Cuando fuimos convocados para replantear la arquitectura constitucional del país suponíamos que el Congreso asumía el papel histórico que le correspondía frente a la ilegitimidad del Ejecutivo. En ese entendido aceptamos el desafío consejeros, especialistas, organizaciones civiles y partidos. El número y calidad de los proyectos fue considerable y, en algunos temas, bien articulado.

La columna vertebral de las deliberaciones era el régimen de gobierno. Ahí se incluyeron el equilibrio entre poderes y la revisión de sus facultades, la reelección legislativa, la segunda vuelta electoral, el sistema representativo y la dimensión del Congreso. Cuestiones torales quedaron también comprendidas: modalidades de la democracia directa y participativa, rendición de cuentas, política exterior de Estado y método para revisar integralmente la Constitución.

Por infortunio deliberado, esos temas fueron los grandes ausentes de las conclusiones alcanzadas. El grupo responsable de procesarlos casi nunca se reunió y las fracciones no los promovieron. Revelaron ausencia de visión de Estado e incapacidad para lograr grandes acuerdos nacionales. Optaron por el juego de concesiones mutuas y faltaron al deber que se habían dado. Convirtieron la promesa en mascarada.

La mayoría de las propuestas apuntaba a la parlamentarización del sistema, en diversos grados: al tránsito entre la separación y la cooperación entre los poderes, mediante la diferenciación del Estado respecto del gobierno y la formación de mayorías políticas estables. Es por ende incomprensible que, en sentido contrario de un prolongado debate, el Senado festinara modificaciones constitucionales que eximen al Ejecutivo de toda presencia en el Congreso.

Sería difícil encontrar un país donde el jefe del Estado no asista a la inauguración de sesiones del parlamento, mientras todos los jefes de gobierno acuden a responder las interpelaciones de los legisladores. Si la aberración que se propone llegara a adoptarse, en México se aboliría cualquier contacto físico, ceremonial o parlamentario entre los titulares del Ejecutivo y el Congreso. Quedaría sólo la relación por correspondencia y mañana por internet.

Los argumentos de numerosos medios son irrisorios. Se trataría de “democratizar la Presidencia” y derogar el “ritual faraónico” de su comparecencia. Eso es lo que iniciamos desde 1988, derribando el mito de la intocabilidad presidencial, y culminamos en 1997, al establecer el más estricto equilibrio entre poderes y sustituir el “día del Presidente” por una jornada solemne del Congreso. Como sostiene Bernardo Bátiz, la “ley del péndulo” nos ha llevado al extremo opuesto “en que los agravios de los presidentes a su pueblo se reclaman precisamente en el recinto parlamentario y el día del informe”. Los legisladores no lo ignoran. Unos quieren proteger a su jefe, otros se rehúsan a ser apagafuegos malpagados, y algunos más carecen de la enjundia para actuar como genuina oposición. Entre todos están cohonestando la violación del sufragio.

Insólito es el vértigo que los legisladores padecen en la cima de sus facultades. Prefieren renunciar a sus competencias que enfrentar un cambio racional del sistema. Pretenden eliminar la autorización congresional para las ausencias del Presidente, a despecho de la tradición y la legislación comparada. El máximo de permisibilidad de siete días no implica en la práctica limitación alguna, porque no hay ya viajes presidenciales ni monárquicos que rebasen ese periodo.

En vez de modernizar los mecanismos de regulación, los abaten y no miran la conveniencia de integrar en un solo capítulo de la Constitución los preceptos concernientes a la política exterior y el régimen de tratados, como lo propusimos desde 2000.

En unos casos es “cochupo” parlamentario y en otros franca sumisión a poderes ajenos al Estado. Así, el abandono de los proyectos de reformas a la radio y la tv que deja sin sanción graves violaciones y consagra la potestad inatacable del duopolio mediático.

Deformar al Estado ha resultado más cómodo que transformarlo. Incompetencia manifiesta e incumplimiento expreso de mandato. No les extrañe la creciente exigencia ciudadana que desconoce la idoneidad de sus representantes y exige la revocatoria constitucional de los encargos públicos.

Ex embajador de México ante la Unión Europea. Su trayectoria política es amplia y reconocida: fue fundador y presidente del PRD, senador, diputado federal y candidato a la Presidencia de la República por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) para la elección de 2000 (a lo cual renunció para sumarse a la Alianza por el Cambio, cuyo candidato era Vicente Fox). Se ha desempeñado, además, en diversos puestos del servicio público. Ha sido docente en la Escuela Nacional Preparatoria, la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, la Escuela Normal Superior, El Colegio de México y la Universidad de Toulouse en Francia.