Bitácora Republicana

Es pertinente homenajear a nuestra vapuleada Constitución a través de una reflexión sobre su enigma fundamental. Hay coincidencia plena en que su artículo cardinal es el 39, que deposita la “soberanía nacional en el pueblo” y estipula que “todo poder público dimana de éste” y “se establece para su beneficio”. Añade que el pueblo tiene “en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

No hay sin embargo coincidencia en la manera como pueden ejercerse esas potestades. Los más conservadores se atienen a la letra del artículo 41, según el cual “el pueblo ejerce su soberanía” por medio de los poderes de la Unión y los de los estados —redacción que excluye absurdamente a los municipios. Pero ello no corresponde al espíritu del mandato que obviamente otorga al pueblo poderes a la vez originales y residuales, más allá de la conducta de sus representantes.

Mario de la Cueva sostenía que en ese precepto está implícito el derecho a la revolución, para los casos en que el mandato popular haya sido traicionado, y recordaba el derecho de resistencia contra la opresión de la Declaración de 1789. Lo refutaban formalmente mediante la invocación del artículo 136, que reza: “Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia” en olvido de que el propio precepto prevé que se restablecerá su vigencia, “tan luego como el pueblo recobre su libertad”.

Este callejón sin salida aparente ha sido resuelto por el constitucionalismo moderno a través de las diversas modalidades de la democracia participativa. De otra manera no hubiese sido posible que las transiciones reemplazaran históricamente a las revoluciones. Muchas se abrieron paso por medio de movilizaciones sociales y consultas ciudadanas que derrocaron gobiernos y reconstruyeron andamiajes institucionales. En todo caso, ha servido de contrapeso al secuestro de la voluntad popular en que frecuentemente incurre el régimen representativo.

Desde la propuesta de la Corriente Democrática en 1986 abogamos por la primacía del “poder ciudadano” y dijimos que aspirábamos a “una auténtica democracia que rescate el impulso de la sociedad civil en la definición, ejecución y supervisión de los actos de gobierno”. Tal fue la constante de nuestras proclamas hasta que en 1995 logramos convertir “la comunicación social y la participación ciudadana” en uno de los cuatro capítulos de la primera agenda para la reforma política del Estado.

A pesar de la enorme cantidad de propuestas presentadas en el actual episodio de la reforma, esas dos cuestiones torales han sido evadidas. Ello motivó que en la reunión plenaria de anteayer la representante de las organizaciones sociales hablara de un proceso de “simulación” y denunciara la resistencia cupular al cambio, por lo que confiar las iniciativas civiles a la partidocracia era como poner la Iglesia en manos de Lutero.

La definición misma de nuestra República como “participativa” ha sido enterrada. Entre la prolija enumeración de modificaciones al capítulo de garantías no aparece el derecho a la comunicación democrática y las obligaciones correlativas de los medios. Ha sido soslayada la extraordinaria coincidencia de posiciones por lo que hace a la introducción de las figuras del referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, tanto como la incidencia de propuestas sobre revocación de mandato, contraloría social, presupuesto participativo y gobierno comunitario.

Los modelos de participación social en el diseño, gestión y evaluación de los servicios públicos han sido llanamente eliminados. Aun cuando hay avances en el proyecto de creación de un Consejo Económico y Social, se le regatea el carácter vinculante de sus decisiones en la elaboración de los programas y políticas públicas así como su derecho de iniciativa. Se acepta de buen grado su presencia ornamental y legitimadora, pero se adelgazan sus competencias constitucionales.

Semejante retracción tal vez se relacione con el cisma que los propósitos confesos de Calderón en materia energética han provocado en la conciencia pública. Las encuestas que he tenido bajo mis ojos son reveladoras: según el sesgo de las preguntas, entre 63% y 79% de la población se opone a la privatización del petróleo; porcentajes semejantes consideran que debe preservarse el dominio de la nación sobre los hidrocarburos, el prestigio de Pemex es mucho mayor que el del Congreso y el segmento más decidido está compuesto por jóvenes. Pero lo más importante: se aprecia un notable renacimiento ciudadano.

De toda evidencia procedería un referéndum sobre las modificaciones legales en curso que desenmascarara los anunciados contubernios entre partidos y legisladores, como ocurrió en Francia cuando el rechazo a la Constitución europea. De lo que podemos estar seguros es de que el pueblo tendrá la última palabra, en los términos estrictos del artículo 39: No pasarán.

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