Itinerario Político

Hace 20 años, las bandas de ladrones y los secuestradores nacientes pagaban “cuota de plaza” a los jefes policiacos

El narcotráfico se ha colocado por encima de las instituciones del Estado que hacen el trabajo de vigilancia

Por alguna razón que no es fácil de entender, una buena parte de los llamados “comentócratas” de los distintos medios no sólo dudaron de la participación del narcotráfico en el estallido del pasado viernes en la Zona Rosa, sino que algunos “genios” de la todología se aventaron la puntada de calificar el del bombazo como un “asunto menor”.

Y por supuesto que se entiende que gobernantes, líderes partidistas y otros sectores insistan en la “chabacana” postura que supone que el Distrito Federal es algo así como “una burbuja” alejada de todos los males del resto del país —porque aceptar que el DF es el centro de operaciones del crimen organizado y el narcotráfico, para gobernantes y políticos sería igual a aceptar sus incapacidades—, pero lo que no se vale es que los señores de la política pretendan seguir engañando a los ciudadanos en asuntos como el de la nueva jerarquía del crimen organizado y el narco.

Al final de cuentas, la casualidad de un oportuno video y una rápida indagatoria demostraron que —como bien lo reporteó EL UNIVERSAL—, el más poderoso de los cárteles del narcotráfico que operan en la capital del país, el de El Chapo Guzmán, está detrás del bombazo y que el blanco era un alto mando de la Secretaría de Seguridad Pública del DF; una venganza por los operativos que incautaron importantes arsenales a un cártel que, por cierto, tiene su principal asiento en el barrio bravo de Tepito.

Y una vez confirmado que el “cártel de Tepito” intentó asesinar a un jefe de policía de alto rango —mediante un método terrorista como el de colocar una bomba en su automóvil—, y que se desmontó hace un mes otro operativo de un grupo de sicarios que tenían la orden de matar a José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de la PGR, aparece un conjunto de interrogantes cuyas respuestas nos confirman que asistimos a la “madre de todas las batallas”; a la lucha del crimen organizado contra las instituciones del Estado por el control de la mayor de las plazas del país, la capital de la República. Y ese, por donde se le quiera ver, no es un asunto menor.

¿Pero de dónde sale la idea de que se vive la “madre de todas las batallas” entre el crimen organizado y el Estado, y que en la capital del país está en juego “la nueva jerarquía del narcotráfico”? Vamos por partes.

Todos saben, sobre todo políticos, gobernantes y hombres de poder en general, que hasta hace por lo menos dos décadas, el poder real en todo el territorio nacional lo tenían los caciques regionales o estatales; hombres de horca y cuchillo que mediante el control político y policiaco mantenían bajo control sus feudos. Esos caciques, en la mayoría de los casos, gobernadores o jefes de tal o cual clan regional, depositaban una buena parte de su poder en las fuerzas policiacas estatales y/o municipales, cuyos jefes formales o reales mantenían a raya a las distintas expresiones del crimen organizado de entonces.

Es decir, que hasta hace 20 años, las bandas de asaltabancos —de moda entonces—, de ladrones de autos, casas, y los nacientes secuestradores o narcotraficantes, debían pagar la “cuota de plaza” o “cuota de piso” a los jefes policiacos —y por consecuencia a políticos— de las regiones o los estados en los que operaban. El control de las distintas modalidades del crimen organizado que existían en todo el territorio nacional hace dos décadas lo tenían los poderosos jefes de policía que se amparaban en hermandades y sectas que controlaban y protegían al crimen.

Pero el poder económico que alcanzaron algunas expresiones de ese crimen organizado — robo de autos, secuestro y, de manera especial, el narcotráfico— alteró el equilibrio y la jerarquía del poder entre cuerpos policiacos y bandas criminales, al grado que los primeros, los policías, se debieron someter al poder económico, de armamento y de terror de los segundos, a los cárteles de las drogas. Las policías municipales y estatales de casi todo el país no sólo son instituciones del Estado al servicio y bajo sueldo de bandas criminales y del narco, sino que están sometidas mediante el terror. La vieja expresión de “plata o plomo” es la regla fundamental.

A partir de esa realidad surgen interrogantes básicas. ¿Alguien se ha preguntado la razón por la que en los recientes cinco años se cuentan por miles los casos de policías municipales, estatales y federales asesinados mediante el sistema de ejecuciones? Se entendería que en enfrentamientos entre ambos bandos —policías y narcos— existieran bajas de ambos lados. Pero no, más de 90% de las bajas de policías son por ejecuciones. ¿Por qué razón, incluso, existe entre los narcos la pistola “matapolicías”? ¿Por qué en estados como Michoacán, Sinaloa, Sonora, Durango, Tamaulipas, Hidalgo y otros, los cárteles de las drogas financian partidos políticos y candidatos a alcaldes y gobernadores, y sólo piden a cambio el puesto de jefe de la policía?

Las respuestas las conocen todos los políticos y los gobernantes. Porque la jerarquía del crimen organizado y el narco se ha colocado por encima de la jerarquía de las instituciones del Estado que hacen el trabajo de vigilancia: las policías. Hoy los policías son los empleados del narco, sus solapadores, sus guaruras, los servidores públicos, con uniforme, charola y patrulla, pero que sirven a los intereses del narco y del crimen organizado.

Y lo que estamos viendo en el Distrito Federal es parte de ese mismo fenómeno que ya es una regla en casi todo el país, pero que en la capital encuentra resistencias, porque las hermandades policiacas aún tienen un poder propio. Matar a José Luis Santiago Vasconcelos, asesinar mediante un coche-bomba a un alto mando de la Secretaría de Seguridad Pública del DF no son más que expresiones de fuerza, de sometimiento de los cuerpos policiacos, de las instituciones del Estado, a los barones de la droga. Estamos a punto de presenciar en el Distrito Federal, lo mismo que en casi todos los municipios y los estados del país: el sometimiento de los cuerpos de policía, por parte del crimen organizado.

Una expresión que, no podemos olvidarlo, también se ha metido en instituciones fundamentales, como las castrenses. Pero de eso nos ocuparemos en otro momento.

aleman2@prodigy.net.mx