Bitácora Republicana

Conforme avanza el debate nacional sobre energía, más claro aparece que este ejercicio debiera haberse emprendido hace años y que, en ausencia de una convocatoria política capaz de generar consensos, la polarización terminará paralizando las decisiones y conduciéndonos a una crisis institucional de proporciones mayores. Está abierta la caja de Pandora y —como lo consignaba la mitología— en el fondo del recipiente apenas queda la esperanza.

Resulta inconcebible que se haya aplazado hasta ahora una discusión racional sobre problemas de tal envergadura, a pesar de que —como se ha hecho evidente— abundan los especialistas de calidad y los conocimientos dispersos en oficinas, laboratorios y bibliotecas. Esta apertura —obligada por la presión popular, aunque silenciada o distorsionada por los medios— es parte de una transición democrática dislocada y tardía pero que será infructuosa si no ocurre un cambio político sustantivo.

Los términos actuales del problema se presentaron hace más de una década, cuando era ya palmaria la falta de reposición de las reservas, la penuria financiera a la que había sido condenada la empresa y el enorme atraso en la búsqueda de fuentes alternativas. Aunque fue esporádicamente tema de debate parlamentario, la pérdida de mayoría sufrida por el gobierno en 1997 y la insuficiente cohesión de la oposición impidieron el planteamiento cabal de políticas cuya complejidad rebasaba el endeble marco de la democratización iniciada.

En el 2000, la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado abordó el tema en sus deliberaciones y propuso, con la anuencia del Ejecutivo electo, la creación de un Programa Nacional de Energía. Éste debería considerar “la reconversión industrial y tecnológica para el empleo de los hidrocarburos bajo modalidades sustentables”, tanto como “la sustitución de fuentes de energía de convencionales a no convencionales, de contaminantes a no contaminantes y de no renovables a nuevas y renovables en un horizonte de largo plazo”.

El nulo respeto a los valores públicos, aunado a la presión externa y a la burda codicia, descarrilaron cualquier proyecto de gran alcance. En su lugar se promovió la llamada “reforma eléctrica”, que no era sino la renta del gas natural a las compañías relacionadas con la familia Bush y con socios españoles. En ausencia de mayoría política, el gobierno renunció a la modificación de la ley y el “acuerdo de las botas” sucumbió con todo y la “enchilada completa”: retrocesos en el campo migratorio, a cambio de promesas, negocios y suministros concedidos por la vía de los hechos.

En Europa pude percatarme de los planteamientos estratégicos de las potencias, y de los desarrollos científicos y tecnológicos. Durante 2004 dediqué gran empeño en promover un seminario internacional de energía, bajo el auspicio del Conacyt y de agencias internacionales. El desinterés del gobierno y su posterior agresión contra los principios democráticos cancelaron el intento.

Aspirábamos a una visión energética global, que analizara el proceso de agotamiento de los combustibles fósiles y sus efectos sobre el cambio climático y el régimen de precios, el estado de la energía nuclear, la hidráulica y el hidrógeno, así como la evolución de cada una de las fuentes nuevas dentro del balance energético total. Incluíamos el uso eficiente de la energía y la democratización de su acceso, tanto como los avances en investigación y sus obstáculos financieros e institucionales. La consideración de las estrategias internacionales debía ilustrarnos en la definición de una política integral para México.

Muchos de esos temas están hoy rebotando en la conciencia pública, pero se vuelve indispensable un esfuerzo superior de ordenación y de propuesta. No basta la socialización de las ideas y se tornaría perniciosa la utilización de argumentos truncos para justificar decisiones previamente adoptadas o negociaciones de última hora, que sólo aportarían réditos políticos y económicos a sus autores.

Sugerí en el Senado que se retiraran las propuestas del gobierno, por ser “notoriamente inconstitucionales y nocivas al interés del país”. Propuse en cambio “integrar una Comisión nacional, imparcial y patriótica, responsable de elaborar un plan de energía de gran aliento, capaz de reconstruir el consenso entre los mexicanos, en vez de promover la ruptura de nuestro pacto social”.

¿Dónde está sin embargo ese centro de gravedad, que los transicionistas llaman “espacio de neutralidad”? En la investidura de Calderón ciertamente no. Bien dijo Jorge Eduardo Navarrete que su “dudosa” legitimidad y por ende su autoridad política no lo califican para esa tarea. Tal vez el camino sea la conjunción del Congreso, la sociedad y los especialistas.

La salida que mejor permitiría afrontar los problemas acumulados sería la remoción del Ejecutivo por cualquiera de las vías previstas en la Constitución para el ejercicio de la soberanía popular y la instalación de un gobierno interino que gozaría de mayoría parlamentaria. A grandes males, soluciones valientes e imaginativas.

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