La seguridad pública no es sólo una cuestión neurálgica, sino el hilo más delgado de la gobernabilidad. La mancha delincuencial avanza y cada día crece en la colectividad la sensación de vulnerabilidad y miedo. El verdadero toque de queda ya fue impuesto, pero no por la autoridad —que ha perdido el monopolio de la violencia legítima—, sino por la delincuencia.

La brutalidad que ha adoptado el crimen organizado en los últimos años intimida. Las largas horas de barbarie que se vivieron en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, el 23 de noviembre de 2004, durante el linchamiento de tres agentes de la PFP, fueron registradas por unidades móviles de la televisión que llegaron oportunamente a la escena del crimen; el mismo sitio a donde no pudo llegar, por el anquilosamiento de las estructuras de seguridad pública y la indecisión de los mandos, el Grupo de Reacción Inmediata del GDF.

Familias enteras asesinadas, cuerpos mutilados, niños secuestrados y asesinados… exhiben la bestialidad de la delincuencia y, a un tiempo, la inoperancia de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de la sociedad, el patrimonio de los ciudadanos, el derecho a la vida y a la tranquilidad.

Y todo esto, en medio de una gran paradoja: en los últimos años se ha duplicado la fuerza policial, se han multiplicado los recursos públicos destinados a esta materia —en detrimento de otras prioridades como educación, salud, infraestructura— y se han endurecido las penas, pero más de 95% de los delitos que se cometen en el país permanecen impunes y en la mayoría de las bandas criminales participan policías en activo y retirados. Las cifras de la infamia desmienten el argumento de que hacen falta más y más recursos: ¿para qué? ¿Para entregarles mejor armamento, patrullas, tecnología, a los mismos policías corruptos?

A la administración Fox se le ocurrió mostrar su preocupación por el tema creando una Secretaría de Seguridad Pública. Caso único en el mundo, la nueva estructura burocrática y la desconcentración jerárquica acentuó el desmantelamiento de la Secretaría de Gobernación, responsable de conducir la política interior. Eso explica, en buena medida, que hoy experimentemos la guerra de culpas entre la SSP y la Procuraduría General de la República por los malos resultados.

¿En qué se invierten los cuantiosos recursos de los contribuyentes? No en la depuración de los cuerpos policiales, ciertamente, ni en la aplicación de exámenes de control de confianza a “mandos” que luego aparecen dirigiendo bandas de secuestradores. Mucho menos en la preparación de cuadros de alto nivel para labores de inteligencia e investigación bien pertrechados con tecnología de punta. Pero tampoco en la capacitación en el uso del armamento y prácticas de tiro: en cada enfrentamiento con sicarios se disparan cientos de balas, pero al final quedan tendidos los cuerpos de policías y soldados, mientras los delincuentes evaden los cercos y salen ilesos de la refriega.

Ante las cifras del terror y las muestras de incompetencia, la sociedad se enfrenta inerme a la demagogia y la impunidad oficiales. Porque ahora se sabe, sin sombra de duda, que los gobiernos de cualquier partido —PAN, PRI, PRD— se comportan igual: simulan para no cumplir con su responsabilidad. La corrupción, mal endémico en el país, muestra hoy sus efectos depredadores. Si durante mucho tiempo una cultura cínica justificó la corrupción como una forma de “humanizar” las relaciones entre la incivilidad ciudadana y los abusos de la autoridad, hoy es evidente que condujo a una descomposición tal que amenaza los fundamentos del Estado.

Mientras tanto, las autoridades siguen dando “palos de ciego” y anunciando medidas que, está probado, no darán resultados. ¿Hasta cuándo?

Alfonso Zárate Flores, director general de Grupo Consultor Interdisciplinario, S.C. (GCI), es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Sociología Política por The London School of Economics and Political Science.

En el sector público fue, entre otros cargos, director general de Análisis Político en la Presidencia de la República, asesor del secretario de Relaciones Exteriores, asesor del subsecretario de Gobernación y en el ámbito académico fue director de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos (IMRED) y la Universidad Iberoamericana (UIA).

Es autor y coautor de numerosos ensayos y artículos y de varios libros, entre ellos, Los usos del poder, Fin de siglo, fin de ciclo y Fox: los días perdidos.