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Acceso limitado a la banca
A propósito de la próxima reunión anual de banqueros, es importante reconocer que existen aún diversos rezagos en el sector y que existe una agenda pendiente, que debe ser atendida por el gobierno y estos intermediarios Hace algunos días, esta sección Finanzas de EL UNIVERSAL dio cuenta sobre el limitado acceso a los servicios bancarios formales que enfrentan aún muchos mexicanos. Según la nota, de acuerdo con la Condusef, en México los intermediarios financieros, y en particular la banca, atienden a menos de 40% de la población. Mientras que en Chile existen 1.4 sucursales bancarias por cada 10 mil habitantes y en España 9.5, en nuestro país este indicador es de apenas 0.81, además de que se encuentran fuertemente concentradas en los principales centros urbanos. Este panorama se refuerza con datos obtenidos de la Federación Latinoamericana de Bancos, la cual destaca el atraso de nuestro país en esta materia. Creo que es un tema de alta relevancia que debiera preocuparnos a todos y que debiera ser analizado con seriedad y profundidad por los banqueros en su próxima reunión anual. Todos sabemos que la historia moderna de nuestro sistema financiero, y en particular del bancario, no ha sido una de las más afortunadas, por lo que su papel como factor impulsor de nuestro crecimiento económico ha sido más bien limitado. Pero lo más grave es que sus errores, amplificados por errores en políticas públicas, nos costaron muy caro a todos los mexicanos hace tan sólo poco más de una década. Probablemente la época dorada de este sector fue durante la década de los años 60 y parte de los 70, cuando se produce una importante expansión de estos servicios y una creciente intermediación financiera que jugó un papel importante durante la fase conocida como Desarrollo Estabilizador, tal y como lo documenta Ortiz Mena en diversos escritos. Pero el primer gran error fue la nacionalización bancaria en 1982, no por el hecho de la acción, a la cual han recurrido gobiernos de izquierda o de derecha (como el caso de Pinochet en Chile), sino porque no existió una visión de largo plazo y terminó por provocar una proceso de desintermediación bancaria. La recuperación y reestructuración del sector era urgente y en este sentido se dio paso a su privatización a principios de los 90, pero de nueva cuenta, los errores en políticas gubernamentales aunados a la carencia de verdaderos banqueros, muchos de los cuales mostraron su pericia como “casabolseros”, pero sus limitaciones como banqueros, terminaron en una profunda crisis financiera y bancaria en 1995 que significó un enorme costo para la sociedad mexicana. Este hecho aceleró la incorporación de capital extranjero buscando una rápida capitalización de los maltrechos negocios y la incorporación de tecnologías de punta para modernizar a un sector clave en la economía y lograr una acelerada bancarización. A poco más de 10 años de este proceso, los resultados dejan aún que desear. Es cierto, el capital extranjero permitió una rápida recuperación del sector de una crisis profunda, pero los resultados han sido mixtos, propios de un mercado muy segmentado asociado a una sociedad que mantiene una de las peores distribuciones del ingreso en el mundo. Es por eso que en la actualidad coexiste un sector bancario altamente tecnificado y moderno que atiende a un reducido grupo de clientes con alto poder adquisitivo, con otro dirigido a un público mayor, pero de ingresos más limitados, que aún muestra prácticas comerciales no tan modernas, y en este entorno, existe una amplia población que ni siquiera tiene acceso a estos servicios, debido en gran parte a la pobreza en que se encuentran y por lo que constituyen “clientes” muy caros para el sistema. La alternativa ofrecida mediante la expansión de un sector financiero “popular” que pudiese atender a esta población también ha tenido resultados poco alentadores por parte de las autoridades. El esfuerzo enfocado a cajas populares y otro tipo de intermediarios de ahorro y préstamo popular, montados en la infraestructura del antiguo Patronato del Ahorro Nacional, convertido a Bansefi, ha arrojado resultados limitados y el marco legal aprobado para tal fin ha resultado en serios obstáculos para estos intermediarios. En este sentido no extraña que el nivel de bancarización, o más general, de acceso de la población a servicios financieros formales sea aún limitado en nuestro país, aun comparado con países con desarrollo económico similar al nuestro. Esta situación la reconoce el mismo director general de BBVA-Bancomer, cuando durante el lanzamiento de un interesante programa de promoción al ahorro hace unos días señalaba que el crédito en nuestro país como proporción del PIB es de 15% mientras que en países como Brasil, India o China puede llegar hasta 25%. Tampoco extraña que el ahorro financiero (la porción del ahorro de los individuos y empresas que es intermediado por el sector financiero formal) no supere 60% del PIB, y que si bien ha aumentado en los últimos años, habría que reconocer que buena parte de este aumento es resultado de un ahorro obligatorio derivado del sistema de pensiones y no de una acción voluntario de los individuos. En este sentido es crucial promover la educación financiera, pero es igual de urgente mejorar la provisión de servicios financieros para la mayoría de la población. Es claro que este sigue siendo un pendiente importante en nuestro país. alejandro.villagomez@cide.edu
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