Itinerario Político

Nadie sabe y nadie vio. Reclaman a sus desaparecidos

Ulises Ruiz inició guerra sucia contra sus adversarios

Si los ojos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos más importantes del mundo están puestos en México —desde los tiempos del gobierno de Ernesto Zedillo, donde los derechos humanos no son una prioridad—, queda plenamente justificada esa observación cuando recordamos que el 25 de mayo se cumplió un año de la desaparición de dos dirigentes del EPR y que, a pesar de todo, ese tiempo nadie sabe nada de su paradero. Bueno, oficialmente nadie sabe nada.

Y es que resulta difícil entender que en un país que se dice democrático, o que pregona que vive una naciente democracia, deba pasar un año sin saber del paradero de dos ciudadanos, deba resurgir una guerrilla que recurre a presiones extremas como atentar contra instalaciones petroleras para reclamar la aparición de dos guerrilleros desaparecidos y… luego de todo eso, no pasa nada. Nadie sabe y nadie vio.

Es decir, tienen razón los grupos defensores de los derechos humanos cuando critican el gobierno de Felipe Calderón sobre una política laxa, poco efectiva, respecto a la defensa de las garantías individuales. Y es que es difícil creer que las instituciones federales, las estatales y hasta las municipales sean incapaces de responder a la desaparición de dos ciudadanos —de los muchos desaparecidos que reclama el EPR— como Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, sean o no guerrilleros.

¿Pero qué es lo que existe en el fondo? ¿Se puede hablar sólo de incapacidad de las instituciones del Estado? ¿O debemos entender que detrás de la desaparición o de la presentación de los desaparecidos, existen razones políticas?

Todos saben que el 25 de mayo de 2007 en la capital del estado de Oaxaca habrían sido detenidos por presuntos policías y/o militares dos de los más influyentes dirigentes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Reyes Amaya y Cruz Sánchez, quienes a partir de esa presunta detención desaparecieron y ninguna de las diversas policías —municipal, estatal o federal— reconocen haber realizado la detención, en tanto que las fuerzas militares tampoco reconocen su captura.

A lo largo de todo un año, luego de ese 25 de mayo de 2007 —y en lo que es una paradoja en las cuatro décadas de vida del grupo guerrillero—, el EPR alcanzó su mayor presencia mediática y en la conciencia colectiva, al denunciar la desaparición de sus líderes, al reclamar que fueran presentados vivos, y al presionar al gobierno con atentados contra instalaciones petroleras, que para algunos son actos terroristas y para otros una reacción estratégica.

Los estallidos en instalaciones petroleras costaron al gobierno de Felipe Calderón muchos miles de millones de pesos; pero más allá del costo económico el verdadero impacto fue político, ya que colocó al régimen en situación de inestabilidad política. Por eso el segundo gobierno de la derecha mexicana reaccionó y buscó establecer contacto con los sectores vinculados con el EPR.

Y mientras el gobierno federal empezó la búsqueda de los dos dirigentes del EPR desaparecidos —y lo mismo hurgó en los campos militares que en las cuevas policiacas— simultáneamente debió echar a caminar una negociación política con diversos sectores del PRI, ante las evidencias de que uno de los tricolores, el cuestionado gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, escondía la llave para abrir el entuerto.

Y en efecto, el gobierno federal cuenta con evidencias de que en su lucha contra la APPO, contra ex gobernadores, contra el FAP —a todos ellos el gobernador de Oaxaca les acredita responsabilidad en la revuelta que pretende derribarlo—, el gobernador Ulises Ruiz echó a caminar una política regresiva que tiene parientes en las décadas de los años 60 y 70; el viejo PRI de los Díaz Ordaz, Luis Echeverría. Es decir, inició su propia guerra sucia contra sus adversarios.

¿Qué quiere decir esa guerra sucia? Pues casi nada. Autoritarismo, represión, antidemocracia, desapariciones… Resulta que el bárbaro Ulises decidió defender lo que considera suyo, el poder, a toda costa; con todo y contra todos los que le parecían enemigos. Así, el mandatario oaxaqueño detectó que el más peligroso de sus adversarios era la dirigencia del EPR, que había tomado por asalto a la APPO y que amenazaba con convertirla en su bastión de operaciones —precisamente en Oaxaca— para exportarla a otras entidades del país.

Por la razón que haya sido, los policías al servicio de Ulises Ruiz habrían detenido a los dos dirigentes del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes luego de esa detención no fueron vistos nunca más. Diversas versiones, no confirmadas, señalan que el gobierno federal tiene indicios de que los dos dirigentes del EPR estarían sin vida. Por esa razón la PGR solicitó a los familiares pruebas de ADN.

Según las mismas versiones, la dirigencia nacional del PRI y los grupos de poder en el Congreso cerraron filas en torno a Ulises Ruiz durante la crisis de 2006, al grado de que el mandatario oaxaqueño sobrevivió gracias a esos apoyos. Sin embargo, iniciado el gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Ulises Ruiz se habría convertido en “moneda de cambio”, que estaría a poco tiempo de ser intercambiada.

¿Cuál es la moneda de cambio?

Hoy nadie lo sabe. Lo que es cierto es que estarían cerca de tener evidencias de la presunta responsabilidad del gobierno de Ulises Ruiz en la desaparición de los dirigentes del EPR. Y sólo estaríamos en espera de cómo se procesaría el asunto. Y es que para el gobierno de Calderón es urgente resolver esas desapariciones.

En el camino

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aleman2@prodigy.net.mx