He recibido extensos, emotivos y muy explícitos mensajes a raíz de mi columna del viernes pasado sobre la pena de muerte y los casos de Fernando Martí y del asesino mexicano Medellín.Una amable lectora me cuenta que durante unos años dio clases de literatura a los presos de Santa Martha Acatitla, y afirma: “Esos años me autorizan moralmente a reiterar que creo totalmente en la pena de muerte (...) Estoy harta de escuchar las explicaciones bizantinas de los defensores de los derechos humanos que sólo se abocan a tutelar los de los criminales (...) de entes que no merecen el calificativo de humanos y menos aún de animales (...) Para ellos no hay rehabilitación posible, sólo la destrucción de su malignidad ...”. Otro lector comenta: “Uno de mis tíos fue capitán y cuando tomaron la plaza de San Juan de los Lagos, en Jalisco, él, conociendo la soldadesca y estando a cargo de la misma, decretó la pena de muerte para los ladrones y ¿viera usted que se acabaron los ladrones mientras él estuvo al mando de dicha plaza?”. Alguien más me dice que “la Secretaría de Relaciones Exteriores se la pasa —como siempre— defendiendo a criminales, gastando en los tribunales internacionales para impedir la pena de muerte de Medellín (...) siento desprecio por la gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores...”. Finalmente, un padre de familia cree que para evitar las injusticias se debe aplicar la “ley fuga” a los asesinos, violadores y secuestradores que sean atrapados en flagrancia. Cuando releo mi texto del viernes pasado, no encuentro en él una sola frase de simpatía para el asesino ejecutado en Texas, ni tampoco entro a discutir el valor ético o moral de la pena de muerte. Simplemente abordé tres temas que me parecen fundamentales en este debate: 1.— La protección de los mexicanos en el exterior: la SRE está obligada a procurar la defensa de los intereses y derechos de nuestros paisanos, sea cual fuere su situación migratoria, jurídica o personal. Para quienes tanto se irritan porque el gobierno de México se ocupe de los millones de mexicanos en el exterior, unas preguntas: ¿Puede o debe acaso nuestro país permitir que se le nieguen derechos elementales a un connacional? ¿Que no son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, conforme a la ley? Y, por último, ¿que no incluso en EU la policía está obligada a leerle sus derechos a un criminal y, si no lo hace, tiene a veces que dejarlo en libertad? 2.— La pena de muerte, más allá de su moralidad o inmoralidad, no ha demostrado su eficacia en la prevención o la disminución de los delitos graves, por el contrario. Las estadísticas acerca de la ineficacia de la pena de muerte y los altos niveles de error en su aplicación no dejan lugar a dudas de que, con frecuencia, inocentes son condenados a muerte. Y, por si eso no bastara, un vistazo a la lista de los países que la aplican sería suficiente como para pensarlo dos veces: además de EU, Afganistán, Bangladesh, Cuba, Nigeria, Somalia, Sudán, Zimbabue... no es así, que digamos, un cuadro de honor. 3.— Entendiendo y compartiendo la indignación por la inseguridad y la impunidad que privan en nuestro país, estoy convencido de que no es con penas más severas sino con una mejor aplicación de las leyes existentes que se puede combatir el problema. Mientras le tengamos igual o mayor miedo a la policía que a los delincuentes, mientras no podamos confiar en que el Ministerio Público y los jueces hagan su trabajo como es debido, mientras se sigan inventando culpables y castigando inocentes, el estado de derecho en nuestro país seguirá siendo un sueño guajiro. Mejor veamos qué es lo que hacen países modernos y civilizados y aprendamos de ellos, no de la barbarie de otros. |