y sombrerazos. Y claro, nadie descarta la caída de cabezas.

Apasionado del periodismo, así explica el autor su dedicación de más de 10 años a este espacio donde se afana en traducir, aclarar y revelar los entretelones de críptico ámbito que es la política. Su trabajo requiere análisis, conocimiento y paciencia para poner en su lugar las piezas del acertijo. Le intriga también la literatura, aunque asegura que ninguna novela es más interesante que la realidad política.