Plan B

Hace 21 años, cuando emigré a Quintana Roo, la droga llegaba en lanchas rápidas a la costa sur, las rutas marítimas estaban claramente trazadas hacia el golfo de México. A veces una nave aterrizaba en pistas de la ribera del río Hondo. El aeropuerto cerraba a la medianoche, pero las avionetas llegaban desde Colombia con cocaína pura. En aquellos tiempos El Chaparro Güemez, un norteño bajito que trabajaba en las pistas del aeropuerto de Cancún, distribuía la coca entre la incipiente socialité local y el sindicato de taxistas se encargaba de la venta al turismo.

A partir de los 90 las rutas se negociaron desde las oficinas de los gobernadores. El rostro del sureste mexicano cambió radicalmente. Los gobiernos, en Quintana Roo de Mario Villanueva; en Yucatán de Cervera Pacheco, y en Campeche de Salomón Azar, abrieron las puertas a las “inversiones” de los cárteles. El mercado cambió y con él las estrategias del crimen organizado. Con el tiempo las y los gobernantes quedaron con dos opciones: aliarse o dejar pasar (jugarse la vida por su estado nunca ha sido una opción).

Hace dos décadas los agentes de la UEDO y de la DEA lograban infiltrarse entre las redes policiacas y aeroportuaria para investigar. Hoy la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada tendría que acercarse a las oficinas de gobierno municipales y estatales y a las de hoteleros de Cancún y de la Riviera Maya para interrogar a los representantes y facilitadores del negocio de la droga.

Así como Alcides Magaña El Metro, personero de Amado Carrillo, se convirtió en cancunense, ahora representantes de los cárteles de Juárez, del Golfo y de Sinaloa compran mansiones en la zona hotelera, invierten en la Riviera Maya, al igual que un par de zetas, famosos en esta ciudad, piden champaña en el restaurante de moda haciendo evidente su presencia y poder.

Pero las plazas no se toman con mensajes de encobijados y asesinatos, la estrategia consiste en invertir dinero sucio en las campañas políticas, en que en cada región (colonia) haya al menos cinco sitios de venta de droga, cervecentros, tendajones, escuelas y casas particulares. Todas las bandas juveniles cuyos miembros tienen entre ocho y 23 años venden y utilizan drogas. La PGR calcula que uno de cada tres policías municipales protege la distribución de droga en Cancún. Taxistas, bell boys, policías y comerciantes mejoran su economía con la venta de drogas, en la misma medida en que aumenta la inversión turística con prestanombres y avales de políticos.

En un país donde la impunidad es la regla y las negociaciones políticas desde las instituciones de impartición de justicia favorecen al crimen organizado, los cabecillas de los cárteles y los políticos vinculados con ellos nos están dando una lección de economía de mercado.

Está claro que el crimen organizado ( tráfico de armas, drogas, personas o pornografía infantil) se identifica con valores, principios y creencias y establece reglas de comportamiento y negociación. Lo cierto es que el de la droga es un mercado abierto, competitivo y en pleno crecimiento. Un cártel es mucho más parecido a una confederación empresarial que a la familia de El Padrino, de Mario Puzo. Los empresarios del narco han logrado garantizar el acceso continuado y barato a drogas naturales y sintéticas. Desaparecer al director general de una empresa no significa llevarla a la quiebra.

Mientras la PGR reporta que en México hay ocho cárteles de drogas, el general retirado Barry McCaffrey, ex zar antidrogas estadounidense, asegura que son 30. Cada día miles de personas en México, con el ejemplo de gobernantes y policías corruptos, eligen ser parte del lucrativo negocio de la droga. Habría que preguntar si luego de arrestar a los capos y policías corruptos, seguirá la limpia en oficinas de gobernadores, alcaldes, legisladores, empresarios blanqueadores y las de los procuradores y jueces que los protegen. De otra manera, las redes sociales que sostienen a las empresas criminales quedarán, para variar, intocadas. ¿No cree usted?

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