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La policía capitalina no fuma la ley antitabaco. Nos comentan que en varias oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal la ley antitabaco es letra muerta. Los funcionarios que encienden sus cigarrillos, a pesar de las casi súplicas de los no fumadores, argumentan que ese es “territorio autónomo”. Por todo el edificio hay carteles pegados que advierten que está prohibido fumar y, desde luego, sobran policías que podrían hacer cumplir la ley. Sin embargo, no es nada fácil para los uniformados pedir a sus jefes que apaguen el cigarro. Más de un rector de universidades públicas y privadas ha manifestado su asombro ante el hecho de que la canciller Patricia Espinosa rechace las invitaciones que le hacen a participar en foros especiales en materia de relaciones internacionales. Los académicos nos comentan que sólo hay una institución educativa a la que la secretaria de Relaciones Exteriores nunca le dice que no. Adivinó, se trata de su alma mater, el Colegio de México. De por sí la justicia es ciega y todavía le quitan la luz. Ayer la serie de apagones que afectó la vida de los capitalinos alcanzó las oficinas de la Procuraduría General de la República. ¿Es posible que una de las instituciones encargadas de la seguridad no tenga una planta de emergencia para poder seguir la lucha sin cuartel contra el hampa? Muy enojado se vio ayer en Tabasco a don Eduardo Medina Mora durante la clausura de la 20 Conferencia Nacional de Procuradores. Después de que se tuvieron que hacer algunos ajustes en la agenda, pues el presidente Felipe Calderón adelantó un par de horas su intervención en la clausura del evento, los procuradores estatales salieron del salón después del mensaje del mandatario y no tenían ganas de regresar a los trabajos de la reunión. El propio abogado de la nación tuvo que salir por sus homólogos estatales que muy tranquilos bebían café y daban entrevistas a los medios. Nos aseguran que el jueves pasado directivos de Pemex dijeron a la comisión Mouriño que el secretario de Gobernación no incurrió en tráfico de influencias y que los contratos de Ivancar no tienen problema. Nos comentan que ese será el tono de las respuestas que escuchen los legisladores sobre el tema, pues la administración federal prácticamente llegó ya a la conclusión de que no hay nada ilegal. Vaya, ni Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, ha encontrado algo que imputarle a su compañero de gabinete, aseguran. El pasado jueves en este espacio le informamos que la resistencia pacífica del Frente Amplio Progresista en contra de la reforma energética, y en especial la diputada Valentina Batres, había tenido la descortesía de impedir a decenas de personas, muchas de ellas de la tercera edad, utilizar el elevador de la Cámara de Senadores y las había condenado a utilizar las escaleras para subir. Ayer la señora Batres mandó una carta a este espacio en la que asegura que tiene el más alto respeto y admiración por los adultos mayores y que es incapaz de haberles impedido el uso de los elevadores.
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