Itinerario Político

¿Qué tipo de amenazas ha recibido el Presidente?

¿Por qué un sistema de seguridad nunca visto?

No hay duda que desde que inició el gobierno de Felipe Calderón —y el propio Presidente lo confirmó—, se reconoció una guerra frontal contra el crimen organizado y su más violento brazo armado: el narcotráfico.

Y es que una vez que Calderón tomó las riendas del gobierno y que se habría percatado que su antecesor se desentendió del problema, entendió que no se trataba de un asunto menor. Algo vio, de algo fue informado, o algo le reportaron al Presidente para que en los primeros días de su gestión lanzara una cruzada frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Todos recuerdan que con un tufo sobrado para el momento, Calderón habló de “una guerra” que “costará muchas vidas”, en un mensaje que quiso ser de fuerza, como si el problema fuera de policías y ladrones. Pocos tomaron en serio, entonces, una advertencia que hoy y a los ojos de todos es una cruda realidad.

Más aún, a 18 meses de iniciada su gestión —y resulta indiscutible que se han producido bajas en los dos frentes de batalla—, no sólo cambió de manera radical el discurso de Felipe Calderón, sino que contra lo ocurrido en la historia el mandatario mexicano viaja en medio del más espectacular dispositivo de seguridad.

Los estrategas del Estado Mayor Presidencial, que son encargados de la seguridad del Presidente, han entendido que la oleada de asesinatos policiacos desatada por el crimen organizado —a lo que habrá que sumar que el propio Presidente ha recibido amenazas de muerte—, colocan a Calderón frente a un riesgo latente en el que no sólo se ve amenazada la investidura presidencial, cuanto su propia vida.

El solo hecho de recurrir a medidas extremas de seguridad para el Presidente, de colocarlo virtualmente en medio de una impenetrable burbuja de seguridad, resulta un indicio claro —no reconocido de manera oficial—, de que la guerra contra el crimen organizado reporta un saldo favorable al bando de los criminales. ¿Qué desencadenó esa seguridad en torno al Presidente? ¿Qué tipo de amenazas ha recibido el Presidente y de parte de quién, como para ser resguardado de esa manera?

Hoy el Presidente ya no habla del costo de vidas —de las que sin duda se han perdido muchas y muy valiosas—, sino que lanza un llamado que parece desesperado; un “¡Ya basta!”, al tiempo que pide el apoyo de todos para seguir en el combate al crimen organizado y el narcotráfico; respaldo que en realidad debió reclamar desde el primer día de su mandato.

El mensaje deja la sensación de que en su gobierno priva el ánimo de que la batalla se pierde, sobre todo luego de que fue asesinado Édgar Millán Martínez, uno de los policías clave en la estructura de la SSP federal.

¿Fracasa el gobierno?

Y sin duda que habrá fiesta entre los malquerientes de Calderón. Es muy probable que sectores que apuestan a su caída aplaudan que el crimen organizado y el narcotráfico le propinen los reveses que ha recibido su gestión. “¡Se merece todo eso, y más, por espurio!”, dirán.

En otros sectores, seguramente tendrán razón aquellos que cuestionan la ineficacia de los cuerpos policiacos y de seguridad, y los de más allá que aseguran que el narco y la criminalidad organizada son gemelas impensables sin la complicidad oficial. “¡Policías, ladrones, secuestradores, narcos y… son la misma cosa!”, dirán no sin buena dosis de razón.

Es más, nadie pondría en duda que los cuerpos policiacos y los mandos militares pudieran estar penetrados por las mafias criminales y que por esa razón se pueden dar casos impensables como el del crimen de Édgar Millán Martínez, a quien esperaron dentro del perímetro de su casa para matarlo. Tampoco habría elementos argumentales contra los que hablan de que es una guerra perdida la que se libra contra al narcotráfico y el crimen, sobre todo frente a la limitada capacitación de policías y militares, frente al contraste entre los arsenales de las mafias y “las pistolitas” y recursos en general de policías y militares.

Sí, tendrán elementos de razón aquellos que aseguren que en buena medida la guerra contra el narco es una guerra perdida, sobre todo ante la poca eficacia que ha mostrado el gobierno.

Pero lo cierto es que más allá de expresiones de odio o mezquindad política —que está claro que existen y que se expresan todos los días y en todas partes—, el problema no es sólo un problema del gobierno de Calderón; tampoco lo es de alguno de los gobernadores de las 31 entidades federativas del país, o de tal o cual de los miles de presidentes municipales de todo el territorio nacional. El problema de fondo es del Estado mexicano. Y se pudiera entender el fracaso de un gobierno, pero nadie en su sano juicio puede permitir el fracaso del Estado.

¿O pierde el Estado?

Está claro que el sistema presidencialista mexicano —que en la teoría es el de una democracia representativa—, deposita el Poder Ejecutivo en la figura de Presidente que, como todos saben, es el jefe de las tareas de gobierno.

El Estado, como todos recordamos, lo integran el conjunto de las instituciones y órdenes de gobierno, las entidades de interés público, las agrupaciones sociales y la sociedad en general. Sociedad, gobierno, instituciones, todos en conjunto somos el Estado.

Pero resulta que por sus características, por su fuerza e influencia y porque sus repercusiones económicas, sociales, políticas y de convivencia en general los hacen un problema de seguridad nacional, el crimen organizado y el narcotráfico son flagelos cuya solución compete al Estado todo, no sólo al gobierno federal o a un gobierno estatal en particular.

Y es allí donde se localiza el problema.

Y es que existe una suerte de esquizofrenia de Estado, en donde esas instituciones de interés público que son los partidos políticos, a través de sus líderes —en el caso de los opositores en turno—, parecen convencidos en la demolición del presidencialismo a ultranza. Es decir, mientras algunos intentan debilitar lo más posible el presidencialismo —como es el caso del PRI a través de una paulatina reforma de Estado—, otros no sólo apuestan a la caída del presidente en turno, sino que estimulan esa caída.

Pero resulta que en la práctica, y por mandato constitucional, el combate al narco, por ejemplo, compete sólo al Ejecutivo, a las instituciones que están bajo el mando del Presidente, esa figura que tirios y troyanos pretenden debilitar y a quien una de esas partes intenta derrumbar.

Está claro que en muchos casos está plenamente justificado el “achicamiento” del presidencialismo como lo conocimos en el priato y el foxiato —incluso hoy—, pero siempre y cuando los vacíos de autoridad que pudieran generar esos cambios sean llenados por otros espacios que resulten eficientes. Pero la realidad es harto distinta. En ocasiones pareciera incluso que sectores políticos bien identificados pretenden abrir anchas avenidas para el debilitamiento del Estado para con ello permitir que transiten a su antojo los barones de la droga.

Es urgente, y eso todos lo saben, una gran reforma a los sistemas de prevención, persecución y castigo del delito, que modernice y haga eficientes los sistemas policiacos, que involucre y responsabilice a todas las instituciones del Estado, a todos los órdenes de gobierno, en todos y cada uno de los factores que intervienen en la formación, evolución y consolidación de esos fenómenos que conocemos como el crimen organizado y el narcotráfico.

Pero frente a esa urgencia son muchos los que parecen interesados en poner toda clase de obstáculos. Bueno, ya en el delirio, existe un sector también perfectamente identificado que con la bandera de la democracia pugna por sacar al Ejército de la lucha contra el narcotráfico, lo que sería no sólo suicida para los intereses de las mayorías, sino para el Estado mismo.

Los errores de Calderón

Y para los que tienen dudas, los errores de los gobiernos de Fox y Calderón están a la vista de todos. Apenas en enero de 2007 aquí dijimos que la decisión de extraditar a Estados Unidos a jefes de distintos cárteles de la droga detenidos en México y de lanzar operativos policiaco-militares en las regiones donde el crimen organizado sentó sus reales, no era otra cosa que reconocer un estado de guerra contra esos flagelos.

“La guerra que viene”, titulamos el Itinerario Político del 21 de enero de 2007, en el que señalamos: “Al escalofriante espectáculo de las cabezas humanas exhibidas por las bandas criminales en sus demostraciones de violencia e impunidad, el gobierno de Calderón respondió entregando al gobierno de Estados Unidos las principales cabezas de narcotraficantes presos en México”.

Y advertimos: “El paso dado por el Presidente parece sin retorno… mientras que en las calles el crimen organizado vivirá un proceso de regeneración de sus estructuras, desplegará sus tentáculos para restablecer las líneas de corrupción con las instituciones del Estado que les son necesarias para enfrentar una guerra frontal contra el Estado. ¿Están preparados el gobierno y las instituciones policiacas e impartidoras de justicia para una guerra de esa naturaleza, para un choque frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico?”. No estaban preparados.

Regresamos al tema el 23 de enero de 2007, para preguntar: “¿Eso es todo?”. La interrogante era obligada ya que el gobierno de Calderón había reconocido en esos días que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico sería la primera prioridad de su gestión. Dijo que esa lucha costaría muchas vidas y anunció cinco puntos que a todas luces parecían insuficientes.

Repreguntamos: “Es suficiente con eso”. Y consideramos que no, “porque el problema del crimen organizado no es de policías y ladrones o del predominio de la ‘Ley del revólver’… El Estado mexicano y su brazo operativo, el gobierno federal, tienen enfrente un problema que se entrelaza y articula con todas o casi todas las actividades humanas en una sociedad como la mexicana. Una solución a ese problema de fondo pasa por un esfuerzo de Estado, conjunto, coordinado y reglamentado por todas las instituciones del Estado”.

De regreso al tema, el 20 de marzo de ese 2007 volvimos a preguntar: “¿Quién sigue?”, ya que la violencia escalaba peligrosamente. Así lo expusimos: “Primero atentaron contra regidores y alcaldes de pequeños pueblos en donde todos saben que los mandones son los barones de la droga. Luego las balas fueron lanzadas contra jueces y diputados federales. Y apenas en días recientes, con el indiscutible sello de la casa, los disparos alcanzaron a militares de alto rango, como el general Francisco Fernández Solís, y contra la hija de otro general, Luis Humberto López Portillo. ¿Quién sigue?”.

La víspera, el 19 de marzo de 2007, al referirnos al más grande y espectacular decomiso de dinero advertimos sobre el tamaño del negocio del narcotráfico y el tamaño y complejidad de la guerra que se enfrenta el Estado mexicano. El Itinerario Político de entonces se tituló así: “El tamaño del animal”. Y expresamos: “La cifra es tan descomunal que poco dice a los mortales de a pie. ¿Qué significan 205 millones de dólares? Ya aparecieron curiosos que en una sencilla operación aritmética encontraron que esa cantidad es igual a 2 mil 208 millones de pesos, igual a 27 mil automóviles compactos, supera el presupuesto de varias secretarías de Estado o equivale a 125 mil años de salario mínimo en México”.

Eso es lo que está en juego, lo que se disputa.

aleman2@prodigy.net.mx