Empresa

La razón que explica los violentos calificativos (o mejor dicho descalificativos) del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, contra la Auditoría Superior de la Federación se inscribe en un episodio de supuesta mano laxa del gobierno foxista hacia la empresa Unefon

De acuerdo con el órgano de vigilancia de la Cámara de Diputados, la autoridad actuó con extrema largueza al concederle dos prórrogas de 180 días a la firma de Ricardo Salinas Pliego para cubrir la contraprestación derivada de las frecuencias que se le asignaron para operar.

La vela en el entierro de Lozano Alarcón es que él fue quien concedió los plazos de gracia en su carácter de presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, por más que en paralelo exigió el pago de intereses… que se convertirían más tarde en manzana de la discordia.

Se diría que el funcionario quedó como el cohetero, al cuestionársele por el lado oficial si tenía facultades para abrir el paréntesis, y desde el lado privado si éstas alcanzaban la exigencia de imponer intereses.

El caso es que en el asunto están bailando 550 millones de pesos que se le devolvieron a Unefon, más 46 que quedaron pendientes, a los que se sumarán intereses de casi una década.

El enredo se vuelve mayor si se considera que la devolución a la firma del Grupo Salinas llegó el 30 de noviembre de 2006, es decir, el último día del gobierno foxista.

La punta de la madeja, empero, hay que ubicarla en la historia completa, cuyo origen se remonta al sexenio zedillista.

Como recordará usted, en 1997, ante la presión de mayor competencia en el escenario de la telefonía celular, el gobierno abrió una subasta para la designación de frecuencias en la que participaron media docena de empresas. La oferta se publicó en julio de ese año, bajo el patrocinio de la Cofetel.

De acuerdo con las bases, las firmas ganadoras entregarían a la recepción del espectro 20% de la contraprestación reclamada, y 80% en 30 días.

El caso es que vencido el plazo Unefon solicitó en línea dos prórrogas de 180 días, es decir, un año en total, que aceptó la Cofetel a cambio, decíamos, de pagar intereses, actualizaciones, recargos y demás.

El hecho es que ni la Secretaría de Hacienda ni la de Comunicaciones y Transportes objetaron la medida avalada por el titular de la dependencia con etiqueta de autónoma, Javier Lozano Alarcón.

Ahora que cubiertos finalmente los casi 3 mil millones de pesos que costó la concesión, Unefon inició un litigio ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en objeción de la facultad de la Cofetel para cobrarle intereses.

El litigio lo ganó en octubre de 1999, ordenando el órgano a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la devolución al quejoso de 596 millones de pesos, producto del principal y los intereses correspondientes.

La resolución, empero, fue objetada por la dependencia, lo que obligó a la intervención de un tribunal colegiado… que la ratificaría en casi todas sus partes, con la novedad de que se omitía la parte que señalaba la obligación específica de la devolución.

El asunto obligó a un nuevo proceso en el que se documentaría, ahora sí con especial claridad, quién debía pagar la cantidad.

La sentencia con calidad de inapelable, llegó el 20 de abril de 2006.

Doblegada, pues, la resistencia de la dependencia encabezada entonces por Pedro Cerisola, se pidió una partida especial a la Secretaría de Hacienda cuyo titular, Francisco Gil Díaz, rechazó la posibilidad.

En el estira y afloja, empero, llegaría un apremio por parte del Tribunal Colegiado a la dependencia, condenando de entrada al subsecretario de Comunicaciones al pago de un mes de salario por concepto de multa.

En ese prisma, ante la posibilidad de ser acusada de desacato, la dependencia recurrió a sus ahorritos para pagar, logrando juntar 550 millones… que se entregaron el último día del sexenio.

Quedaban en el tintero, pues, los 46 restantes que reclama aún el Grupo Salinas, firme el dedo en el renglón.

La cantidad, naturalmente, la engordarán los intereses, recargos, actualizaciones y demás, lo que hace imposible para un lego como el autor de esta columna calcular su monto total.

El asunto volvió a los mares de tinta con el resultado de la revisión de la Cuenta Pública de 2006 que realizó la Auditoría Superior de la Federación, en un marco en que no se objeta la legalidad de la devolución, pero sí la autoridad de la Cofetel para conceder las prórrogas.

Sí, pero no.

De ahí, pues, la ira del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.

La bola de nieve, así, se convirtió en un alud económico-político.

Balance general

En la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para permitir un trato especial de cara al cálculo del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) en el renglón de deducciones, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga está aplazando el cambio de su dirigencia.

El relevo estaba previsto para fines del mes que corre, con la novedad que el paréntesis se abrió indefinidamente.

Como usted sabe, la pelea de los transportistas es para que se les reconozcan los gastos que realizan en el traslado de sus unidades, incluidos costos de peaje, gasolina y atención de emergencias en las carreteras.

Por lo pronto, la mitad de los agremiados a la Cámara que los representa se han amparado.

Divorcio al vapor

La noticia es que Cementos Mexicanos pactó ayer la venta de 119 millones de Certificados de Participación Ordinaria equivalentes a 9.5% del capital de la empresa de telefonía Axtel, lo que le permitirá recuperar 257 millones de dólares de una inversión que mantenía con etiqueta de largo plazo.

La operación se formalizó vía un contrato a futuro sobre el precio de los papeles, de acuerdo con su cotización al momento de la liquidación.

El monto representa 90% de la participación de la firma de Lorenzo Zambrano en la telefónica encabezada por Tomás Milmo Sada.

Tregua rota

Quebrada la tregua que había logrado la intermediación de la Secretaría del Trabajo, el sábado pasado reapareció la violencia en las instalaciones de Minera de Cananea, cuando un grupo de trabajadores de la sección 65 del sindicato minero impidió por la fuerza el ingreso a la factoría.

Como usted sabe, aunque existe un amparo contra la declaración de inexistencia de la huelga que paraliza desde hace siete meses a la principal productora de cobre del país, éste no impide la realización de labores, por más que tampoco obliga al regreso de los huelguistas.

La protección, en tal caso, apunta a que no se les rescinda el contrato a quienes se nieguen a laborar. El problema es que el sindicato agotó ya su fondo de resistencia, lo que lo está forzando a realizar actos desesperados.

Relevo en Holcim

Ayer, finalmente, se formalizó el cambio de estafeta en la dirección del Grupo Holcim Apasco. Eduardo Kretschman sustituye a Pierre A. Freidevaux Chaván.

El primero se desempeñaba como director general de las cementeras del emporio suizo en Chile y en Argentina.

Su ingreso a la firma llegó en 1981 vía Cementos Polpasco de Chile, de donde saltaría a director de Finanzas del grupo, tras estudiar un posgrado de Administración en Harvard.

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