Se apela a negociar la ley antes que cumplirla, a pactar la esencia del Estado

Ahora resulta que menudean las voces que ante la crisis del Estado mexicano por la inseguridad —lo que ya plantea una severa crisis de gobernabilidad— llaman a hacer un pacto, un acuerdo y hasta un frente común.

Puede sonar bien a los oídos de muchos, porque en democracia son fundamentales la negociación, el acuerdo y el diálogo. De eso no hay duda. Pero proponer un pacto, un acuerdo, una negociación y hasta un frente común entre las instituciones del Estado —partidos, políticos, legisladores y gobernantes— para combatir la inseguridad, las bandas criminales y la depauperación cívica no sólo supone reconocer la demolición del Estado, sino la inexistencia misma del gobierno. ¿Por qué?

Porque en democracia la responsabilidad de las instituciones y de sus operadores no se pacta, no se negocia, no se acuerda; en democracia las responsabilidades institucionales se cumplen precisamente para que siga operando la democracia o, en el otro extremo, se incumplen y entonces se avanza rumbo al golpe de Estado. Pactar, negociar y acordar la respuesta del Estado contra el crimen organizado y sus brazos golpistas —narcotráfico y secuestro— supone la fiesta de la negociación de la ley, la componenda para repartir el botín, cuando la responsabilidad institucional es garantizar por todos los medios la seguridad de la vida de las personas y sus bienes.

Y la negociación política de la ley, del deber y la responsabilidad de las instituciones —sumados a la impunidad, complicidad y corrupción que impera en los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión— son la sustancia del caldo de cultivo en el que germinan los flagelos del crimen organizado, que tienen secuestrado al Estado y al borde de una de las más severas crisis de gobernabilidad. ¿Por qué es cuestionable que antes de llamar a que las instituciones cumplan su responsabilidad se convoque a pactar, negociar y acordar el cumplimiento y respeto de la ley?

Pues justo por eso, porque las instituciones, los partidos y los centros de poder que hacen ese llamado asumen el mismo papel que los poderes fácticos del crimen organizado. En los dos casos, se apela a negociar la ley antes que cumplirla, a pactar políticamente no sólo la esencia y la razón de ser del Estado, sino su supervivencia misma. Pero en el fondo, no es ninguna novedad que buena parte de los políticos y personajes derrotados electoralmente por Calderón en 2006 —Manuel Camacho, Porfirio Muñoz Ledo, buena parte de la claque de AMLO y hasta derechofóbicos como Manuel Bartlet— hoy le sigan apostando a la caída de ese gobierno, con la zanahoria del pacto, el acuerdo y la transacción de lo que debe ser el deber cumplido en materia de seguridad pública.

¿Cómo se atreven hoy a proponer un pacto para que las instituciones del Estado cumplan sus funciones, su deber, su responsabilidad contra el crimen organizado y a favor de la seguridad pública, cuando buena parte de los que proponen un pacto se empeñaron en destruir al gobierno y al Estado mismo, en una vía paralela a la que emplearon los criminales organizados?

¿Qué no mandaron al diablo a las instituciones, mientras que el crimen combatía a esas mismas instituciones para apoderarse de los rentables territorios del país? ¿Qué no secuestraron la avenida más importante del corazón del país, el corredor Reforma-Zócalo, para crear una crisis institucional en tanto que se disparaban índices de secuestros y asesinatos que han llevado a una peligrosa crisis de gobernabilidad?

¿Qué no secuestraron al Congreso para imponer sus criterios ilegales, inmorales, nada democráticos, para someter al Estado, debilitar al gobierno y reventar a la administración de Calderón, en tanto que los ciudadanos de todos los niveles sociales eran y son víctimas de secuestros, robos, asaltos, asesinatos accidentales, peleas entre bandas criminales?

Sin duda que se requiere del ejercicio de la política: diálogo, acuerdo y negociación; pero para mejorar las reglas del juego, no para negociar la ley, las responsabilidades institucionales y menos para el sometimiento entre poderes. Lo que deben a los ciudadanos es responsabilidad, ética, respeto a la ley. Lo demás es grilla.

EN EL CAMINO

La oficina donde se elabora el Itinerario Político fue asaltada entre el sábado 9 y el domingo 10. Buscaban algo, voltearon todo de cabeza. Se llevaron poco. Si se trató de un mensaje, no nos amedrentan y tampoco anulan libertades básicas como la de expresión, y menos menguan la fortaleza para seguir, a pesar del mensaje de vulnerabilidad e impunidad que dejan. Como cualquier mortal, se denunció ante la PGJDF, cuya simpática burocracia nos hizo entender el porqué de la impunidad. Y luego se llenan la boca al proponer pactos, frentes, y de confianza perdida.

Apasionado del periodismo, así explica el autor su dedicación de más de 10 años a este espacio donde se afana en traducir, aclarar y revelar los entretelones de críptico ámbito que es la política. Su trabajo requiere análisis, conocimiento y paciencia para poner en su lugar las piezas del acertijo. Le intriga también la literatura, aunque asegura que ninguna novela es más interesante que la realidad política.