Itinerario Político

Tregua o reconciliación nacional, el objetivo

Imposible lograrlo con ‘el movimiento soy yo’

¿Qué significa que en Ciudad Juárez ningún civil quiera el puesto de director de la policía municipal? ¿Qué debemos entender cuando el alcalde de esa violenta ciudad fronteriza solicita al gobierno federal que un militar de alto rango se haga cargo del puesto de jefe de la policía?

Por un lado, asistimos, sin duda, a un ejemplo más de que el crimen organizado y el narcotráfico van ganando la batalla a la autoridad, a la municipal en este caso, pero por otro lado queda claro que el Ejército mexicano es el último dique, el último recurso para hacer frente a las bandas criminales y con ello garantizar la gobernabilidad.

Pero en realidad, el de Ciudad Juárez es apenas una pizca de un fenómeno que se repite, con mayor o menor intensidad, en casi todo el país, y en los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. Ya vimos que en Culiacán son muchas y frecuentes las vacantes de policía, y que lo mismo ocurre en entidades como Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero y Baja California, entre otros, en donde la llamada “fuerza pública” no tiene muchas alternativas ante el poder económico y criminal de las bandas de la droga.

Es decir, o los policías de tal o cual corporación deciden entrar al círculo de la corrupción —lo que convierte a cuerpos completos de policía en empleados de los criminales—, o entran a las estadísticas en calidad de muertos a manos de los criminales. Frente a este panorama, aparece un dilema que se plantean miles de policías. ¿Quién, en su sano juicio, y más allá de ambiciones de riqueza fácil, sería capaz de aceptar un cargo en las policías municipales y estatales de esas entidades? Sin duda que debe ser grande la tentación del dinero fácil, pero también es muy alto el costo. Es la vida.

Se cocina un pacto

El de Ciudad Juárez no sólo resulta un formidable ejemplo para ver con toda crudeza el tamaño de la guerra del Estado contra el crimen, sino para medir la trascendencia del desesperado llamado presidencial; el “¡ya basta!”, que lanzó hace poco y en más de una ocasión el presidente Calderón y que, al parecer, muy pronto reportará sus primeros frutos.

Se sabe que desde la casa presidencial se trabaja en una idea que podría terminar en una convocatoria a todos los sectores sociales, a los tres poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno, para hacer pública una suerte de pacto, tregua o frente común de todo el Estado mexicano contra el crimen organizado y el narcotráfico.

En el último tercio del siglo pasado, gobiernos priístas como el de López Portillo y Miguel de la Madrid recurrieron al llamado a los factores de la producción, y en general al Estado todo, para formular de manera conjunta un compromiso de contener las variables económicas que habían disparado los fenómenos inflacionarios. De esa manera fueron paliadas, que no resueltas de fondo, las crisis económicas de esos años, y que llevaban al país al peligroso terreno de la ingobernabilidad.

Hoy la situación es distinta, ya que la gobernabilidad no está en peligro por una crisis económica, sino por una trastocada jerarquía de los poderes, en donde un poder fáctico como lo es el crimen organizado y su brazo armado, el narcotráfico, literalmente se han apoderado de regiones completas del país, en donde las instituciones del Estado han sido rebasadas por el poder económico, corruptor y armado de las bandas criminales, y en donde impera la ley del revólver: “plata o plomo”.

Estado trastocado

Y así como ocurre en Ciudad Juárez, en donde ningún civil quiere aceptar el cargo de jefe de la policía municipal —ya que enfrenta el dilema de “plata o plomo”—, en muchos otros municipios y estados de la República, los cuerpos policiacos están al servicio del crimen organizado, del narco, y defienden a las bandas, antes que a los ciudadanos. Es un ejemplo claro de cómo y en qué niveles se ha trastocado la jerarquía de los poderes del Estado.

Debemos recordar que cuando se constituye el concepto de Estado, la sociedad deja en manos de algunas instituciones del propio Estado la potestad del uso de la fuerza, la violencia y la represión. Esa potestad no es otra cosa que los cuerpos policiacos, que son creados como instrumentos de fuerza para mantener el orden. Pero en la nueva jerarquía de los poderes, esa fuerza policiaca, que es financiada desde el Estado, en los hechos se convierte en una fuerza controlada y refinanciada por las bandas criminales a las que debía combatir.

Pero el fenómeno va más allá de los cuerpos de policía. En realidad, los policías municipales, estatales y federales que son controlados y refinanciados por los barones de la droga son sólo una parte del profundo y complejo engranaje que hace florecer al crimen. Bajo la premisa de “la plata o el plomo”, los criminales tienen a su servicio no sólo a las instituciones del Estado, sino al Estado mismo en su conjunto. El dinero lo compra todo; costosos bufetes de abogados, a tal o cual ministerio público, juez, magistrado, legislador, presidente municipal y hasta se habla de gobernadores, como el caso de Eduardo Bours, de Sonora, presuntamente vinculado con el narco.

A Eduardo Bours en realidad no se le ha comprobado nada, a pesar de los muchos señalamientos y de que uno de sus hermanos y su empresa han sido acusados de mantener vínculos con bandas criminales. Pero el de Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, parece un caso más claro, ya que no sólo fue señalado como implicado en el narco, sino que escapó, una vez que el fuero constitucional dejó de protegerlo, para luego ser capturado, llevado a prisión y hasta se ha intentado su extradición.

En años recientes, y a la sombra la pluralidad político-electoral, los barones del crimen organizado han recurrido a otra veta de poder que parece inagotable: el financiamiento de candidaturas a cargos de elección popular. Los dirigentes de todos los partidos saben de casos de intentos o financiamientos comprobados de aspirantes vinculados con el narco, sea en el caso de diputados locales, alcaldes, diputados federales, senadores y gobernadores.

Bueno, el asunto llega a extremos de escándalo —escándalo porque es una medida extrema—, en partidos como el PRD, cuyas dirigencias han diseñado una selección de candidatos a puestos de elección popular, en regiones de fuerte influencia del narcotráfico, en donde el aspirante es impuesto desde el centro. Se ha cerrado por completo la posibilidad de elecciones internas, porque no son pocas las experiencias de que el narcotráfico financia a tal o cual candidato.

Así, por ejemplo, un candidato a alcalde que fue financiado por el narcotráfico y que gana la elección, paga a sus financieros entregando al narco la dirección de la policía municipal. Es decir, el narco compra y controla a las policías, instituciones del Estado que debieran ser sus perseguidores. En realidad, las distintas expresiones del crimen organizado se pueden ver en todas las expresiones sociales.

Apenas en días pasados, por ejemplo, cuando el gobierno lanzó una campaña de militarización en Culiacán y Navolato, Sinaloa, uno de los puntos de atención fueron las casas de cambio. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, que el dinero del narcotráfico y el crimen organizado no puede ser guardado en colchones ni tampoco puede ser transportado en carretillas. Se requiere del sistema bancario para lavar las fortunas fabulosas que deja el negocio criminal.

¿A poco de verdad nadie sabe qué bancos, casas de cambio, empresas, industrias, lavan el dinero del narco?

Por eso, porque el narcotráfico y las actividades de los criminales organizados están en todas partes, la contención y solución del problema debe involucrar a todos: instituciones, gobiernos, poderes, empresas, religiones, políticos, partidos, medios, sociedad en general, sistemas financieros, de transporte, educación, salud.

¿Hasta dónde la reconciliación?

Todos saben que es urgente hacer algo. Detener el crecimiento del tráfico y consumo de drogas, combatir las boyantes industrias del robo de autos, partes, secuestros, tráfico de menores, de órganos humanos, de indocumentados… Pero son pocos los interesados realmente en ello. ¿Por qué? Son muchas las razones: complicidad, negocios, intereses compartidos con los criminales… y extremos como el del odio.

En algunos casos, como el de López Obrador y su claque, por puro rencor y mezquindad política sería imposible un acuerdo, un proceso de reconciliación, un pacto para enfrentar, todos juntos, los flagelos que han trastocado los poderes del Estado, que tienen sometidos a gobiernos e instituciones, y que colocan al gobierno al borde de la ingobernabilidad.

El autodenominado legítimo y el movimiento soy yo es el líder opositor al gobierno y al partido en el poder más importante y poderoso. Por eso, pasa por ese líder y por su grupo todo intento por alcanzar un pacto, una tregua, una estrategia de reconciliación nacional y el diseño de una política de Estado para contener, achicar y acabar con el narco y el crimen. ¿Es posible un pacto de esa naturaleza con un hombre que se dice presidente legítimo, que se proclama como el movimiento soy yo? Honestamente es imposible, la madera del tabasqueño no es la de un demócrata, menos de un estadista, y mucho menos la de un visionario. La madera del tabasqueño es el rencor y el odio; su motor, el poder a costa de lo que sea, incluso de la caída del gobierno y la ingobernabilidad.

Y es que desde el momento en que se proclama presidente legítimo, desde que grita a los suyos “el movimiento soy yo”, apareció ante los ojos de todos la verdadera estatura política del mesías tropical. Imposible pedir grandeza de estadista a un líder que se ha colocado en el mismo flanco que las bandas criminales: el de aquellos que pretenden la caída del gobierno, sea hoy, el de Calderón; sea mañana, cualquiera.

Ni el movimiento soy yo ni su claque, ni sus intelectuales orgánicos ni sus medios afines han digerido la derrota electoral. Más aún, se han propuesto la destrucción del gobierno de Calderón y, en efecto —como lo dijimos aquí en la entrega del pasado domingo—, están de fiesta porque el narco y los criminales organizados parecen fuera de control del gobierno de Calderón.

¿Cómo cerrar filas en torno a Calderón, el espurio, el que se “robó la elección”, para hacer un frente unido contra el narco y los criminales organizados? No, esa herejía es impensable. Mejor empujar para que fracase el gobierno de Calderón. Y si el fracaso o la caída la provocan los criminales organizados, pues qué mejor.

¿Y los demás?

No hay duda de que el resto de la sociedad estaría dispuesta a caminar rumbo a una tregua para hacer frente al crimen y al narcotráfico. También es un acierto que el llamado y el promotor de esa tregua sea el Presidente. Pero un esfuerzo colectivo para combatir al más formidable enemigo del Estado mexicano, el narco y las bandas criminales, no se puede lograr bajo la premisa de la amputación de libertades y derechos básicos, como ocurrió cuando el terrorismo tocó a EU, en donde la reacción para blindar a ese país arrebató a los ciudadanos libertades básicas.

Si concreta el “¡ya basta!”, en un gran pacto de reconciliación y de cerrar filas contra el crimen, el gobierno de Felipe Calderón daría un salto cuantitativo y cualitativo formidable. Pero lo cierto es que aún no sabemos de qué está hecho el presidente Felipe Calderón.

aleman2@prodigy.net.mx