Nadie duda —y en realidad nadie lo discute— el papel de la opinión de los ciudadanos en la toma de decisiones importantes de los gobernantes. Ante los ojos de todos están los resultados de las encuestas que revelan que una mayoría de mexicanos quiere opinar sobre una decisión trascendental para todos, como la reforma petrolera.

Pero nadie les ha preguntado a esos mismos ciudadanos cuál cree que deba ser la forma en que una institución pudiera procesar su opinión sobre la cosa petrolera, qué institución debiera ser la encargada de la consulta, y qué hacer con el resultado de la auscultación.

Y el tema viene a cuento porque en los días recientes ya no hemos visto entre los interesados en promover la consulta petrolera —que por pura casualidad son los mismos que fueron derrotados en julio de 2006, los mismos que defendieron los plantones en el corredor Zócalo-Reforma, que aplaudieron la instalación de las carpas vacías frente al ISSSTE, que justificaron el asalto al Congreso por la reforma petrolera, los mismos convertidos hoy en sembradores de confusión y odio— una disputa legal, de ideas, ideológica y/o partidista para defender la pertinencia política, social y legal de la consulta, sino que otra vez aparecieron los argumentos de fuerza.

La consulta se va a hacer “porque se va a hacer”, dice el líder amarillo de los diputados federales, en tanto que su par en el Senado esgrime razones nacionalistas para llevarla a cabo; “todos los mexicanos tienen que ser escuchados”, al tiempo que “el movimiento soy yo” despotrica hasta con el espejo y dice que nadie actuará “por sobre la decisión de la gente”. Y mientras que casi todos los gobernadores amarillos rechazan la farsa —precisamente por eso—, el siempre oportunista Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, lanza un misil engañabobos al meter al IEDF en la farsa —el instituto sólo prestará las mamparas y las crayolas, pero eso sí, abonará descrédito en su ya de por sí cuestionada credibilidad— y confirma que él —en el más vulgar acto de autoritarismo farsante— será el responsable de formular la o las preguntas para la consulta.

Otra vez la política mexicana llevada a su expresión más pedestre, manejada por lo más cercano al lumpen de la política mexicana y avalado por lo más reputado de la “intelectualidad” de la izquierda mexicana. Es decir, se hace la consulta, “porque nos da la gana”, porque “tenemos el dinero para hacerla, aunque sea dinero público”, y peor aún, “se hace porque se hace”, aunque sea cuestionada por todos su legalidad, su ética, su certeza técnica y jurídica; aunque sea un instrumento que pretende destruir uno de los tres poderes: el Poder Legislativo.

La farsa llevada a un acto de fuerza.

Y lo peor es que todos —incluido este espacio, claro— se tragan o nos tragamos el anzuelo y convertimos una farsa en primicia informativa, en motivo de análisis, motor de acalorados debates y sesudas disertaciones.

Hace semanas fue la farsa del asalto a la tribuna —en donde también nos tragamos el anzuelo todos—, luego fue la farsa del debate en el Senado en el que participarían luminarias del espectáculo político —espectáculo con el que aún hoy nos juegan el dedo en la boca— y mañana será la farsa de la consulta.

Farsa y farsantes convertidos en el centro de la discusión, fenómenos mediáticos que deja ver desgarre de vestiduras, a expertos incrédulos que se desgañitan en un foro en el que nadie los “pela”, igual que especialistas, reputados conocedores, doctores en todas las ciencias que se creen el cuento y preparan disertaciones profundas que —para desgracia de todos— se van al caño, porque nadie las escucha y/o a nadie le interesan.

La farsa de la política y del poder. La fuerza por sobre las ideas. El uso de la farsa, y de la fuerza, como detonador para demoler instituciones.

Mañana triunfará el “no” a la privatización petrolera —aunque nadie en su sano juicio propone ese despropósito— y la impoluta, harto creíble, y sobradamente ética consulta se alzará con un resonante triunfo por sobre las instituciones. Y los senadores y diputados amarillos tendrán que aceptar que son un puñado de vividores, inútiles que no sirven para nada, porque la sociedad que con lucidez asombrosa dijo “no” a la privatización de Pemex, no a la obligación de legislar, no meter mano a la industria nacional.

Y con esos “no”, los condenó al desempleo. ¿Por qué? Porque entonces no servirá para nada el Congreso. ¿Para qué gastamos millones y millones de pesos del dinero público en salarios del Congreso, si con una consulta podemos resolver todo?

Los señores Carlos Navarrete y Javier González Garza se habrán dado cuenta que al impulsar esa farsa de consulta sobre la supuesta privatización de Pemex, están entregando a sus simpatizantes una pistola para que les disparen, a senadores y diputados federales, un tiro político en la cabeza. Para que con ese voto en la farsa de consulta decreten la inutilidad del Congreso, su sepultura. ¿Sabrán que con ello invalidarán, por ejemplo, las elecciones federales de 2009?

Y por supuesto que lo saben. Bueno, no sólo lo saben, ese es uno de los objetivos. Tienen claro que luego del 2009 el PRD y su farsante FAP caerá a los niveles más bajos de votación. Por eso es más fácil destruir hoy al Congreso que perder posiciones luego de 2009.

Pero la historia no olvida y suele cobrar facturas.

La farsa de hoy será historia de mañana. Al tiempo.

aleman2@prodigy.net.mx

Apasionado del periodismo, así explica el autor su dedicación de más de 10 años a este espacio donde se afana en traducir, aclarar y revelar los entretelones de críptico ámbito que es la política. Su trabajo requiere análisis, conocimiento y paciencia para poner en su lugar las piezas del acertijo. Le intriga también la literatura, aunque asegura que ninguna novela es más interesante que la realidad política.