Tintero económico

La propuesta de reforma apunta en el sentido correcto, pero es importante afinar diversos puntos y garantizar que el Estado efectivamente podrá ejercer control, regulación y supervisión efectiva

Todo indica que el debate sobre la propuesta de reforma al sector petrolero es inminente, sea éste de 50, 85 o 120 días. En una primera instancia la idea de un debate amplio resulta positiva si partimos de que este tipo de ejercicios deben conducir a resultados enriquecidos y consensos. Por desgracia, la experiencia en nuestro país nos obliga a ser agnósticos, pues ya hemos presenciado muchos diálogos de sordos que sólo han servido como escaparate para otros objetivos políticos que rebasan la naturaleza del tema propuesto. En fin, por el bien de todos, habrá que conceder el beneficio de la duda y esperar los resultados. En consecuencia, lo mejor que podemos hacer por le momento es contribuir a proponer puntos que consideremos deben ser centrales en esta discusión, y yo mencionaré algunos, partiendo de la premisa que es urgente y necesaria una reforma.

La propuesta está sobre la mesa a la vista de todos, y como en todos los casos, no es perfecta, pero sí es perfectible. También hay que reconocer que incorpora temas que no son nuevos, pero que por lo mismo ya han sido mencionados por otros grupos en el pasado, lo cual debiera ser un punto a favor para lograr consensos. Y también hay que reconocer que ofrece ideas interesantes y, sobre todo, necesarias. Pero como suele suceder, el enunciado general presentado en el cuerpo de una iniciativa es una cosa, y su instrumentación u operación práctica en el futuro es otra, lo que genera enormes frustraciones. (La reforma al sistema de pensiones en el 97 es un ejemplo en algunos de sus aspectos como lo han mostrado sus casi once años de existencia). Es por eso que es necesario afinar los contenidos de las propuestas, y ojalá en la medida de lo posible se tuviera mayor claridad en el conjunto de reglamentaciones secundarias que deberán elaborarse y aplicarse en su momento.

Creo que todos, o la mayoría, estaríamos de acuerdo en que un tema central se refiere al funcionamiento administrativo, financiero y operacional de lo que sería el nuevo Pemex. La propuesta habla de un nuevo régimen de operación, de mayor transparencia y rendición de cuentas dando paso a un nuevo Comité de Auditoría, de una reestructuración del Consejo de Administración para agregar miembros independientes, de la creación de una Comisión del Petróleo para incluir opiniones técnicas adicionales, etc. En conjunto todas estas propuestas suenan bien y apuntan en el sentido correcto, pero no queda claro que sean suficientes para atacar los diversos problemas que buscan resolver, pero sobre todo que garanticen acabar con uno de los principales problemas que ha estado presente, con distintas intensidades, desde hace muchas décadas. La existencia de grupos rentistas (ampliamente documentada) que se han dedicado a extraer importantes rentas de esta industria de manera impune y que incluyen a algunos miembros del sindicato, a algunos funcionarios y empleados corruptos y a diversos proveedores o contratistas. Este fenómeno se ha constituido a lo largo del tiempo en un hoyo negro por donde se han diluido parte de las ganancias derivadas de la explotación de un recurso que se presume es propiedad de todos. Qué bueno que se busque agilizar los contratos eliminando los procesos burocráticos que existen en este sector y muchos otros en la actualidad y que generan muchas rigideces, pero habrá que garantizar que esto no facilitará a los “rentistas” su labor. Insisto, este no es un punto trivial. La experiencia pasada cuando se han implementado cambios o reformas importantes que han significado avances importantes para la economía y la sociedad en su conjunto, las ganancias para el país se han visto acotadas por no atacar de fondo el problema derivado de la presencia de estos grupos rentistas. Simple y sencillamente la regulación y supervisión gubernamental no siempre ha sido suficiente y ha quedado rebasada en muchas ocasiones.

Otro aspecto central se refiere al uso de los ingresos generados por este recurso, y en particular los excedentes, los cuales debieran ser nuevamente materia de discusión, ya que la actual propuesta habla sólo de los excedentes de los ingresos propios. En última instancia este es el único factor que valida o da materia concreta al enunciado de que el petróleo es de todos los mexicanos. Mientras no se logre avanzar en una reforma fiscal que encuentre sustituto a los ingresos petroleros, es claro que estos tendrán que seguirse destinando a las finanzas públicas. En todo caso, su uso en gasto público ha sido el único mecanismo para redistribuir estos beneficios entre la población, aunque sea de manera desigual. También es fundamental mantener un fondo de estabilización, siempre y cuando su uso responda a los criterios que sustentan la creación de estos mecanismos que permiten suavizar los ciclos. Destinar recursos a la inversión en Pemex no debiera ni siquiera discutirse: es urgente. Probablemente el punto más polémico se refiere a los recursos destinados a los estados, ya que no necesariamente reflejan un esquema redistributivo y dicho sea de paso, no ha obligado a las entidades a mejorar sus esquemas de recaudación ni de mejora en transparencia de su gasto en muchos casos. Si la idea es redistributiva, en mi columna pasada adelante la propuesta de contribuir a un fondo que permita ofrecer una pensión básica universal que contribuye a construir un sistema nacional de pensiones, a mejorar la red de protección social y a contribuir en reducir la pobreza en ese estrato de la población. Sólo algunas ideas.

alejandro.villagomez@cide.edu