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La sociedad mexicana se enfrenta nuevamente a la discusión acerca de la conveniencia o no de utilizar la pena de muerte como un elemento en la lucha contra la criminalidad y la inseguridad. Como es frecuente siempre hay detonadores para este debate, y en esta ocasión se trata por un lado del aberrante crimen que le quitó la vida al joven Fernando Martí y por el otro de la ejecución de un ciudadano mexicano en el estado de Texas, condenado por un delito igualmente repugnante. El caso del mexicano ejecutado ha llamado la atención alrededor del mundo no solo por la brutalidad de sus actos sino también y principalmente por el hecho de que se dio en franco desacato a una orden de la Corte Internacional de Justicia y a los principios de la Convención de Viena, que buscan asegurarle a los extranjeros en cualquier país el acceso a sus representantes consulares para recibir de ellos asesoría y protección. El gobierno mexicano emprendió una activa defensa de varias decenas de mexicanos condenados a muerte en EU que no fueron informados oportunamente de su derecho a contactar al respectivo consulado de México y que por lo tanto fueron sujetos a procesos judiciales que estaban viciados de origen. No ha faltado quien se extrañe por la actitud del gobierno mexicano de defender a sus connacionales condenados a muerte, pero el asunto tiene que ver con la frecuente practica de negarle a los acusados el debido proceso, que se acentúa cuando se trata de extranjeros y aun más de indocumentados. Millones de mexicanos se encuentran en distintas condiciones en el extranjero y todos deben tener acceso adecuado a las protecciones del derecho internacional. Documentados o no, turistas, viajeros de negocios, jornaleros, todos los que viajamos al extranjero somos vulnerables si no se hace valer ese derecho. En el trágico caso del joven Martí, algunos políticos y comentaristas han exigido la reimplantación de la pena de muerte para castigar a los secuestradores que maten a sus víctimas, propuesta que parece contar —según algunas encuestas— con un amplio respaldo en la opinión publica y que responde obviamente al dolor y la indignación social pero que no se mete al tema de fondo, el de la muy deficiente impartición de justicia y la impunidad que nos asolan. Los países que todavía aplican la pena de muerte son cada vez menos. China, Irán, Indonesia, Arabia Saudita y Paquistán, entre otros, acompañan en esta práctica a EU, la aplican con arbitrariedad y es una pena para la que no hay marcha atrás: si el ejecutado resultara inocente, no hay manera de reparar el daño. ¿Cree usted, apreciado lector, que eso no sucede? Veamos algunos datos que nos regala Amnistía Internacional: El 95% de los condenados a muerte en EU no pueden pagarse su propio abogado. Hay numerosos casos documentados de negligencia o incapacidad de los defensores de oficio que les son asignados. No hay argumentos para creer que la pena de muerte evite o disminuya los crímenes graves, y en cambio sí para demostrar su alto margen de error Imaginemos por un momento la pena de muerte en México. Imaginemos que las condenas fueran aplicadas tras un típico proceso en nuestro país, con policías corruptos e ineficientes realizando la investigación, jueces agobiados, fiscales decididos a lograr la condena. Y luego de eso, preguntémonos si acaso el problema ésta en el castigo o en la manera en que se aplica (o mejor dicho NO se aplica) la ley. | 
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