La del jefe del GDF ha sido una buena estrategia de control de daños. Ha desarrollado una eficaz operación para salvar cara frente a una tragedia ocurrida en su ámbito directo de responsabilidad. Pero los pasos dados hasta ayer a mediodía por Marcelo Ebrard en el caso New’s Divine distan de ser un ejercicio de rendición de cuentas. No ha ofrecido compensación proporcional al agravio social múltiple ni respuesta satisfactoria a la cadena de incapacidades, discriminación social, corrupción e impunidades que la tragedia ha exhibido. Su tardanza en la toma de decisiones ha revelado un carácter vacilante y una posición política de desventaja del jefe de Gobierno frente a las presiones de las tribus de su partido y de su caudillo. La apuesta al desvanecimiento de la crisis por la vía del control de daños mediático ha llevado a extremos grotescos al gobierno capitalino. Al acarreo de porras de apoyo a la impunidad de Chíguil ha correspondido el aparatoso dispositivo de telefonemas a los conductores de noticiarios de radio exigiéndoles ocultar la información del tema y acusándolos de magnificar la crisis con la aviesa intención de afectar políticamente a Ebrard. A su vez, la condescendencia del Presidente ante un episodio que muestra la honda crisis del sistema de seguridad del DF —un asunto en el que el Ejecutivo federal tiene facultades de decisión— parece resultado de un cálculo simplista. Los fantasmas de Tláhuac Cualquiera que fuera el móvil de la distancia indulgente de Calderón, distaba, hasta ayer en la mañana, de mostrar firmeza o de enseñar disposición para conducir la crisis de la capital de la República. Ejercer las facultades del Ejecutivo federal —plantearía el cálculo presidencial— daría a Ebrard la oportunidad de desviar su crisis a un conflicto de poder con Los Pinos en el que podría pasar al papel de víctima, como le pasó a Fox con los linchamientos de Tláhuac y el desafuero. Y dejar actuar a Ebrard —seguiría el cálculo— podría llevarlo a cometer errores graves, a ser capitalizados por el gobierno federal y su partido. Incluso dejar correr benévolamente la “operación salvar cara” del jefe del GDF podría contribuir a alentar el alejamiento de Ebrard —que se supone en curso— del presidente legítimo. Por lo pronto el jefe del GDF logró escapar con relativa facilidad de una previsible condición de gobernante cuestionado —al que habría que pedirle cuentas y fincarle responsabilidades— para transitar a la condición de gobernante legitimado con capacidad de exigirles cuentas a sus subalternos y fincarles responsabilidades a los particulares y a los medios. Costo barato para GDF La operación salvar cara de Ebrard podría haber incluido —o no— en las últimas horas —o en las siguientes— el costo de solicitar al Presidente sustituir al secretario local de Seguridad Pública, con el riesgo de todo lo que éste podría revelar, y el de acordar con la ALDF el cambio del jefe delegacional, aunque pierda el eje Bejarano-Batres el control de un territorio codiciado. Pero eso parece barato ante el beneficio de reducir la responsabilidad de la tragedia al detalle forense de establecer quién bloqueó la salida del antro, entre otros “errores” de un dispositivo policial de rutina. Todo menos establecer las responsabilidades de los abusos sistemáticos contra jóvenes y menores, y del desprecio clasista que supone enviar batallones de policías armados a capturar adolescentes de los barrios marginales e incluso abusar presuntamente de las detenidas. Todo menos enjuiciar la corrupción e impunidad del sistema de extorsión a los giros negros y a los familiares de las víctimas juveniles de los dispositivos de rutina, para engrosar presupuestos personales y políticos de los gobernantes de la ciudad. | 
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