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Al interior de la bancada tricolor en San Lázaro empezaron ya las luchas y la revisión de perfiles para decidir quién será el presidente de la Cámara que sustituya a la perredista Ruth Zavaleta Viejos lobos de mar, sabedores de que el último año de una Legislatura puede ser el que da más lucimiento, la fracción del PRI sacó desde el inicio de la 60 Legislatura el acuerdo para encabezar la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el último de los tres años del actual parlamento. Con ello, los diputados priístas tendrán, entre otras cosas, el control de la que puede ser la reforma legal más importante del sexenio y de la Legislatura en curso: la reforma energética. Por eso, al interior de la bancada del PRI en San Lázaro empezaron ya los jaloneos y la revisión de perfiles para decidir quién será el presidente de la Cámara que sustituya a la perredista Ruth Zavaleta, quien a pesar de las rispideces y enfrentamientos con legisladores de su partido, dejó el cargo el pasado miércoles entre aplausos y reconocimientos de las bancadas opositoras y de una parte de sus compañeros perredistas. Son tres nombres los que se manejan en el grupo parlamentario del PRI. Por un lado está Raúl Cervantes, quien es impulsado por el coordinador Emilio Gamboa Patrón, que quiere un constitucionalista, abogado experto, duro y con presencia en la Cámara. Cervantes es abogado y fue el coordinador jurídico del PRI, con Roberto Madrazo, antes de ser diputado federal; a pesar de su madracismo, Raúl se ha colocado bien en la burbuja de la bancada tricolor, ganando la confianza de Gamboa Patrón por sus conocimientos jurídicos y legales, algo que no domina el coordinador priísta. Otro perfil que se promueve en la bancada tricolor es el de un hombre con mucha experiencia para el manejo de la Mesa Directiva, un abogado con amplios conocimientos en la práctica parlamentaria, sobre todo porque saben el intenso debate que se viene sobre la reforma energética. Para los que promueven a un presidente con esas características, la mejor carta es Carlos Chaurand. El diputado Chaurand Arzate fue durante la 58 y 59 legislaturas vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, así que sabe de lo que se trata. El guanajuatense era uno de los hombres de mayor confianza de Enrique Jackson en el grupo senatorial, y en el último periodo en Mariano Palacios Alcocer como dirigente del PRI, Chaurand fue secretario técnico del Consejo Político Nacional. El que complementa la tercia de suspirantes a la presidencia de la Cámara es el diputado César Duarte, líder de los legisladores campesinos, quien tiene todo el apoyo de la presidenta del PRI, Beatriz Paredes. El chihuahuense Duarte Jáquez tiene también cercanía con el senador Heladio Ramírez y cuenta con el apoyo de la CNC, aunque es el impulso de la dirigente del PRI lo que le da la oportunidad de competir por la presidencia, en caso de que Paredes Rangel ganara el espacio dentro del jaloneo de los grupos de poder de su partido por esa codiciada posición. Otros que quieren pero se les ven pocas posibilidades son Samuel Palma, quien al inicio de la Legislatura quiso ser el coordinador de los diputados del tricolor, y José Manuel Parás, quien se mueve con la bendición del desgastado gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás. El periodo de sesiones inicia el 1 de septiembre, así que la presión en el PRI estará a todo lo que da y los jaloneos por la mesa se darán por debajo y por encima de la mesa entre los priístas. Tras los pasos de Ulises Como desde hace tiempo se sabía, las investigaciones que realizan las áreas de inteligencia del gobierno federal sobre los dos desaparecidos del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, apuntan todas a Oaxaca. La PGR, el Ejército, la AFI y hasta el Cisen están a punto de revelar el paradero y destino de los dos dirigentes eperristas que fueron vistos por última vez un 24 de mayo de 2007 en el hotel El Árbol de la ciudad de Oaxaca. Según las versiones que se manejan dentro del propio EPR, ese día Edmundo y Gabriel, este último hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, presunto líder principal del EPR, habían llegado a Oaxaca procedentes del DF. Viajaron por carretera en un auto Volskwagen al que también se le perdió el rastro y, estando en la habitación que tal vez alquilaron con otros nombres, fueron sorprendidos por la irrupción de uniformados que dijeron ser policías ministeriales de Oaxaca. Fue ese el último rastro de los dos miembros del autodenominado Ejército Popular Revolucionario, cuya desaparición fue utilizada como causa para los bombazos que colocó ese grupo en ductos e instalaciones estratégicas de Pemex, primero el 5 de julio de 2007 en Querétaro y Guanajuato, y luego el 11 de septiembre del mismo año en gasoductos de Puebla, Veracruz y Tlaxcala, con lo que causaron la interrupción del suministro de gas al corredor industrial más importante del país, y paralizaron fábricas y cadenas productivas, en el que se considera por el gobierno el “atentado terrorista” más grave y costoso en la historia reciente del país. Después de aquel atentado, el gobierno del presidente Felipe Calderón declaró como su prioridad evitar un tercer ataque del EPR. Inició entonces un fuerte trabajo de inteligencia que avanzó en dos frentes: ubicar y esclarecer el paradero de los dos desaparecidos, al mismo tiempo que se investigaba a los autores de los destructivos bombazos del julio y septiembre. Buscando asegurarse de que el grupo armado no volviera a estallar bombas, altos funcionarios del gobierno calderonista se reunieron con un grupo de diputados del PRD, que según informes de inteligencia tienen contactos con los líderes eperristas. A través de esos legisladores, el gobierno envió un mensaje a la guerrilla: si ustedes paran los ataques, nosotros nos comprometemos a esclarecer qué fue de los dos desaparecidos y a castigar a los responsables. Los canales que eligió el gobierno debieron ser tan buenos que el mensaje llegó directo a las cabezas eperristas. Los atentados se detuvieron y las áreas de seguridad del Estado pudieron avanzar en sus investigaciones, tanto en las que buscan resolver la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, como en las que avanzan para ubicar a quienes colocaron las bombas en las instalaciones petroleras. Hoy, cuando está próximo el primer aniversario de la desaparición de los eperristas, ese grupo armado lanzó un sorpresivo llamado al diálogo que encontró rápido eco en intelectuales, académicos y periodistas que propusieron ellos mismos como mediadores. Por su lado, el gobierno respondió unos días después a la convocatoria y aceptó dialogar pero pidió hacerlo directamente y sin mediadores, en todo caso, dijo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con “testigos”. Eso sí, en el mensaje gubernamental de aceptación del diálogo iba explícita la condición de no detener las investigaciones sobre los autores de los bombazos que afectaron instalaciones estratégicas y causaron pérdidas en la industria nacional y extranjera valuadas en miles de millones de pesos. En este momento, el puente vacacional dio tiempo para que tanto del lado del gobierno como del EPR prepararan sus fichas con miras a un diálogo que se ve todavía incierto y que, al menos desde el lado oficial, ven con recelo y con bastante cautela. ¿Qué quiere realmente el autonombrado EPR? Es una pregunta que aún se hacen en Los Pinos y en las áreas de inteligencia del gobierno, donde reconocen que tuvieron que aceptar dialogar porque la jugada eperrista de lanzar su propuesta pública no les dejó otra salida. A punto de aclarar desapariciones Lo que marcará el punto de arranque del diálogo gobierno-EPR será el informe que ya se prepara sobre el destino de los dos desaparecidos. El sábado pasado en Oaxaca fueron detenidos dos personajes claves en esa desaparición: el jefe de la Policía Ministerial del estado, Pedro Hernández, quien tras ser sorpresivamente capturado por miembros del Ejército y de la AFI, y sacado de las propias instalaciones de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, está bajo arraigo de 90 días en la SIEDO, y el otro personaje clave es Romeo Ruiz García, director de Servicios Periciales de la Procuraduría de Oaxaca. Este último, primo del gobernador oaxqueño Ulises Ruiz, también fue detenido aquel sábado por elementos militares y de la AFI y trasladado a la ciudad de México. Estuvo en instalaciones de la PGR por 36 horas y el lunes fue visto nuevamente en la ciudad de Oaxaca. Según versiones que circulan en la entidad, el pariente de Ulises fue soltado por intercesión del gobernador, aunque el director de la Policía Ministerial no corrió con la misma suerte y ha sido directamente involucrado en las desapariciones por testigos protegidos que tiene el gobierno federal en este caso. Es posible que la próxima semana, pasando el puente vacacional, el gobierno empiece a dar avances sobre los desaparecidos, algo que ya se había decidido hacer antes de que se cumpliera el primer aniversario de la desaparición y que ahora se aceleró por la propuesta de diálogo con el EPR. La pregunta que queda es hasta dónde llegarán las conversaciones entre el grupo guerrillero más agresivo en el país en los últimos años y el gobierno. Si el grupo armado cede en la petición oficial de que se negocie la deposición de las armas, ¿el gobierno parará sus investigaciones sobre los autores de los bombazos, en las que ya tenían identificados a varios eperristas y se preparaban incluso órdenes de aprehensión? Será cuestión de ver hasta dónde llega la negociación y si este diálogo va en serio. sgarciasoto@hotmail.comsalvador.garcia@eluniversal.com.mx
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