Mientras todo indica que el crimen organizado cuenta con una estrategia para terminar de someter a su control a todo el sistema político, políticos y gobernantes sólo parecen tener a su alcance una batería de respuestas de marketing político.

No importa si escapó al cálculo de los secuestradores de Fernando Martí que su asesinato detonaría la actual indignación generalizada y el despertar de la movilización social. O si las bandas criminales enclavadas en las policías se propusieron provocar deliberadamente esta convulsión colectiva.

Estemos o no frente a una explícita agenda política del crimen, lo cierto es que el curso que llevan los acontecimientos apunta con bastante precisión a fortalecer el poder del crimen frente a los poderes institucionales.

En una sociedad en paz, con un Estado que cumple sus cometidos esenciales, los delincuentes y sus redes aspiran a mantener sus actividades en la menor visibilidad. Lo suyo está en las sombras. Pero en el México de hoy las bandas de narcotraficantes y de secuestradores parecen estar buscando lo contrario: una permanente, desafiante visibilidad pública.

Esta desafiante visibilidad es la que parecería obedecer a una estrategia al servicio de una agenda criminal que ha logrado ya hacer patente la capacidad de los criminales de infiltrar y poner a su servicio vastas proporciones de instituciones policiales, recursos institucionales, procuradurías y tribunales.

Por una forma de estado fallido

Un siguiente paso estaría ahora en curso con la generación de una extendida percepción de incapacidad del Estado para responder a ese desafío, al lado de una creciente desconfianza de los particulares en las autoridades.

Y no parece difícil adivinar el siguiente paso: enfrentar a la sociedad con las autoridades —todas— una vez que se ha logrado que éstas sean mayoritariamente percibidas como ineficaces o francamente coludidas con el crimen.

Se trata de exhibir una forma de Estado fallido, minado por las estructuras de un poder criminal que mantiene intervenida la acción de las autoridades. Y se trataría también de comprobar, como consecuencia de lo anterior, que ese poder criminal es el que manda en los hechos sobre todos los dichos de los gobernantes y los políticos de este Estado fallido.

Pero al clamor popular contra la contundencia de esta estrategia criminal, gobernantes y políticos sólo han acertado a responder con una competencia cerrada de mensajes de marketing político, vacíos de respuestas sustantivas. Y allí están las iniciativas presidenciales que si pasan no darán en el blanco del desafío criminal; un cambio de nombre a la Policía Judicial del DF, con el mismo personal ahora en entredicho por su participación en el sacrificio del joven Martí; la colección de propuestas de pactos entre los poderes con contenidos meramente discursivos, y otras formas de reacción inmediata ante los medios, pero que no tocan a un enemigo real que sigue atacando desde verdaderos o falsos retenes policiales.

Otra vía al Estado fallido

Entre los méritos de la movilización social convocada para el próximo sábado 30 está el de no confrontar a la sociedad con el gobierno, como lo plantea la estrategia criminal, sino exigirle al gobierno que cumpla sus funciones elementales frente al crimen. Y entre los aciertos del gobierno federal está el de no confrontar la movilización social, sino compartir sus preocupaciones y propósitos.

El jefe de Gobierno del DF tiene en cambio no sólo el problema de que fue sacrificado por policías locales el joven Martí, símbolo detonante de la próxima marcha para exigir que el gobierno funcione. Además, Marcelo Ebrard se verá obligado a inflar con los recursos del gobierno local el mitin convocado por AMLO para exigir que el Estado no funcione, que los legisladores no acuerden ni legislen en materia petrolera, la otra vía en curso al Estado fallido.

José Carreño Carlón: Premio Nacional de Periodismo por artículo de fondo, director de la oficina presidencial de comunicación, son algunos datos de una trayectoria de décadas en la comunicación pública.

Profesor de derecho de la información de la UNAM y coordinador de periodismo de la Universidad Iberoamericana, realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Nacional y los de pos-grado en Leiden (Países Bajos) y Navarra (España)