Bucareli

Todo el mundo sabe que fue el mismísimo diablo quien escrituró los veneros de petróleo a nombre de la suave patria.

Desde que Lázaro Cárdenas recobró para México la riqueza del subsuelo, el maligno no ha dejado de meter su cola hasta hoy cuando cumplimos 70 años de la expropiación y todas las presiones están en juego para que esa parte de la soberanía nacional se ponga en manos de negociantes, igual que se pusieron otras, desde la banca hasta el maíz.

La semana próxima empezará el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. El Poder Ejecutivo presentará su iniciativa de reforma energética. Todo es posible. Desde la aprobación unánime de la ley Televisa ya nada puede asombrarnos. Si no hubiera sido por el fallo de la Suprema Corte de Justicia, en uno de sus momentos luminosos, dicha ley estaría vigente con sus consecuencias. Son obvias las causas de que la mula se haya hecho arisca, o sea que usted, con perdón, y yo estemos curados de espanto pero no al grado de confiar en el buen juicio de nuestros legisladores. Hay razones para la intranquilidad.

Dos temas relacionados con el petróleo ocupan hoy los espacios de información y análisis. Uno es el del nombramiento de Juan Camilo Mouriño como secretario de Gobernación, porque algunos observadores presumen que su designación conlleva la misión concreta de abrir los caminos para enajenar la riqueza petrolera. La controversia se centró en su origen español y el de su madre, asunto terminado al publicarse el acta que comprueba el nacimiento de la señora en la ciudad de México. El incidente dio lugar a una de las conductas más lamentables de la izquierda mexicana porque los improperios contra Mouriño son idénticos a los usados por la derecha contra los refugiados españoles en 1939. Los sinarquistas de entonces, los redactores de Omega y El Hombre Libre, empleados de la embajada alemana, lanzaban la basura que hoy recogen quienes parten de la misma causa para calificar a alguien: su nacionalidad. Dicho sea esto sin establecer similitud, sólo para comparar semejanzas entre los argumentos de ayer y hoy. Una vez más observamos la identificación de postura ideológica entre el extremismo estaliniano y los remanentes de un nazismo insepulto.

El otro asunto es más complejo por la presencia dentro de la casa de la Caperucita de uno de los auténticos lobos del negocio petrolero mundial, ganador de un contrato reciente por 683 millones de dólares para perforar 58 pozos en el sur de México. Las bases del concurso de licitación sólo exigían elementos técnicos y económicos, ignoraban los antecedentes de una empresa merecedora del desprestigio mundial. Desde 2002 ha obtenido 81 contratos de Pemex, 37 por asignación directa, no obstante los escándalos en que se ha visto envuelta. Culpable de violar la ley que prohibía exportaciones de Estados Unidos a Libia, sobrefacturar trabajos en Kosovo a través de una subsidiaria acusada por el Departamento de Justicia por inflar precios, sobornar a funcionarios de Nigeria, perjudicar con irregularidades contables a numerosos accionistas que aceptaron varios millones de dólares en arreglo extrajudicial, facturar 42 mil comidas para soldados en Irak y Kuwait aunque sólo servía 14 mil por lo cual devolvió al gobierno más de 27 millones de dólares.

El Poder Ejecutivo de México interpuso una controversia constitucional contra la revisión de los convenios que Halliburton tiene con Pemex y que la Auditoría Superior de la Federación ejerce por orden del Congreso de la Unión. Ninguna explicación o razón legal puede excusar el resultado: impedir nuevo escrutinio del proceso que llevó a Pemex a “confiar” en Halliburton.

La historia de esta compañía justificaría que en las licitaciones de contratos gubernamentales se exigiera un certificado de buena conducta, una fe notarial de limpieza, de ausencia de antecedentes delictivos. Si para obtener una licencia de manejo o ingresar a algunas escuelas es indispensable que el modesto solicitante compruebe que no ha tropezado en los terrenos de la ley y la ética, más obligado es juzgar por sus pecados a las compañías que van a recibir enormes sumas de dinero de los mexicanos.

No podemos ignorar lo dicho hace tres días por Manuel Bartlett. Declaró ante los estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla que Jesús Reyes Heroles en su despacho particular, antes de ser director de Pemex, “…promovía con mucho entusiasmo la inversión extranjera en Pemex y a mí personalmente me pidió que cambiara de postura en este asunto”. La maniobra que se prepara en el Poder Legislativo es hábil porque van a esquivar el escollo de reformar la Constitución para cercarla con leyes enmendadas o nuevas a fin de que en la práctica se consigan las metas fijadas, tal como se está haciendo en el tejido fino de contrapeso a la ley Televisa.

El próximo 18 de marzo cumplirá siete décadas el decreto de expropiación petrolera y el gobierno se enfrenta a un desafío semejante al de entonces. Se trata en pocas palabras de mantener la propiedad legal y práctica sobre los hidrocarburos, la riqueza del subsuelo que es de las pocas de que aún dispone el mexicano, para decidir su destino.

El reto para el gobernante es no entregar ese valor insustituible y al mismo tiempo obtener la tecnología para establecer las refinerías necesarias, los oleoductos y la distribución que México requiere. Tarea difícil per se y por las enormes presiones de gobiernos y compañías como la mencionada, aunque no única, para quedarse con el petróleo.

Voces interesadas en llevar agua a su molino abundan en afirmar que la única solución está en abrir las puertas a la explotación ajena de este recurso, insisten en la urgencia y exhiben sus datos sobre la inoperancia de la empresa mexicana. No va a ser fácil evitar las trampas en el vericueto.

Tampoco lo fue en 1938.