¿Usted confiaría en Ulises Ruiz (Oaxaca), Mario Marín (Puebla), Emilio González Márquez (Jalisco), Fidel Herrera (Veracruz) o Humberto Moreira (Coahuila)? Peor aún, ¿confiaría en las policías judiciales de esos gobernadores? Yo tampoco.

Pues eso es lo que acaba de proponer Marcelo Ebrard para terminar con la inseguridad en el país. El jefe de Gobierno del DF ha planteado que sean los gobernadores (la Conago) quienes convoquen a una cumbre nacional que defina el plan para combatir al crimen organizado.

Entre otros puntos, Ebrard propone que las procuradurías locales puedan consultar las bases de información policiaca federal, así como la existencia de un “área de inteligencia financiera a la que tengan acceso las autoridades locales, con el propósito de afectar el patrimonio y las utilidades de la delincuencia organizada”.

¿Y quién va a definir qué es un delincuente? ¿El gobernador que quiere dar un coscorrón a una periodista incómoda? Me pregunto cuánto tiempo pasaría antes de que judiciales estatales y por consiguiente personajes como Kamel Nacif o capos de los cárteles tengan acceso puntual a información bancaria y patrimonial de sus rivales o de los ciudadanos.

No hay estamento de la clase política mexicana que goce de mayor impunidad que los gobernadores. Carecen de mecanismos de contrapeso gracias al poder que ejercen sobre el Congreso estatal, el Poder Judicial local y los institutos electorales y de Derechos Humanos estatales que operan como una extensión del Ejecutivo. No es de extrañar que cada semana la opinión pública se entere de alguna nueva ocurrencia o infamia del siguiente góber piadoso, precioso o bailador.

Analistas como Juan Pardiñas y Rogelio Hernández, entre otros, han analizado la manera en que la federalización ha propiciado un grave retroceso en el manejo de los dineros públicos. El problema central reside en que los recursos económicos se han entregado a los gobernadores de manera indiferenciada entre estados eficientes e ineficientes, sin exigir mecanismos de rendición de cuentas. Con respecto a los 6 mil millones de pesos de excedentes petroleros que recibirá en 2008 el gobierno de Puebla, por ejemplo, Marín introdujo una cláusula de discrecionalidad que le permite operar sin etiquetas ni lineamientos (acusación de la diputada local panista Leonor Popócatl).

Está condenado al fracaso un sistema de seguridad nacional que convierta a los gobiernos estatales en la base del combate al crimen. En el mejor de los casos, constituiría una fuga de recursos; en el peor, equivaldría a echar gasolina al fuego.

La opinión pública le exige a Ebrard hacer a un lado las diferencias con Calderón y colaborar en el combate al crimen. Para no traicionar a López Obrador, Marcelo quiere hacerlo en terreno propio, el de los gobernadores, y no en una reunión convocada por el Presidente. Pero el país no puede subordinarse a estos melindres.

Por lo general, suelo diferir de las políticas emanadas del gabinete calderonista, pero estoy convencido de que el tema de la inseguridad obliga a decisiones estructurales que van más allá de quien sea el ocupante de Los Pinos.

Lo que necesitamos es una policía única en el país, sujeta a una batería de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que aseguren su eficacia y profesionalismo. Ninguno de estos dos requisitos pasan por la Conago. Debemos encontrar contrapesos a la impunidad absoluta de la que gozan los gobernadores. Ellos son parte del problema, no la solución, y no es dándoles mayor poder policiaco como habremos de lograrla.

Economista, sociólogo y columnista político. Fundó la revista Día Siete, distribuida por EL UNIVERSAL, entre otros medios. En Guadalajara, fundó y dirigió los diarios Siglo 21 (1991-1997) y Público (1997-1999). Obtuvo el premio periodístico María Moors Cabot en 1999, otorgado por la Graduate School of Journalism de la Universidad de Columbia. Fue subdirector editorial de EL UNIVERSAL en 2000.