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La guerra en casa
Hace unos días soldados del Ejército mexicano arrestaron a Cipriana Jurado, activista de los derechos de campesinos en Chihuahua. Luego de la reacción de las organizaciones civiles, salió bajo fianza. Desde que el Ejército llevó a cabo un arresto multitudinario de policías vinculados con el narco, ahora son los soldados quienes intervienen en tareas policíacas. Existen 43 órdenes de aprehensión en la procuraduría de Chihuahua, pero no son contra los asesinos de mujeres y niñas en Juárez, ni contra los narco-políticos, sino contra las organizaciones civiles que defienden los derechos humanos. Esta semana el general Jesús Juárez Loera, responsable de la 11ª región militar, habló en un desayuno con empresarios. Celebrado por el gobernador José Reyes Baeza, el militar responsable de la Operación Chihuahua se mofó de las comisiones de derechos humanos que han incrementado las recomendaciones al Ejército por violaciones a las garantías de la ciudadanía, que incluyen violencia, tortura, violación sexual, falsas acusaciones y asesinatos. Para el general esos son efectos secundarios, digamos “fuego amigo”. Encuestas de la última década muestran que la sociedad mexicana confía en el Ejército más que en cualquier otra institución. Pero parece que esa percepción cambia gracias a los abusos de poder de los militares. No podemos olvidar que hasta 1946 México fue gobernado por militares. El ejército fue siempre el brazo armado del PNR, luego rebautizado como Partido Revolucionario Institucional (PRI). La historia está plagada de militares corruptos, que fueron diputados, senadores y secretarios de Estado o generales asociados con el crímen organizado. Por eso cuando la sociedad muestra preocupación por la presencia militar, tiene motivos. El Ejército mexicano tiene, por mandato, tres doctrinas: la DN1, que es la preparación para la guerra contra enemigos externos. México no corre peligro de ataques extranjeros. Luego está la DN2, estrategia para garantizar la seguridad interna y la paz social. Y la DN3 que es para proteger a la población de desastres naturales. Es la que ha dado su halo angelical al Ejército. El problema está en la DN2, porque implica que el Ejército considere a la sociedad como enemiga del gobierno. Al anunciar la participación militar en el combate al narcotráfico, lo que se avaló es la guerra de baja intensidad, y en las guerras los derechos humanos no existen. El miedo pues, no es gratuito. La tarea de los militares es utilizar la violencia como acción política. Resulta peligroso que en aras de proteger la seguridad nacional, se criminalicen movimientos y líderes de derechos humanos. Si las policías no pueden abatir el narcotráfico por su corrupción ¿quién nos asegura el control de los militares? El crimen organizado se ha convertido en un problema de seguridad nacional, en lugar de uno de seguridad pública, porque la PGR y sus 32 procuradurías han sido penetradas por el narco. La milicia puede subsanar parcialmente el problema, pero puede generar uno mayor si las transformaciones no son estructurales. México tiene 280 mil efectivos en el Ejército, aunque les controla una élite muy preparada, en realidad, la mayoría son analfabetos funcionales, jóvenes armados sometidos a una doctrina de imposición de poder y violencia. Para ellos el enemigo está en casa y esta es una guerra. www.lydiacacho.net
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