La convicción común de que debe cambiar la política petrolera cobró ya calado al interior de los tres principales partidos. Pero problemas nuevos, como la presión de los gobernadores, complicarán el proceso. En los próximos días se verá que fue prematuro echar las campanas a vuelo con la idea de que la corriente negociadora del Partido de la Revolución Democrática, que encabezan Los Chuchos, había logrado torcer la mano a Andrés Manuel López Obrador para sentarlo a la mesa de negociaciones sobre la reforma petrolera. El propio presidente interino del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, un convencido “chuchista”, adelantó la fecha del 15 de agosto para que el perredismo presente sus propias iniciativas de reforma, pero hasta ayer había una pugna que quizá sea resuelta con la decisión de sólo llevar ante el Congreso de la Unión un pronunciamiento político, que no represente compromiso alguno del sol azteca para sentarse a la mesa, salvo si se le garantiza de antemano que prosperarán algunas de sus objeciones centrales a las propuestas de PAN y PRI. Según transcurran los días, deberemos acostumbrarnos a hablar no de la iniciativa de cada partido, en singular, sino de “las iniciativas”, pues debe distinguirse el alcance de las seis o siete propuestas de reforma de ley que tanto el gobierno como el priísmo pretenden echar adelante. Cada una tiene sus implicaciones, cada una sus riesgos y ventajas. Será difícil, por ejemplo, que veamos resucitar la idea de que particulares construyan y administren refinerías u oleoductos. Pero es viable imaginar una coincidencia tripartidista en favor de que se modifique la ley orgánica de Pemex y la ley de presupuesto federal, para otorgar mayores recursos y autonomía financiera a la mal llamada “paraestatal”. En realidad, Pemex es operada como una dependencia directa de la Secretaría de Hacienda, ámbito en el que el PAN y el gobierno enfrentarán problemas si se buscan cambios de fondo. Así, el verdadero debate apenas se acerca. En el PRD el tema del petróleo los unió, pero ahora agudizará sus fracturas internas. Sin embargo, ni Acción Nacional ni el Institucional pueden decir que tienen bajo control sus propias huestes. En ambos frentes se sabe ya que la discusión sobre el petróleo se contaminará a partir de septiembre, con los reclamos de los gobernadores por más recursos, especialmente en un momento con creciente inflación y recortes disfrazados por parte de la administración Calderón. Ni panistas ni priístas pueden dar por hecho un voto de consenso en sus respectivas bancadas, donde hay malestar por la forma cupular en que los directivos están manejando las negociaciones. Ante ello, es recomendable dejar espacio para las sorpresas. Ya lo verá usted. Apuntes URGE TRANSPARENCIA sobre la ruta del dinero en las estrategias emprendidas por las partes enfrentadas en el tema de la reforma petrolera. El gobierno de la ciudad de México, que encabeza Marcelo Ebrard, calculó en poco más de 40 millones de pesos las erogaciones por las consultas del domingo 27, pero falta detallar lo que costaron las campañas de publicidad, movilizaciones y otros rubros. Donde tampoco se aclaran cifras es en el gobierno federal. Sólo la malograda etapa de spots sobre el “tesorito enterrado” habría representado pagos por 500 millones de pesos. Y en la oscuridad también se hallan los honorarios de las agencias consultoras que pese a sus fallidos resultados, siguen acumulando jugosos contratos otorgados por el panismo, desde la época del “águila mocha” de Fox, ¿se acuerda usted? LA MUERTE del joven hijo de la familia Martí, a manos de un grupo de secuestradores, funciona ya como una bomba de profundidad sobre la estrategia del gobierno de Calderón en materia de seguridad pública. Las cosas vienen de mal en peor, y muestra de ello son las renuncias en la Procuraduría General de la República, que conduce Eduardo Medina Mora. La más vistosa de ellas, la de José Luis Santiago Vasconcelos, quien era descrito como el hombre que más sabía sobre crimen organizado en el país. | 
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