Ya se sabe: información es poder. Conocer lo reservado, lo oculto, lo que no puede hacerse a la luz del día, brinda un auténtico arsenal para la práctica política. En México y el mundo, los aparatos de inteligencia desempeñan una tarea crucial para la gobernabilidad. La protección de las fronteras, la presencia del terrorismo internacional y del crimen organizado, la subversión interna y sus posibles vínculos externos, entre otros riesgos, requieren de la conformación de sistemas que provean información oportuna, pertinente y confiable a los gobiernos. Las labores de inteligencia son un ingrediente indispensable en la real politik. El meollo reside en la legitimidad de los fines y la legalidad de los medios. Aunque las lagunas y vacíos en la materia —con todo y la Ley de Seguridad Nacional, vigente desde 2005— ofrecen un campo fértil para denuncias estridentes y acusaciones infundadas o malintencionadas, los límites que tienen las “instancias autorizadas” para recabar, compilar y procesar información son claros: las garantías individuales y los derechos humanos. Salvo mandato judicial, ninguna labor de inteligencia justifica violaciones al derecho de los mexicanos a no ser molestados en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Sin embargo, la citada ley sólo se refiere al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y deja de lado a otras dependencias, como las secretarías de Defensa, de Marina y de Seguridad Pública, y la Procuraduría General de la República, que cuentan con áreas de inteligencia, y lo mismo ocurre con todos o casi todos los gobiernos estatales. Espías contra espías. Los miembros de la clase política se vigilan unos a otros: adversarios y aliados, competidores y amigos contratan equipos que les permitan conocer vida y milagro de los otros. Ex agentes de inteligencia de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) o agentes retirados o en activo del propio Cisen, entre otros, venden desde hace años su expertise y archivos al mejor postor. Por muchas partes circulan dossier con información supuestamente confidencial de actores políticos. No hay nada nuevo en ello. Emilio Portes Gil relata en su Autobiografía de la Revolución Mexicana que un elemento que favoreció la derrota de la rebelión escobarista de 1929 fue que, desde sus inicios, el gobierno seguía con atención los pasos de los conspiradores: sabía quién encabezaría la rebelión y qué generales la secundarían, cuándo estallaría y dónde. El gobierno estaba al tanto de sus reuniones en el hotel Regis e, incluso, de su correspondencia. Quizá el único dato reciente es que el espionaje se ha “democratizado”: casi cualquiera dispuesto a invertir unos cientos de dólares puede adquirir un equipo para intervenir teléfonos o grabar conversaciones desde lugares distantes. Una corporación empresarial espía a otra (el espionaje industrial); una esposa agraviada ordena intervenir las conversaciones de su marido (las de Kamel Nacif con el góber precioso); en internet se anuncian hackers para obtener contraseñas e información digital... Nunca se acabarán esos usos del poder. Sin embargo, es imperativo avanzar hacia un sistema de inteligencia que esté al servicio del Estado y no del gobierno en turno como ocurrió con la temible DFS y, a un tiempo, cierre los espacios para otro espionaje, no menos perverso, desde esferas no gubernamentales. |
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