En esos días, la marcha El color de la Tierra recorría con altísima convocatoria el territorio nacional. En las grandes corrientes de opinión pública se expresaba la necesidad de aprobar la llamada Ley Cocopa, propuesta que acordó y firmó el gobierno federal con el EZLN sobre los derechos indígenas, mismos que habría que plasmar en la Constitución.

Pese a la gran efervescencia social, al consenso nacional sobre el tema, sorpresivamente el Senado de la República aprobó un día una reforma muy diferente, en contrasentido con lo esperado entonces. Los pueblos indígenas la rechazaron totalmente.

En aquel momento los partidos representados en el Senado le fallaron a la gente. Las consecuencias fueron negativas para los pueblos indios que terminaron desmoralizados y más alejados de las instituciones formales del Estado.

Fueron adversas para el PRD que a partir de entonces carga con el resentimiento de los zapatistas y la reprobación de la sociedad civil que lo acompañó en esta lucha. Sólo la derecha conservadora salió triunfante del episodio: quedó bien con los sectores que tradicionalmente rechazan la incorporación de los derechos indios en las leyes y enterró un tema fundamental para el país hacia adelante.

Ahora con la gran efervescencia social frente al tema petrolero, ahora que las fuerzas más progresistas del país ya ganaron el debate sobre el particular, se corre el riesgo de repetir la historia de la Ley Indígena.

Si quienes luchan por usar los recursos naturales para beneficio del país y defender la soberanía nacional no están alertas sobre posibles trampas en el proceso legislativo, podríamos ver un desenlace —una vez más— donde la derecha del PRI y el PAN pueda aprobar por consenso una reforma contraria a los intereses de los mexicanos.

Si así fuera, se estaría otra vez frustrando el esfuerzo de millones de mexicanos por defender sus conquistas históricas y se afrontaría el resentimiento social para beneplácito de la derecha y sus propósitos privatizadores. Como sociedad, debemos estar alertas.