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Pemex, ¿de quién es la urgencia?
La batalla por el petróleo se da contra reloj. El ambiente político se enrarecerá a partir de octubre cuando inicie el proceso electoral federal. Pero, en ausencia de una propuesta concreta, la reforma petrolera se ha convertido en una discusión con muchos adjetivos y pocos contenidos. Las señales son contradictorias. En el PRD llaman a debatir pero exigen que no se presente iniciativa alguna. Mientras los priístas, por voz de Emilio Gamboa, demandan al presidente Calderón que asuma la responsabilidad y los costos de presentar una iniciativa. Y este fin de semana, en la sesión del Consejo Político del PRI, Beatriz Paredes advirtió que la reforma petrolera está por encima de la urgencia de la derecha por forzar, “a través de diagnósticos catastrofistas, decisiones que enajenan el patrimonio de la nación”. La Convención Nacional Democrática (CND) que encabeza Andrés Manuel López Obrador agita las aguas, organiza sus brigadas y advierte de los riesgos de “privatizar la industria petrolera”. Por lo pronto, ya definió sus líneas de acción: los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) se excusarán de participar en los debates dentro del Congreso y, de ser necesario, decretarán una “huelga legislativa” que implicaría negar la naturaleza misma del Legislativo como el espacio por excelencia para la reflexión y el debate de los temas mayores de la agenda nacional. En el mismo sentido se inscriben los “cercos ciudadanos” a todos los recintos parlamentarios en el país, a los que seguiría una escalada de presiones hasta llegar, si fuera necesario, al bloqueo de instalaciones estratégicas de Pemex, aeropuertos y carreteras. Los graves problemas de Pemex no se produjeron en los siete años de gobiernos panistas. Las administraciones priístas hicieron mucho, deliberadamente, para arruinar a Pemex y eludieron su responsabilidad de fortalecer las finanzas públicas combatiendo los graves niveles de evasión y defraudación fiscales; después de todo, allí estaban a la mano la renta petrolera y los causantes cautivos. La SHCP exprimió a Pemex más allá de toda prudencia, mientras directores y altos funcionarios de la Federación cedían autoridad e hipotecaban las empresas públicas asumiendo que el destino nunca los alcanzaría. “El de atrás paga”, fue la divisa. En los últimos 25 años Pemex sufrió una política intencionalmente depredadora: se desmantelaron las áreas de investigación e ingeniería básica, de detalle, construcción y supervisión, y se contrataron servicios externos; se abandonó el mantenimiento, se descuidó el medio ambiente y se enfatizó la producción y exportación de crudo en detrimento de la exploración de nuevos yacimientos, la refinación y la petroquímica; se impusieron medidas para despedir o jubilar prematuramente a expertos que, en muchos casos, fueron reemplazados por yuppies ignorantes y engreídos; se multiplicó la alta burocracia y se incrementaron sus ingresos y prestaciones… La situación de Pemex es crítica, pero los impactos más severos no le tocarán al gobierno de Calderón sino a su sucesor en 2012; por eso la urgencia no es nada más del gobierno de Calderón, ni sólo de quienes aspiran a gobernar el país pero, antes, parecen apostar al fracaso de este gobierno. En todo caso, la prisa debería ser de todos los mexicanos. Lo peor que puede pasar es el mantenimiento del statu quo. Es imperativo abrir espacios para un debate serio, informado, evitando que los especuladores se apropien de la materia. Qué hacer con Pemex y el petróleo es una decisión política fundamental que debe debatirse y resolverse de cara a la nación.
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