Y la otra disposición importante del proyecto —un programa especial de crédito para contener los embargos— ayudará a algunas familias que pasan por graves apuros. Es mucho mejor contar con esta legislación que no hacerlo. Pero espero que nadie piense que el Congreso ha hecho todo, o siquiera una buena parte, de lo que se necesita hacer. Esta legislación es el más reciente de una serie de remedios temporales para el sistema financiero —intentos de arreglar las cosas con cordoncitos y cinta adhesiva— que han logrado impedir el colapso total, al menos hasta el momento. Pero estos remedios no han hecho nada para resolver las fallas básicas del sistema. De hecho, sientan el escenario para desastres aun mayores en el futuro, a menos que sean seguidos de reformas fundamentales. Antes de centrarme en eso, dejemos en claro una cosa: incluso si esta legislación logra sus objetivos —prevenir una contracción de crédito severa y evitar que algunos dueños de vivienda sean embargados—, no cambiará el hecho de que la doble burbuja de esta década, en los precios de las casas y en los préstamos sin control, ha sido un desastre para millones de estadounidenses. Después de todo, la nueva ley, en el mejor de los casos, sólo permitirá disminuir un poco la tasa de embargos. Y no beneficia en absoluto a aquellos que no corren el peligro de perder su casa pero sí están perdiendo buena parte, si no es que todo su patrimonio, golpe que resulta especialmente demoledor para los estadounidenses que se acercan a su jubilación o que pensaban eso antes de darse cuenta de que no pueden darse el lujo de dejar de trabajar. Es demasiado tarde para evitar ese sufrimiento. Pero sí podemos intentar garantizar que no enfrentemos más y peores crisis en el futuro. El telón de fondo de la crisis actual es la forma en que los bancos tradicionales —las instituciones con depósitos asegurados a nivel federal y limitados en los riesgos que se les permite tomar y en la cantidad de apalancamiento que pueden contratar— han sido marginados por entidades financieras no reguladas. Gente como Alan Greenspan nos aseguraron que esto no era problema: el mercado impondría una toma de riesgos disciplinada y, de todos modos, no se estarían arriesgando recursos de los contribuyentes. Pero lejos de ser disciplinadas en su toma de riesgos, las instituciones de crédito perdieron la cabeza. Hicieron a un lado las preocupaciones en torno de la capacidad de pago de los deudores, así como las dudas sobre si el disparo de los precios de la vivienda tenía sentido. Los prestamistas ignoraron las señales de advertencia porque son parte de un sistema construido alrededor del principio de “cara, yo gano; cruz, alguien más pierde”. Las hipotecarias no se preocuparon por la solvencia de los prestatarios porque vendían rápidamente los créditos que otorgaban, generalmente a inversionistas que no tenían idea de lo que estaban comprando. A lo largo de toda la industria financiera, los ejecutivos recibieron enormes bonos adicionales cuando parecían estar obteniendo grandes ganancias, pero no tuvieron que devolver ese dinero cuando las ganancias se convirtieron en pérdidas incluso mayores. Y en cuanto a la idea de que no se estaban arriesgando recursos de los contribuyentes, basta decir que el último año la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos han arriesgado cientos de miles de millones de dinero de los contribuyentes para rescatar instituciones financieras consideradas demasiado grandes o demasiado estratégicas para permitir su derrumbe. (No los culpo; no creo que tuvieran alternativa.) Entre tanto, esos bancos tradicionales regulados tuvieron un papel menor en la locura de préstamos, excepto en la medida que contaban con subsidiarias no reguladas “fuera de estados financieros”. El caso de IndyMac —que fracasó porque se especializaba en préstamos riesgosos mientras los reguladores se hacían de la vista gorda— es la excepción que comprueba la regla. La moraleja de esta historia parece clara, y es lo que Barney Frank, presidente de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, ha estado diciendo desde hace tiempo: las regulaciones financieras deben ser extendidas para cubrir una gama mucho más amplia de instituciones. Básicamente, el marco financiero creado en los años 30, que produjo generaciones de relativa estabilidad, debe ser actualizado a las condiciones del siglo XXI. Los desesperados esfuerzos de rescate del año pasado han puesto en evidencia que ampliar la regulación es urgente. Si el gobierno va a respaldar a las instituciones financieras más vale que esas instituciones estén reguladas más cuidadosamente, porque de otra forma el juego de “cara yo gano, cruz tú pierdes” será utilizado más furiosamente que nunca, a costillas de los contribuyentes. Por supuesto, los promotores de una mayor regulación, sin importar lo convincente de sus argumentos, tendrán que enfrentar una oposición con muchos recursos de la industria financiera. Como Upton Sinclair lo destacó, es difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su salario —o, podríamos añadir, su “alcancía” para la campaña— depende precisamente de que no lo entienda. Pero esperemos que la escala misma de esta crisis financiera haya captado la atención de las mentes suficientes para hacer posible la reforma. De otro modo, la próxima crisis será aún más grande. (Traducción: Gregorio Narváez) |