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Finanzas públicas petrolizadas
La reforma al sector petrolero puede garantizar que se mantengan los ingresos públicos de origen petrolero, pero la “despetrolización” de las finanzas públicas sólo se podrá lograr mediante una verdadera reforma fiscal El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, señaló la semana pasada, en el marco de la reunión anual de banqueros, que las finanzas públicas de nuestro país están petrolizadas y que como mexicanos “somos adictos al petróleo”. Esta es una aseveración en la que no podemos estar más de acuerdo y en la que hemos insistido, no en el marco de la discusión de una reforma al sector petrolero, sino en el de la reforma fiscal. Es cierto, los mexicanos nos volvimos adictos al petróleo desde finales de la década de los años 70, cuando se nos dijo que deberíamos aprender a administrar la abundancia derivada de la explotación de un recurso que hasta ese momento nos dimos cuenta que era de todos nosotros. El problema es que lo que es de todos no es de nadie, o más bien es sólo de unos cuantos vivales y ésta ha sido la mayor parte de nuestra historia en las últimas décadas. Insisto, es cierto que todos hemos recibido frutos de la explotación petrolera, fundamentalmente vía gasto público, pero esta distribución ha sido altamente desigual, como sucede en general con el ingreso en nuestro país. Lo cierto es que la adicción al petróleo significó la petrolización de la economía durante muchos años. Esto quiere decir que al iniciar la década de los 80 el PIB petrolero (sin considerar comercialización) llegó a superar 12% del PIB total, las exportaciones petroleras representaron casi 80% de las exportaciones totales; los ingresos petroleros superaron 40% del ingreso público, y así como estos indicadores, buena parte de la dinámica en la inversión pública, privada y en el empleo se explicaba por el comportamiento del sector petrolero. La repentina disminución del precio internacional del crudo y la profunda crisis en la que se vio inmersa nuestra economía a partir de 1983 obligaron a replantear este modelo y buscar modificar nuestra estructura económica, dando paso a una reducción del petróleo en ella. Al iniciarse la década de los 90, el PIB petrolero había reducido su participación en el PIB total a menos de 5%, las exportaciones petroleras disminuyeron a 20% del total nacional y la inversión y empleo de nuestro país adquirieron dinámicas propias impulsadas por una serie de reformas estructurales que se fundamentaron en un mayor papel del sector privado y una acelerada y agresiva inserción en la economía mundial. Sin embargo, los ingresos públicos no mostraron un cambio en este sentido, y los ingresos petroleros tendieron a estabilizar su participación en el total en alrededor de una tercera parte. Es decir, mientras la economía en su conjunto mantuvo un proceso de “despetrolización”, los ingresos públicos no lo hicieron así, y en la actualidad, con el aumento en el precio internacional, esta participación de los ingresos petroleros se acerca a 40%. Esto quiere decir que cuatro de cada 10 pesos de nuestro gasto público están sujetos a fluctuaciones o volatilidad que (asumiendo pasará una reforma energética que permita recuperar exploración y producción) no depende de nosotros, sino de los vaivenes característicos del mercado internacional de un commodity, y en el largo plazo de que la exploración y producción sean suficientes para recuperar lo que estamos explotando hoy. En 1998 el precio internacional se redujo dramáticamente, por lo que nuestra mezcla de exportación llegó a cotizarse en alrededor de 8 dólares por barril. En esa ocasión, con la finalidad de no permitir un aumento en el déficit público, fue necesaria la reducción en el gasto público (en tres ocasiones), afectando fundamentalmente proyectos de inversión (que hoy reconoce y quiere revertir el programa nacional en infraestructura). Esto es lo que significa que nuestras finanzas públicas estén petrolizadas. Pero debe quedar claro que una reforma al sector petrolero como la que se intenta discutir en la actualidad sólo servirá, en términos de nuestras finanzas públicas, para evitar una disminución importante de los ingresos fiscales de origen petrolero en el futuro, pero no modificarán su petrolización. Para que esto suceda se requiere regresar a la discusión de una verdadera reforma fiscal que permita garantizar que las fuentes de financiamiento del gasto público sean sanas y permanentes, y no estén sujetas a la volatilidad de un mercado internacional como el petrolero. Obviamente esto significa aumentar sustancialmente la participación de los ingresos no petroleros, fundamentalmente tributarios. Los cambios fiscales del año pasado ayudan, tal vez poco, pero desde luego que no resuelven en problema fundamental de la petrolización de nuestras finanzas públicas. Este seguirá siendo un tema más de la amplia agenda de pendientes nacionales que conocemos desde hace ya varios años. alejandro.villagomez@cide.edu
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