Serpientes y Escaleras

Como si no bastara con las fuertes presiones por la violencia desbordada del narcotráfico, la escalada de precios de productos básicos que sigue impactando la economía familiar y sus diferencias con el Congreso por el debate petrolero que su partido y su gabinete no han sabido ganar, al presidente Felipe Calderón se le puede prender en los próximos días un nuevo fuego que le complicaría las cosas a su administración y tendría serias y fuertes repercusiones para las finanzas públicas y hasta para la economía del país

Como si no bastara con las fuertes presiones por la violencia desbordada del narcotráfico, la escalada de precios de productos básicos que sigue impactando la economía familiar y sus diferencias con el Congreso por el debate petrolero que su partido y su gabinete no han sabido ganar, al presidente Felipe Calderón se le puede prender en los próximos días un nuevo fuego que le complicaría las cosas a su administración y tendría serias y fuertes repercusiones para las finanzas públicas y hasta para la economía del país.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación avanza una resolución mayoritaria de los ministros del pleno que echaría abajo la Ley de Pensiones del ISSSTE, considerada la primera gran reforma del gobierno de Calderón, y que en su momento le valiera al país reconocimientos y hasta mejorías en sus puntajes y calificaciones de agencias calificadoras internacionales.

La tan celebrada reforma, aprobada casi en fast track legislativo por una alianza PAN-PRI-Panal-PVEM en el Congreso, el pasado 26 de noviembre, podría ser declarada inconstitucional por la Corte y devuelta al Poder Legislativo para que modifique su contenido si se conceden los casi 224 mil amparos interpuestos por trabajadores del Estado en contra de esa legislación, y que representan las quejas de casi un millón de servidores públicos que se dicen afectados por la reforma al sistema de pensiones.

Este lunes 16 de junio, el pleno de los 11 ministros que integran la Sala Superior de la Corte discutirá el otorgamiento o no de los amparos, pero en esta semana, durante las audiencias celebradas en la máxima instancia judicial, hubo señales muy claras de que la mayoría de ministros puede votar por darle la razón a los quejosos y en ese momento tirar, de un solo golpe, la celebrada reforma calderonista.

Tan claras son las señales de un inminente revés para el gobierno de Calderón y para los partidos que la aprobaron en el Congreso, que el viernes, durante todo el día, se vio a miembros del gabinete presidencial que entraban y salían de las oficinas del presidente de la Corte y de los despachos de varios ministros. Dicen que se vio desde el subsecretario de Egresos, Dionisio Pérez-Jácome Friscione, hasta a los asesores del secretario Agustín Carstens, y a altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación, enviados por Juan Camilo Mouriño, que todavía la tarde del viernes trataban de realizar un cabildeo de emergencia para convencer a los miembros de la Corte del enorme daño que significaría el rechazo a la ley.

El golpe, si la Corte otorga los cientos de miles de amparos a la Ley del ISSSTE, no sólo sería político sino también económico. Además de ser la reforma emblemática del calderonismo, la alarma que existe en el gobierno, y específicamente en Hacienda, es porque el desconocimiento de la ley y su regreso al Congreso podría provocar que el riesgo-país aumentara y que las agencias calificadoras, las mismas que mejoraron el puntaje de la economía mexicana en noviembre pasado, ahora decidan castigarlo y aumenten los niveles de riesgo para la inversión extranjera.

El daño de algo como eso para la economía, en el contexto de las presiones inflacionarias por el alza casi generalizada de precios de alimentos, la reducción de las expectativas de crecimiento para este año y la enorme presión a las finanzas públicas por los subsidios millonarios que mantiene el gobierno en los precios de las gasolinas es lo que preocupa sobremanera a los economistas del gobierno. De entrada, el impacto directo a las finanzas públicas si se deja de aplicar la legislación actual y las pensiones del ISSSTE vuelven a regirse por el marco anterior sería de hasta 13 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones que hacen en el gobierno.

Esta semana el ministro José Ramón Cossío, uno de los que pugnan por el otorgamiento de los amparos, declaró en una entrevista que si el pleno decide amparar a los 223 mil 810 quejosos, la Ley de Pensiones del ISSSTE se volvería “prácticamente inoperante”, y al declararse inconstitucionales varios de sus artículos no podría aplicarse y tendría que ser modificada por el Congreso, ya que los que la impugnaron —un millón de trabajadores— representan poco más de la mitad de los servidores públicos para los que se hizo esa reforma.

Durante el fin de semana continuaban las llamadas, las visitas y los cabildeos de miembros del gabinete y del PAN hacia la Corte, tratando de evitar que se incendie una nueva pradera para el presidente Calderón y su gobierno, que regresa de España ovacionado y reconocido, mientras en casa se le prenden nuevos fuegos.

Gobernador “en rebeldía”

En una abierta e inusitada actitud de desafío al gobierno federal, el gobernador Eduardo Bours Castello inició esta semana un movimiento que él mismo llamó de “rebeldía”, en el que llamó a los habitantes de su estado a no pagar impuestos a la Federación por concepto del cobro de casetas de peaje en la carretera federal internacional que atraviesa el estado de Sonora desde Navojoa hasta Nogales.

La petición del gobernador sonorense para que el gobierno federal cancelara los cobros, ante el mal estado de la autopista, y una frustrada negociación con su amigo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, llevaron a Bours a rechazar la negativa que le dio la Federación a su propuesta y entrar en una franca y directa confrontación con el centro.

Esta semana el mandatario de Sonora radicalizó su protesta y personalmente acudió a la caseta Fundición, ubicada en el tramo 15 de la citada autopista, entre Ciudad Obregón y Navojoa, donde llamó a los automovilistas a no pagar la caseta y a evitar el paso por la estación de peaje federal. Para esto, Eduardo Bours instaló un “burladero” que no es otra cosa que un tramo de carretera paralelo por el que los conductores podían burlar la caseta federal y continuar su viaje sin pagar la cuota obligatoria.

Pero, ¿qué busca en realidad Eduardo Bours, un político que ya declaró tener aspiraciones presidenciales, con estas acciones de rebeldía?

Además del ya conocido y alocado estilo de Bours, detrás de su actuar parece haber una estrategia política para posicionarse y posicionar a su partido, el PRI, de cara a las elecciones locales de gobernador el próximo año.

La estrategia le va a funcionar sin duda alguna en lo inmediato y le dará popularidad en las encuestas. Declararse en rebeldía contra el gobierno federal y llamar a no pagar impuestos, es algo tan burdo como efectivo en política. Máxime en un estado como Sonora, donde la lejanía y el resentimiento con el gobierno centralista son acendrados. Lo peligroso es que el gobernador no mida las consecuencias de sus actos y que, en un momento complicado para el país, y en un estado asolado por la violencia del narcotráfico, fenómeno que además ha crecido en el estado durante su mandato, azuce un discurso divisionista y de desafío a las autoridades federales.

El PAN en Sonora, por lo pronto, ya le prepara a Bours una serie de acciones, consistentes en crear también “burladeros” para aconsejarle a la gente de Sonora cómo hacer para no pagar predial, tenencias vehiculares locales, cobro de agua y una serie de impuestos estatales y municipales más.

En la historia reciente del país hay un caso similar a la rebeldía de Bours. En 1989, meses después de estrenarse como el primer gobernador de oposición en el país, el panista Ernesto Ruffo Appel inició un movimiento de protesta y de presión a la Federación porque no estaba de acuerdo con las participaciones que se le daban a su estado en materia educativa y exigía que el centro se hiciera cargo de una serie de gastos que el gobierno local tenía que sufragar para mantener el sistema de Educación Pública en Baja California.

El entonces presidente, Carlos Salinas, enterado de la rebeldía de Ruffo, mandó como enviados a negociar con el gobernador a Ernesto Zedillo, entonces secretario de Programación y Presupuesto, y al subsecretario de Gobernación, Manlio Fabio Beltrones. “Vayan y arreglen eso”, les dijo Salinas a los dos, y luego se dirigió a Zedillo especialmente: “Ponga en orden su estado”, le dijo a quien después sería su sucesor y enemigo político.

Cuando llegaron Zedillo y Beltrones a Mexicali, el desapego y desconocimiento que tenía Ernesto de su tierra natal fue tan evidente que ni siquiera sabía dónde estaban las calles o las oficinas del gobernador.

Una vez que los enviados del presidente Salinas estuvieron con el gobernador Ruffo Appel, éste comenzó por aclararles: “Yo no estoy loco, no quiero ni pleito ni confrontación y mucho menos rebelarme a la Federación. Simplemente quiero que me ayuden con ese gasto porque no me parece justo el trato que se nos da”. Acto seguido, los funcionarios federales le propusieron un esquema para revisar las partidas educativas federales y el asunto quedó subsanado.

A Hermosillo, para atender el asunto del rebelde Bours, el presidente Calderón envió esta semana al subsecretario de Gobernación, Abraham González. “El Presidente le pide que reconsidere su actitud y lo reconviene a no incurrir en actos que lesionen la coordinación federal”, le dijo el enviado de Bucareli al gobernador de Sonora. “Yo no tengo nada que reconsiderar. Y yo los reconvengo a ustedes a que retiren las casetas de la carretera”, fue la respuesta, tosca, del mandatario local.

¿Hasta dónde va a llegar Eduardo Bours en su rebeldía y su estrategia política? ¿Cómo resolverán este desafío el gobierno de Calderón para evitar que el ejemplo de Sonora no se le brinque a otras regiones cargadas de descontento contra la Federación y su historia centralista e inequitativa hacia las entidades federativas?

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