Los perturbadores y graves momentos objetivos de violencia que vive el país —como el caso inverosímil, por su magnitud, de la discoteca New’s Divine y sus jóvenes— invitan a una reflexión que es inseparable, a su vez, de una lectura del problema petrolero.

Este último nos coloca ante otro caso de inmensa violencia (económica): que el periodo petrolero no ha sido un periodo de crecimiento económico ni de establecimiento, objetivo, del bienestar común. El desarrollo, es decir, el tránsito de un nivel a otro, más alto, de la acción histórica de un pueblo, no se ha producido.

No es inútil alertar sobre las vinculaciones éticas objetivas —no “morales” pues— entre desaliento social, violencia y ausencia de una conciencia colectiva de igualdad ante la ley y, por tanto, de un modelo de convivencia fundado en la existencia de normas iguales para todos.

La violencia objetiva del sistema policiaco depende, en gran medida, de una cultura política de dominación. La policía en México ha sido siempre una policía de Estado, totalitaria, en su interpretación del mundo. El policía sale a la calle pensando “hacia arriba”, es decir, en sus relaciones de sumisión y complicidad con el poder. La educación de un policía, en una sociedad culturalmente democrática arranca, ideológica y sociológicamente, de una interpretación que es, sin duda, completamente distinta a la de una policía de Estado. En un verdadero sistema de derecho el policía es, antes que ninguna otra cosa, un ciudadano armado que sale a la calle no a defender el poder, sino a impedir que los derechos humanos o los derechos de propiedad de los demás ciudadanos sean vulnerados o transgredidos. El policía, en un estado de derecho y en una verdadera cultura democrática —indisociable de formas convivenciales fundadas en la igualdad ante la ley— no depende del sistema articulante de “comandantes” y “superiores”, sino de la convicción global de que, repito, es un ciudadano defensor, sin equívocos, de la ciudadanía y convencido, conciencialmente, de que no está obligado a la “obediencia debida” si ésta, sin más, transgrede la ley. Sus superiores, a su vez, deben saberlo.

Un policía armado, ante un ciudadano desarmado, si emplea la violencia, esa violencia se multiplica, en términos de uniforme (autoridad) y en orden a la capacidad de resolución (armamento) en dimensiones muy altas. Su única limitación es la ley (no la “obediencia debida” al superior aunque ello sea normal en una sociedad donde el “superior” puede transgredir la ley en nombre de la “autoridad”) y, por tanto, el policía es un ciudadano entre los demás ciudadanos. No un hombre exento de responsabilidades ante el Derecho. En Inglaterra hubo una discusión, por muchos años, en relación a si el policía, además de su “sagrado” uniforme azul, debía portar armas.

Los ciudadanos ingleses, que llegaron al régimen parlamentario en 1688, asumieron, por mucho tiempo, “que sólo el uniforme imponía la ley”.

Los actos de brutalidad policiaca y la dimensión contra la dignidad como se ha evidenciado en la tragedia de esa discoteca, son inseparables, en todo el país, de un sistema de poder que no asume, aún, la inmensa responsabilidad que implica la trasgresión de la ley que, a su vez, la ley, no es la voluntad autoritaria, sino la idea, convertida en derecho, de la voluntad general.

El último informe (World Report, Human Rights Watch) al igual que el documento de Transparencia Internacional (Corruption in Judicial Systems) insisten en la subsistencia en México, en el sistema judicial, de la tortura para crear culpables. Estamos ante la necesidad imperiosa de establecer, con claridad jurídica, que la trasgresión de la ley por los ciudadanos armados es un testimonio del Estado policiaco y totalitario.

Profesor titular de la FCPyS de la UNAM, escritor y periodista. Ha colaborado en periódicos y revistas nacionales e internacionales. Ha escrito 37 libros, entre los que destacan Retrato de una Familia Babélica; las biografías de Colón y Lenin; Historias en la Tierra y Los Liberadores de la Conciencia.