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Luis de la Calle
30 de enero de 2008

Política fiscal contracíclica

Nuestros márgenes fiscales para acciones contracíclicas son más bien limitados y descansan básicamente en el excedente petrolero

Cuando la actividad económica disminuye y la producción se ubica por debajo de su nivel potencial, se generan importantes costos para una economía, como son una menor acumulación de capital o un menor empleo. Sin embargo, el mayor costo resulta de la pérdida de bienestar de la población durante estas fases recesivas, y en países como el nuestro, en donde existe una importante fracción de población en posición vulnerable este costo puede ser mucho mayor, en particular para estos individuos. Si todos los mercados funcionaran de manera eficiente, el propio mecanismo de mercado solucionaría eventualmente el problema. Pero en nuestras economías existen diversas imperfecciones y fallas de mercado, por lo que este proceso de recuperación suele ser prolongado y costoso.

Es en este contexto que surge la discusión sobre la pertinencia y factibilidad de políticas contracíclicas que permitan acelerar este proceso y mitigar sus efectos negativos. Esta es una discusión compleja y añeja en la profesión, que si bien ha evolucionado no quiere decir que se haya resuelto satisfactoriamente, en particular debido a cuestionamientos sobre su efectividad y a la posibilidad de generar otras distorsiones. No obstante, en mi columna anterior señalé que esta posibilidad no es exclusiva de modelos keynesianos, sino que también se presenta en modelos neoclásicos, aunque la formulación e implementación sea distinta.

Cuando hablamos de acciones contracíclicas fiscales, una posible opción es descansar en los denominados “estabilizadores automáticos”, que están inmersos en la estructura económica por decisiones de política anteriores y actúan de manera automática durante el ciclo económico. Entre estos destacan el seguro de desempleo o un esquema de impuestos progresivo.

Ante una contracción económica, estos mecanismos permiten compensar la reducción en el ingreso de los individuos y evitar caídas drásticas en su consumo.

En México no existe el primero, y la progresividad del sistema impositivo ha disminuido con las modificaciones fiscales recientes. También existen otros esquemas como los fondos de estabilización (FE), como el petrolero, pero su carácter automático depende de su diseño. Nuestro país cuenta con este tipo de fondos los cuales se nutren con ingresos excedentes, fundamentalmente del petróleo y su funcionamiento actual se estipula en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (2007) y cuyo artículo 19 establece los lineamientos para su distribución. Esto es, un 25% al FE de los Ingresos de las Entidades Federativas; 25% al FE para la Inversión en Infraestructura de Pemex; el 40% al FE de los Ingresos Petroleros y el 10% restante a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. En realidad, los ingresos petroleros se presentan como el principal mecanismo para hacer frente a la situación actual, gracias a los altos precios en los últimos años, pero que podrían disminuir en los próximos meses de contraerse la demanda mundial. Queda claro que el crear y consolidar este tipo de estabilizadores automáticos es un pendiente en nuestra economía.

Otra posibilidad es recurrir a políticas contracíclicas discrecionales, que podrían ser el reducir impuestos o aumentar las transferencias fiscales; o aumentar el gasto público. El paquete fiscal discutido en Estados Unidos utiliza un mecanismo del primer tipo vía el sistema impositivo. En nuestro país esta opción se ve bastante complicada, en particular debido al problema estructural de nuestras finanzas públicas. Una acción en este sentido diluiría o pospondría los efectos de la reciente reforma fiscal. Pero además, al exentar nuestro sistema impositivo a una parte importante de la población de bajos ingresos, estos quedarían fuera de cualquier medida cuyo objetivo fuese hacer frente a una reducción en su ingreso, consumo y bienestar. Queda la opción de aumentar gasto público, lo cual por cierto es la acción históricamente más polémica.

Al respecto habría que mencionar que algunos funcionarios han señalado que se está recurriendo a esta alternativa ya que este año se tiene uno de los mayores gastos aprobados en los últimos tiempos, pero para ser estrictos este gasto no ha sido una medida contracíclica pues ya había sido aprobado en el 2007, sólo que con otros parámetros, otro entorno externo. Acción contracíclica sería aumentarlo ahora con el nuevo entorno.

Lo que si hay que reconocer es que a diferencia del pasado, cuando el gasto era recortado durante fases recesivas para controlar el déficit (lo que ha provocado que nuestra política fiscal sea más bien procíclica), en esta ocasión no se ha planteado esta opción. En esta línea de ideas habría que discutir la pertinencia de otorgarle mayor acción contracíclica al gasto, pero en el marco de una regla transparente que disminuyera su cuestionamiento discrecional, y en este contexto la discusión del concepto de balance estructural es útil.

Como podemos ver, nuestros márgenes fiscales para acciones contra cíclicas son más bien limitados y descansan básicamente en el excedente petrolero. Habría que discutir ahora las posibilidades que se presentan por el lado de política monetaria, opción también utilizada por nuestro vecino.

Esto lo comentaré la próxima semana, aunque adelanto que la reciente reducción en las tasas de la Reserva Federal (Fed) podría ampliar los márgenes del Banco de México (Banxico) para una reducción de su tasa, mecanismo que por cierto estamos estrenando desde hace sólo una semana.

 
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PERFIL
 
Es director general y socio fundador de De la Calle, Madrazo, Mancera, S. C. (CMM), donde es responsable de la administración y operación de la empresa. Fue director general de Public Strategies de México. Antes, fungió como subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía. Como ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en Washington, participó en el diseño, promoción e implementación del TLCAN. También laboró en el Banco Mundial como economista de país para las repúblicas Checa y Eslovaca, así como para Polonia y la antigua Zaire. Es miembro del Institute of Public Council on Agriculture, Food, and Trade, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y del Instituto Mexicano para la Competitividad. Es doctor en Economía por la Universidad de Virginia.
 
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