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Sobornos y reforma petrolera
Sorprendió ayer el diputado federal Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Partido Convergencia, al denunciar que Hacienda habría ofrecido a legisladores lo que llamó “incentivos” por 2.5 millones de dólares para que voten a favor de la reforma petrolera propuesta por Felipe Calderón.
Según Velasco estos sobornos provendrían de un fondo construido por Hacienda con los excedentes petroleros en medio de su opaco manejo. El legislador ha distribuido entre un buen número de diputados y senadores una carta en la que hace la denuncia y los invita a hacer pública su situación patrimonial “para que luego no veamos por doquier legisladores millonarios”.
El diputado no ha presentado hasta ahora ningún documento que compruebe sus afirmaciones. Sobre esa base, Hacienda difundió ayer mismo un comunicado en el que niega los supuestos sobornos y agrega que “las acusaciones absurdas y sin fundamento del diputado Velasco Oliva sólo entorpecen el diálogo y la construcción de acuerdos que beneficien a todos”.
Oliva, por su parte, aseguró a este reportero que presentará pruebas hoy a las 11 de la mañana en una conferencia que ofrecerá en San Lázaro. Explicó que durante su gestión legislativa se ha dedicado a estudiar el destino de los excedentes petroleros, lo que le permite denunciar estos intentos de soborno que, según dijo, le corroboraron fuentes confiables al más alto nivel en las secretarías de Hacienda y de Energía.
Si llega a probarlo —lo que se ve difícil en términos de contundencia— sería la puntilla para la de por sí vapuleada iniciativa de reforma petrolera de Calderón. Una simple operación nos daría idea del tamaño de la maniobra, pues dos y medio millones de dólares para cada uno de los 500 legisladores sumarían mil 250 millones de dólares. Demasiado grave para el gobierno.
Instantáneas
INESPERADAS FUERON TANTO la declaración del lunes del ministro Guillermo Ortiz , presidente de la Suprema Corte de Justicia, que pone en duda la constitucionalidad de la Ley del ISSSTE, como la votación de ocho contra dos con la que el máximo tribunal la validó ayer. Ortiz Mayagoitia había dicho que esa legislación es inconstitucional en el régimen de pensiones porque afecta derechos de los trabajadores en activo y, de manera retroactiva, aumenta tiempo de servicio y edad de retiro mientras disminuye montos de pensiones.
Más en el fondo cuestionó que entre los objetivos del gobierno de modificar el régimen de pensiones quedara uno que no es fácil de descubrir y que pone límites a la responsabilidad del Estado. Y es que el presidente de la Corte enfatizó que legalmente no hay garantía de que las aseguradoras cumplan sus obligaciones futuras en el manejo de cuentas individuales de los trabajadores, como tampoco prevé un compromiso del Estado en caso de que llegaran a caer en suspensión de pagos.
Eso puso a temblar a Los Pinos e hizo pensar que se tambaleaba una de las cacareadas reformas estructurales de Calderón. Ayer sin embargo —acaso porque así se decide en los órganos colegiados o con el afán de mostrar diversidad— sólo un ministro, José de Jesús Gudiño, opinó igual que el presidente de la Corte.
Los otros ocho consideraron que no hay retroactividad en el nuevo régimen de pensiones y jubilaciones. El hecho es que la nueva ley del ISSSTE aumenta la edad de jubilación, disminuye los montos de las ya de por sí raquíticas pensiones y acababa por transferir esos fondos a cuentas individuales, pues si bien se creaba una Afore pública denominada Pensionissste para los aproximadamente 58 mil millones de pesos de fondos para el retiro de aproximadamente 2.5 millones de trabajadores, ésta tenía sólo por tres años la exclusividad de su manejo, ya que después de ese lapso podrían ser transferidos a Afores privadas.
De ahí que al cabo de un año de vigencia se interpusieran más de 223 mil amparos que congregan la inconformidad de un millón y medio de burócratas, casi dos terceras partes del total de los trabajadores al servicio del Estado.
rrodriguezangular@hotmail.com
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