Agenda del debate

Medios: Slim vende o achica Telmex para enfocarse a lo digital: video, audio, móviles

Vengan redes nacionales de tv: una del Estado y otra privada; las nuevas reglas del juego van

Parecía incierto hasta ayer el desenlace de las acusaciones del PRD al secretario de Gobernación, pero desde ahora se pueden establecer algunos saldos y lecciones.

Un principio básico en el campo de la comunicación plantea que la mejor estrategia de protección frente al riesgo de que irrumpa una información que pueda vulnerar a una persona o una institución es… entregarle esa información a los medios. Y cuanto antes, mejor.

Se trata de anticiparse a informar con la ventaja de poner por delante de la agenda del debate público la versión y la interpretación propias de aquello que puede ser sujeto a controversia. El propósito es inocular a la persona o a la institución de los efectos negativos que suele provocar el hecho de que esa misma información la den a conocer (con su propio giro) los competidores, los adversarios, los enemigos o directamente los medios de comunicación.

Y hoy es preciso partir de que en esta época de flujos informativos prácticamente sin barreras, incluso la información mejor resguardada, si es susceptible de ser manejada en contra, tarde o temprano llegará a manos de quienes la divulgarán. Encontrar las fisuras por las que se colará esa información es asunto de rutina. En efecto: se inscribe en la rutina beligerante de los competidores o enemigos, en la rutina profesional de los informadores y en la rutina de las empresas informativas en su búsqueda de lectores y audiencias.

Esto vale, por ejemplo, para los videos de René Bejarano, quien cuatro años después vuelve ahora a la agenda pública sólo para comprobar los prolongados y demoledores efectos de haber dejado que los cadáveres de su clóset los sacaran y los mostraran otros. Esto, con los impactos correspondientes sobre sus aliados de ayer y de hoy, Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas.

Pero esto vale también para Juan Camilo Mouriño y su oportunidad perdida de haberse anticipado a entregar a los medios, primero, los datos más convincentes en que se sustenta el cumplimiento de los requisitos constitucionales para acreditar su nacionalidad mexicana por nacimiento. Y más tarde, los elementos que hubieran probado, previamente y con los mayores elementos de convicción, la solvencia de su trayectoria como servidor público, de cara a los negocios privados de su familia relacionados con la industria petrolera del Estado.

Jefe de gabinete a la defensiva

Todo lo anterior, claro, bajo el supuesto de que efectivamente todo está en regla. El problema ahora es que aunque todo esté en regla, tanto el funcionario como su gobierno y su grupo político aparecen dando tumbos a la defensiva, bajo el golpeteo inclemente al que los expuso su imprevisión.

Las complicaciones derivadas de haber perdido la iniciativa en este punto configuran un escenario de crisis de comunicación en el gobierno del presidente Calderón. Se trata de un ataque informativo que dio en el blanco y conmocionó a quien designó como jefe de gabinete y cabeza política del proyecto de reforma energética, al grado de que se ha hecho saber que el secretario de Gobernación ya no ejerce esta última función de líder del equipo negociador de esa reforma con el Congreso.

Y es el caso que cuando los enredos informativos y la colocación repetitiva de mensajes adversos en la agenda pública empiezan a afectar —como en este caso— el cumplimiento de las funciones de las instituciones y de los funcionarios a su cargo, es que estamos ante un signo inequívoco de que se ha entrado en una crisis de comunicación.

Y aquí hay algo más que agrava las cosas: a juzgar tanto por las erráticas respuestas como por los vacíos de respuestas del funcionario cuestionado lo mismo que de su gobierno, su partido y sus legisladores, parecería que, a la crisis derivada de la primera imprevisión, se está agregando una nueva, al no dar muestras de contar con un plan de manejo de crisis. Sí, de una crisis que está en curso, aunque los directamente afectados insistan en no acusar recibo de su llegada.

Por lo pronto ya han empezado a desencadenarse efectos típicos de crisis. Lo mismo en el discurso cada vez más cauteloso de los cercanos a Mouriño, que en el de franca desbandada de quienes aparecían como los más confiables aliados del Presidente y su jefe de gabinete hasta antes del estallido de la crisis. Y allí están los líderes priístas del Congreso, en alianza hasta la víspera con el PAN y su gobierno, aliados ahora al PRD para integrar la investigación parlamentaria contra el secretario de Gobernación del gobierno panista.

Slim: el título de la discordia

Ésta y la anterior semana han encabezado ya la agenda del debate público los contratiempos del presidente Felipe Calderón y de su equipo en el marco de las luchas de poder dentro del sistema político, es decir, en el Congreso, los partidos y los medios. Pero en la agenda del debate soterrado parecerían marchar en paralelo una serie de movimientos que confirman cambios radicales en las luchas de poder dentro del sistema mediático.

El impedimento legal para que Telmex pueda incursionar en televisión sin modificar su título de concesión —y los obstáculos para modificarlo— generó ya antídotos con toda la factura de su dueño. Se asegura que Carlos Slim habla de vender el viejo Telmex, una vez que empieza a encontrar límites el crecimiento exponencial de utilidades basado en precios monopólicos. Pero sobre todo una vez que encontró, sin Telmex, la salida al negocio de la televisión —y a los demás servicios del llamado triple play— a través de los 50 megahertz en banda de 3.4 a 3.7 gigahertz que obtuvo del gobierno de Zedillo desde 1998. Además dispondrá de un satélite de cobertura continental que está a punto de lanzar su compañía brasileña Embratel —informan despachos de prensa de por allá— para asegurar una plataforma de video DTH, similar a Sky. Pero si bien ya tiene estas opciones, hablar de la venta de Telmex podría también tener el sentido de presionar para lograr la aceleración del cambio de su título de concesión y así tener una opción más inmediata, argumentan otros expertos. Y si no lo logra, la opción no sería necesariamente la venta de la empresa, sino su reducción a la prestación de telefonía conmutada tradicionalmente, para concentrarse en sus demás empresas en el menos regulado y más lucrativo mundo digital.

Y en el esquema de la restauración de la supremacía del sistema político sobre el sistema mediático, la novedad sería la insistencia del Ejecutivo, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en sacar adelante la licitación para una nueva red nacional de televisión privada y en reinstaurar una red nacional del Estado.

Por estas vías parece estar en curso el verdadero cambio de reglas del juego en la relación de poderes políticos y sistema mediático.

jose.carreno@uia.mx