Plan B

Terminó sus clases y al sonar la campana, Adriana, sonriente y estudiosa jovencita de 15 años, se despidió de sus amigas de la escuela. A plena luz del día esperando el camión para volver a casa a comer con su familia, fue secuestrada y nadie supo más. Sucedió a principios de este 2008. Johana, de 20 años, fue asesinada en su casa luego de un asalto sexual. María Guadalupe recibió una estocada en el corazón por atreverse a contestarle a su esposo, y el 20 de enero, Mirna, una adorable pequeña de 10 años fue asesinada luego de un ataque sexual. Así comenzaron el año sus familias.

Para la comunidad internacional este es un grave problema de Estado que exhibe al gobierno. Las vidas de estas jóvenes y niñas forman parte de la lista de más de 430 víctimas de una masacre sistemática en una nación que no está en guerra. Es México. Y esta cifra no es de todo el país, sino simplemente de uno de los 32 estados de la República: Chihuahua.

Si usted sigue leyendo esta columna significa que no está entre los miles que cada vez que escuchan sobre feminicidios en Chihuahua exhala y piensa: “Otra vez eso de Ciudad Juárez” y elige ignorar la ignominia. Ahora bien, si de inmediato envía un comunicado desmintiendo las cifras, seguramente usted está en el gabinete del gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza. La madre de una niña asesinada preguntó a este gobernador: “¿Tiene usted hijas?” A lo que Reyes Baeza respondió que él no habla de asuntos personales, acto seguido se dio la media vuelta. Hay dos tipos de complicidades, la complicidad activa de los gobernadores de Chihuahua (presente y pasados) y la de quien elige que estos crímenes ya no son relevantes.

Por desgracia el hecho de que asesinen, mutilen, secuestren y violen a las hijas de miles de madres y padres desesperados no es “personal” más que para las familias. Nos dicen que no es asunto de Estado que 16 mil niños y niñas sean objeto de explotación sexual cada año, o que 85 mil menores sean utilizadas anualmente en actos de pornografía. Tampoco el turismo sexual es asunto “personal” para los gobernadores y procuradores de 21 estados del país en los cuales existe esta práctica, aunque el INEGI reporte estas cifras.

Suman ya millones las madres y padres de las asesinadas y desaparecidas de Chihuahua, del estado de México, de Morelos, de Quintana Roo, de Sonora. Suman miles de millones de pesos invertidos, perdidos, arrebatados por las autoridades que alimentan falsas esperanzas de impartición de justicia a las familias. Suman millones los minutos de rabia y llanto de hombres y mujeres que se niegan a escuchar más cifras sobre violencia e injusticia, augurando impunidad segura. Sí, está claro que nadie puede vivir en el desasosiego perenne sin enloquecer, por eso cambiamos la página del diario, el canal de televisión, la estación de radio, para no sufrir más la soledad del dolor de el otro, de la otra, que algún día podría ser yo. Pero esta abulia, por explicable que sea, alimenta la impunidad.

De la mano de una sociedad agotada y maniatada por los resultados de una falta sistemática de justicia, están los poderes que con sus acciones estimulan la criminalidad y refuerzan los estereotipos del abuso autoritario.

Son dos grupos sociales quienes envían mensajes deshumanizantes y desesperanzadores a niños y jóvenes que eventualmente descubren que no tienen otro destino que la marginación, ni otra salida que la violencia: los criminales que se fortalecen, y los servidores públicos que no asumen la preocupación colectiva como algo personal. Mientras la violencia crece y amedrenta a la población mexicana, a veces olvidamos que cada vez que un ministro, una juez, un gobernador; una o un procurador se dan por vencidos, institucionalizan la impunidad como regla y la violencia como única salida aparente. No sé usted, al menos yo me rehúso a vivir en un país en que sólo podemos ser o verdugos o víctimas de la crueldad; siempre es mejor ser agentes del cambio.

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