Eso fue lo que ocurrió ayer, al darse a conocer las dos preguntas que hará el gobierno de la ciudad en la consulta del 27 de julio —en cuya organización participa el Instituto Electoral del Distrito Federal— sobre la pretendida reforma energética de Calderón.

Voceros oficiales y oficiosos se desgarraron las vestiduras y hablaron de manipulación, inmediatamente después de que fueron hechas públicas las preguntas. Es pertinente aclarar que en la formulación de éstas participaron expertos de varias instituciones académicas, y a ellos es a quienes se está descalificando.

En realidad el gobierno usurpador está asustado, pues diversas encuestas revelan que un altísimo porcentaje de la población desea ser consultado, y que una sólida mayoría se opone a sus iniciativas.

En todo caso, si algo pudiera inducir a error a los participantes no son las dos preguntas en sí mismas, sino una definición que se incluye en la primera: “gobierno”, en lugar de “nación”, como establece la Constitución. El sustantivo puede beneficiar a los privatizadores, pues el rechazo a la administración calderonista de una parte de la sociedad, sobre todo la de alta marginalidad, puede llevar a votar a los interesados en sentido contrario a sus deseos.

¿Cuáles son las preguntas para la consulta del 27? Las siguientes: 1) “Actualmente la explotación, transporte, distribución, almacenamiento y la refinación son actividades exclusivas del gobierno. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo que participen empresas privadas?”. Y 2) “¿Está de acuerdo o no con que se aprueben las iniciativas de reforma energética que se debaten en el Congreso?”.

La oficina de Comunicación Social de Pemex respondió que empresas privadas participan en la industria petrolera desde hace 70 años, pero sólo aportó datos de los gobiernos panistas: entre enero de 2000 y julio de 2008 Pemex Exploración y Producción realizó casi 40 mil contratos, en su mayoría con empresas privadas. En otras palabras, reconoció que ya actúan ilegalmente.

El artículo 27 constitucional es claro: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.

Por eso, vamos por el ¡No! Primero paremos esta intentona privatizadora con razones y acciones, siempre pacíficas, pero de la magnitud necesaria. Después, rescatemos a Pemex de los neoliberales sin nación.