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Intransigencia contra el crimen
¿Por qué tendríamos que sorprendernos ante la brutalidad de la delincuencia, de que cada día aparezcan más cadáveres y de que mandos de las corporaciones policiales, uno tras otro, caigan heridos de muerte, “ajusticiados”? ¿Acaso creíamos que una vez declarada la guerra, los narcotrafican-tes se iban a replegar y que abandonarían semejante negocio para incursionar en actividades legítimas? La disputa por territorios y rutas entre las bandas del crimen organizado y la recomposición de las alianzas han dejado una secuela de crímenes sin precedentes en distintos puntos de la geografía del país. La brutalidad de los asesinatos (torturados, entambados, decapitados) se ha convertido en una realidad intimidante para la sociedad. Pero quizá el ingrediente más perturbador en los últimos días es la ejecución de jefes, comandantes y mandos superiores de las corporaciones policiales estatales y federales. En unos cuantos días fueron asesinados tres mandos de la Policía Federal Preventiva (PFP). El jueves 8 de mayo en la madrugada, fue ultimado dentro de un domicilio propiedad de sus padres Édgar Eusebio Millán Gómez, coordinador general de Seguridad Regional de la PFP. Los golpes en contra del Estado han sido muy duros, no es cualquier cosa asesinar al segundo en el mando de la PFP. Las corporaciones policiales están infiltradas por el crimen, por eso pueden ser miembros de la misma corporación quienes “pongan” a uno de sus mandos. Cuando Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, se escapó del penal de Puente Grande, Jorge Tello Peón, entonces subsecretario de Seguridad Pública, calificó como un acto de traición la complicidad de servidores públicos que permitieron la fuga; en efecto, eso fue. Pero el recrudecimiento de la violencia no podría explicarse sin las componendas de ayer. A lo largo de muchos años, lustros enteros, experimentamos un comportamiento tolerante, cobarde, incluso cómplice de las autoridades hacia el crimen organizado que envió un mensaje perverso: se puede hacer todo, o casi, sin enfrentar castigo. Muchas administraciones federales, estatales y municipales toleraron o, incluso, auspiciaron, de distintas maneras, el ascenso del crimen. Es bien sabido que muchos de los jefes y operadores de los cárteles provienen de las estructuras de la seguridad pública y de las propias Fuerzas Armadas, baste recordar a Los Zetas. A la connivencia habría que agregar, entre otros factores, la inoperancia y la falta de continuidad de las estrategias de combate a la delincuencia organizada. Un solo ejemplo: en los últimos 14 años, ha habido nueve procuradores generales de la República que han durado, en promedio, año y medio en el cargo. Pero la sociedad tampoco está exenta de culpas. En muchas comunidades se adoptó una conducta permisiva hacia el narcotráfico, ministros religiosos se han beneficiado de las narcolimosnas y algunos dignatarios de la Iglesia católica han llegado a sugerir que esos dineros se “purifican” cuando se destinan a buenas causas. En sus diálogos con Norberto Bobbio, Maurizio Viroli argumenta sobre la intransigencia del Estado: “(…) la intransigencia en la defensa de la justicia que un Estado democrático debe tener frente a criminales, corruptos y mafiosos”, sostiene, es lo opuesto a “la tendencia a transigir, perdonar, amnistiar, absolver y olvidar”. La conclusión de Viroli, inequívoca, es que en una república la intransigencia ante la delincuencia debe ser un principio fundamental. Es imperativo investigar y dar resultados. Endurecer las penas sirve de poco si no se aplican; hay que cerrar los espacios a la impunidad. |
