En las horas posteriores a la tragedia, Ebrard optó por encabezarno la simulación, sino la indignación, por lo que los ceses en su equipo eran inevitables. Pero hay determinaciones aún pendientes, igual de cruciales.

En la mañana del sábado 21 de junio, cuando el pasmo rodeaba aún la tragedia surgida la víspera en la discoteca New’s Divine, el jefe del gobierno capitalino se reunió con el ombudsman Emilio Álvarez Icaza, a quien hizo tres planteamientos cuyo alcance puede no sólo redefinir la vigencia de los derechos humanos y transformar las políticas policiales, sino cambiar el perfil mismo del gobierno del PRD en la ciudad.

“Se cometieron errores graves, en la policía y en la Procuraduría”, expuso en aquel encuentro privado Marcelo Ebrard, tomando distancia de las maniobras que en dicho momento protagonizaban tanto el secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, como el procurador Rodolfo Félix Valdés —eternamente divididos—, para escurrir toda responsabilidad o endilgarla a la contraparte.

“Métete”, le solicitó Marcelo Ebrard a Álvarez Icaza, quien ya había iniciado una investigación de oficio, la cual recogía en ese momento un respaldo sin precedentes. Ebrard iría más allá: pidió al ombudsman dar seguimiento a los trabajos de la Procuraduría; es decir, investigar la investigación.

Hacia el lunes 30 los indicios de una confabulación policiaca incluían videos trucados, bloqueo del expediente judicial, extravío de fotografías de las jóvenes vejadas tanto en instalaciones de Seguridad Pública como del Ministerio Público, inexistencia de manuales de procedimiento y manipulación de actuaciones ministeriales, al grado de que funcionarios de la Procuraduría se tomaron declaración ellos mismos. Hubo reportes incluso de amenazas contra visitadores de la CDHDF y activistas de ONG que colaboraban con ellos.

Para esa fecha, en el equipo cercano a Ebrard se daba como un hecho la salida de Ortega, y se barajaban varios nombres para su sucesor, entre ellos el del secretario de Gobierno, José Ángel Ávila Pérez, y el de Manuel Mondragón. Horas después se asumía que también el procurador era insostenible.

Álvarez Icaza presentó el martes último un reporte inicial de sus indagaciones, las más amplias y profusas desde que tomó el cargo, en 2001. En agosto concluirá el balance sobre las investigaciones judiciales efectuadas, lo que seguramente aportará conclusiones inquietantes, como que el informe entregado a la Presidencia de la República por la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría estuvo lleno de mentiras. Y otra: han seguido fluyendo videos reveladores, uno de ellos de al menos una hora de duración, según se aseguró a este espacio el fin de semana. El “video oficial”, “único, sin cortes y original”, es de 21 minutos. Ya se demostró que fue objeto de al menos medio centenar de ediciones.

Marcelo Ebrard habrá de tomar varias decisiones adicionales si decide ir a fondo en esto, y hallar en el infortunio algo positivo para los capitalinos e incluso para mantener su gobierno a flote. Frenarse ahora sembrará nuevas tragedias y traerá a su administración una enorme vulnerabilidad política.

Las ideas al respecto dominan ya el debate en círculos de la academia, los defensores de los derechos humanos, la Asamblea, los medios de comunicación y, desde luego, hacia el interior del propio gobierno.

Esta ruta de nuevas decisiones pasa por una redefinición de cómo funcionan las policías en el DF. Pero esto no lo podrá hacer Ebrard solo, precisará la participación de la sociedad, legisladores y expertos, para definir, entre otras muchas cosas, políticas internas públicas, contrapesos y transparencia para el desempeño de las policías.

Habrá que asumir también que no es concebible una política de gobierno hacia los jóvenes que los dota de becas, escuelas y conciertos públicos, pero por otro lado hay rutinas policiales que hacen de esos mismos jóvenes objeto de estereotipos, humillaciones y marginación. Y sin duda un tercer eje indispensable es la mayor observancia de los derechos humanos como parte de una política pública integral.

Por ese camino, esta ciudad y su gobierno pueden aún llegar a buen puerto.

Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ingresó a EL UNIVERSAL en 1978, donde desempeñó varias actividades profesionales como reportero de Información General, a cargo de diversas fuentes del sector político, subdirector Editorial de EL UNIVERSAL y Director Editorial General de El Gráfico y de EL UNIVERSAL.

Además, es coautor de los libros “Zócalo Rojo”, “Comunicación y Transparencia de los poderes del Estado” y “Representación política y toma de decisiones”.

Fue miembro en el año 2001, del “Grupo Oaxaca”, promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública en México. Actualmente, Roberto Rock es vicepresidente de la Comisión Contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa –SIP-