Tintero económico

¿Sería posible pensar en un esquema que de una manera tangible mostrara a todos los mexicanos que son realmente receptores de los frutos de la explotación del petróleo?

Como era de esperarse, el tema central en el debate y la movilización política que enmarca la discusión sobre la propuesta de reforma a Pemex, enviada por el Ejecutivo, es el referido a la propiedad del petróleo y el profundo sentimiento nacionalista que esto conlleva.

Después de todo, durante las últimas cuatro décadas (después de que el precio mundial se revalorizó) se ha dado mayor énfasis al mensaje de que este recurso, nacionalizado en 1938, es propiedad de todos los mexicanos y como tal, debemos defenderlo hasta el final.

Independientemente de que, como lo muestran los documentos enviados al Congreso, éste no es un tema incluido, no hay forma de escapar a esa discusión en este momento. Es cierto, el petróleo es propiedad de la nación y por eso es nuestro, aunque para la mayoría de los mexicanos esta propiedad resulte en algo más abstracto y simbólico.

Hay que tener presente que la materialización de este hecho, como en el caso de la propiedad de cualquier activo, ocurre en la medida que nos genere una retribución transparente que además, en principio, debiera ser distribuida de manera equitativa entre todos los mexicanos, pues como se señala, todos somos propietarios en la misma medida. Y es aquí donde empiezan los problemas y las confusiones, ya que perfectamente puede demostrarse que esto no ha sucedido.

Como ya lo he mencionado en otras ocasiones, es cierto que todos hemos recibido algún tipo de beneficio derivado de la explotación del petróleo vía gasto público, pero la distribución de estos frutos ha sido muy desigual, favoreciendo en mucho mayor medida a grupos rentistas ya sean políticos, funcionarios, líderes sindicales o proveedores, nacionales o extranjeros. Y no sólo eso, sino que como lo muestra el diagnóstico presentado hace días, esta riqueza se está dilapidando por falta de cambios radicales que permitan optimizar los beneficios para ésta y futuras generaciones.

En consecuencia, el sentido común debería sugerir que para que efectivamente todos los mexicanos disfrutáramos de este recurso de propiedad común deberíamos asegurarnos de obtener nuestra “porción del pastel”, pero además deberíamos buscar que este pastel creciera en el tiempo, para lo cual no hay otro camino si no se modifica de raíz el funcionamiento de la empresa que se dedica a explotarlo y la enmarcamos en un entorno de verdadera transparencia y rendición de cuentas.

Si no se entiende esto, es claro que, de manera correcta o no, la simple percepción de que prácticamente cualquier reforma terminará abriendo las puertas al capital y propiedad privada a este recurso generará una oposición que va desde el planteamiento razonado y crítico hasta la movilización irracional y manipulada.

Pareciera ser que los “bonos ciudadanos” serían parte de una tímida respuesta a esta polémica al plantearse como “un instrumento para que los mexicanos se beneficien, de manera más directa, del desempeño de Petróleos Mexicanos…”

Desde luego que también se plantean como un mecanismo de financiamiento, aunque hay que reconocer que este papel es limitado (amén de que existen otros mecanismos más eficientes), no sólo porque inicialmente se limita su monto (probablemente a no más de 3% de la deuda de la empresa) y porque a pesar de los topes que se plantean en su tenencia, sólo una porción de mexicanos serán poseedores de ellos.

También se menciona que esto permitirá mayor rendición de cuentas, pero también esto puede obtenerse de otras maneras, después de todo se está planteando una reforma que debe incluir, con o sin bonos, mucha mayor transparencia.

¿Podría haber sido factible pensar en un mecanismo que efectivamente permitiera una distribución equitativa, generalizada y directa de esos beneficios, que contribuyera a resolver alguno de los grandes problemas que aqueja a la mayoría de los mexicanos, y que al ser percibido de esta manera facilitara la aprobación de una reforma? Por ejemplo, por qué no pensar en ir generando un fondo derivado de parte de los excedentes petroleros que permita financiar parte de una Pensión Básica Universal.

Estamos conscientes que este es un asunto que tarde o temprano deberá afrontar el país. Chile, como en muchos otros temas, ya se ha adelantado con una reforma recientemente aprobada, mientras que en nuestro país se está atendiendo este problema de manera focalizada.

De acuerdo con un estudio de mi colega del CIDE, John Scott, ampliar un beneficio equivalente a los 730 pesos mensuales a toda la población en el país con 70 o más años conduciría a un gasto equivalente a 0.4% del PIB y hacia 2050 el costo anual permanecería por debajo de 0.6% del PIB.

Por otro lado, la ley establece cómo se distribuyen los excedentes generados por arriba de lo aprobado por la Ley de Ingresos de cada año, en su mayoría petroleros. De éstos, 40% se destinan al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros que en la actualidad representan alrededor de 0.6% del PIB; el resto se envía a otros fondos para inversión en Pemex, para los estados y otros proyectos en infraestructura.

Un replanteamiento de esta distribución podría generar un fondo “semilla”, parte del cual se capitalizaría y podría ser utilizado para financiar a un Pemex reformado y más eficiente. No todo este programa de PBU se financiaría con recursos petroleros, pues está claro que no son suficientes y además son volátiles, pero habría que considerar que en la actualidad ya se dedican recursos en diversos programas, e incluso podría iniciarse el diseño de un programa nacional de pensiones, cuyo pilar solidario, distributivo y básico sería este, reduciendo los compromisos de pensión mínima garantizada en los programas ya existentes.

Es una idea preliminar que requiere más desarrollo (y sobre todo garantizar su viabilidad) y que por espacio no puede extenderse acá, pero a lo mejor podría haber contribuido favorablemente a la actual discusión.

alejandro.villagomez@cide.edu