Itinerario Político

APPO atenta contra derechos y vida de ciudadanos

Ulises Ruiz debe irse, es responsable de la crisis

De nueva cuenta los ciudadanos que viven en la capital de Oaxaca vivirán la pesadilla.

Y no, no sólo nos referimos a la pesadilla de vivir con un gobierno como el de Ulises Ruiz, representante de lo más rancio y cuestionable del viejo PRI; fobia a la democracia, autoritarismo, represión, opacidad…

En realidad nos referimos a “la otra pesadilla”, la de ese engendro también autoritario, nada democrático, represivo, opaco en su origen político y financiamiento, como es la APPO y que, a los ojos de todos, atentó contra los derechos, la propiedad y hasta la vida de ciudadanos indefensos, ajenos al diferendo político y de poder que se libra en Oaxaca.

Y por supuesto que así como existen oaxaqueños que defienden a costa de todo al depredador gobierno del priísta Ulises Ruiz, también en el otro extremo abundan los que apelan en favor de la radical APPO, de la sección 22 del SNTE, de los radicales que se ocultan detrás de sus filas, como si se tratara de luchadores sociales ejemplares.

Pero son pocos los que quieren ver que en el fondo la pelea entre la APPO, la CNTE y el SNTE contra el gobierno de Ulises Ruiz, nada tiene de reivindicación de reclamos sociales históricos básicos, sino que detrás de espectáculos como el que vimos por meses en Oaxaca —que llevó a la ruina económica a decenas de familias, a la quiebra educativa a miles de niños y jóvenes y a la destrucción institucional del estado— no había más que una lucha de poder, antagónica, detrás de la cual aparecen muchas manos; ex gobernadores, grupos vinculados con guerrillas como el EPR, partidos y, por supuesto, intereses politico-electorales.

¿Se acuerdan cuál fue el pretexto para crear la APPO y para empujar a ese movimiento a una virtual guerra civil entre oaxaqueños? Sí, que el gobierno de Ruiz se negó a repartir el presupuesto entre grupos de poder, lo que radicalizó a un sector del magisterio disidente —y que fue caldo de cultivo para que grupos del magisterio vinculados con el EPR hicieran crecer el conflicto hasta esos niveles—, en tanto que el gobierno de Ruiz también ordenó una campaña represiva que terminó por incendiar al estado.

Lo curioso es que luego de meses de esa guerra civil en las calles céntricas de Oaxaca —y que se perdieron vidas, se atentó contra propiedades, se saquearon comercios, se quemaron autos, se destruyeron instalaciones públicas, documentos oficiales y hasta instituciones declaradas patrimonio de la humanidad, y se atentó contra la educación de miles de niños— nadie ha pagado por ello, no se ha responsabilizado a nadie por los delitos y, claro, en medio de esa impunidad total, el magisterio y la APPO van de nuevo por el gobierno de Ulises Ruiz.

Está claro que el gobierno represor de Ruiz lleva una grave responsabilidad en los catalizadores de la gran crisis que vivió Oaxaca hace poco más de un año —porque así lo dejan ver las evidencias—, pero también es cierto que los líderes de la APPO, de la disidencia magisterial, las “manos negras” que han intervenido detrás del conflicto cometieron actos delictivos y contrarios a libertades esenciales contra los ciudadanos que viven en la capital de Oaxaca. ¿Y quién ha pagado por los muchos delitos?

Nadie ha pagado nada. Y en cambio, presuntos responsables de esa guerra civil que se vivió en Oaxaca —como el líder de la APPO, Flavio Sosa— fueron exonerados de todos los presuntos delitos por los que habían sido llevados a prisión. Incluso se habla de una eventual negociación entre el gobierno federal, la APPO y el EPR, que tendría como objetivo establecer un proceso de negociación con el grupo guerrillero.

Y mientras se incrementan los indicios de que existen puntos de coincidencia entre el gobierno de Calderón y el EPR, de que avanza el proceso para iniciar un diálogo entre los guerrilleros y el gobierno gracias al grupo de negociadores que propusieron los eperristas y que aceptó el gobierno, la Suprema Corte de Justicia estaría cerca de concluir el proceso de investigación sobre la responsabilidad del gobierno de Ulises Ruiz en la crisis política, económica y de gobernabilidad.

Y a partir de la investigación que realiza la Corte, se sabe que existen elementos claros de una responsabilidad compartida. Es decir, que si bien el gobierno de Ulises Ruiz habría incurrido en hechos violatorios de la Carta Magna, lo cierto es que también los integrantes de la APPO y del magisterio habrían incurrido en delitos contra ciudadanos.

Y precisamente en torno a esa responsabilidad de los líderes de la APPO y del magisterio, desataca un caso que resultará emblemático y que podría provocar un gran escándalo. Y es que son muchos los indicios de que los presuntos responsables del crimen de un periodista estadounidense, durante un enfrentamiento entre policías y la APPO, estarían del lado de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca. Más aún, se sabe que existen testigos y que éstos han sido acallados, sea por amenazas, sea por otras razones que incluyen la lealtad “al movimiento”. Se habla del testimonio de otro periodista que vio cuando los appistas dispararon al periodista porque no cumplió las instrucciones que le dieron. Pero el periodista fue amenazado y su respuesta habría sido que no es un delator.

Por lo pronto, el regreso de las movilizaciones y plantones de la APPO y del magisterio disidente ya empezaron a provocar la reacción de empresarios, pequeños comerciantes y sociedad en general, que está harta de una guerra política que llevó a la ruina económica al Estado, que tiene a los niños de esa entidad en los niveles más bajos de la educación y que de nuevo atentará contra símbolos como la tradicional Guelaguetza.

Una encuesta seguramente mostraría el tamaño del ¡Ya basta!, de la otra pesadilla que aparece en el futuro de los habitantes de la capital de Oaxaca. Y sí, el de Ulises Ruiz es un gobierno que debe irse. Pero también la grosera radicalización de la APPO, que sólo busca su cuota de poder.

aleman2@prodigy.net.mx