Agenda del debate

Mouriño, firme, pero faltan el peaje del Congreso y el intento de impugnarlo

Altos costos, combatir por vía jurisdiccional los nombramientos presidenciales

Con el antecedente de la negociación por la que el presidente Calderón y el PAN le concedieron al PRI una parcialmente controvertida reforma electoral, a cambio de una desvanecida reforma fiscal, al despuntar el nuevo año se daba por hecho que el PRI había obtenido, a cambio de una reforma energética aún por conocerse, la desaparición de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para poner la política social en manos de los líderes dominantes del Congreso, como quedó el IFE, pero esta vez dejándoles a los partidos el manejo de los apetecibles programas sociales.

Un cambio de señales apareció justo al cumplirse la primera quincena del año, con el nombramiento como titular de Sedesol de un personaje como Ernesto Cordero, tan allegado a Calderón que difícilmente podría pensarse que éste lo hubiera colocado en una dependencia en liquidación. Ya anteayer se anticipó un acuerdo en el Congreso para crear un Consejo Económico y Social —con el que se pretendía sustituir a Sedesol—, sólo que ahora sería un órgano paralelo que serviría de contrapeso, se dijo, a la dependencia del Ejecutivo.

Las nuevas señales apuntan a que la negociación para sacar adelante la reforma energética pasaría, por lo pronto, por el cambio de titular en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); a Alberto Cárdenas los legisladores priístas ya le declararon un boicot por el cual cancelaron toda interlocución con él: el mismo camino seguido por los legisladores del PAN y del PRD contra el secretario de Gobernación de Zedillo, con lo cual le dieron oportunidad al presidente de deshacerse de Emilio Chuayffet en enero de 1998, cargándole además la matanza de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre anterior.

Hoy, el PRI ha sido el partido más explícito en celebrar el cambio en el gabinete que ha presidido la agenda del debate público a lo largo de esta segunda quincena de enero. Juan Camilo Mouriño aparece ahora firme como nuevo secretario de Gobernación. Fueron altos los costos en rechazo público para quienes pretendieron cuestionar este nombramiento con actitudes de xenofobia. Y con la circulación ayer de una copia del acta que acredita el nacimiento en México de la mamá del nuevo secretario podría quedar cerrada la impugnación a su nombramiento relacionada con la supuesta falta de cumplimiento del requisito de la nacionalidad.

Los pendientes del secretario

Pero a Mouriño todavía le falta pagar el peaje que le exigirán sus aliados del PRI en el Congreso y no debería descartar algún intento de impugnar su designación por la vía judicial.

Porque, por una parte, el mensaje de las visitas hechas públicas de algunos de los más importantes secretarios de despacho al nuevo titular de Gobernación apunta a que Mouriño consolidó sus funciones como jefe, ahora explícito, del gabinete presidencial. Y esto reavivará la propuesta del PRI en el Senado de avanzar hacia un sistema de gobierno de gabinete, pero con participación del Congreso en el nombramiento y la destitución de aquel a quien esa propuesta perfila como virtual jefe de Gobierno, en términos similares a los sistemas parlamentarios.

Por supuesto que el nuevo secretario ha mostrado recursos, reflejos y entrenamiento para el intercambio político y la presencia mediática. Pero esto no lo eximirá de la negociación, que ya podría estar avanzada, en favor de un aspecto capital de la llamada reforma del Estado que impulsan los senadores priístas, frente a la cual camina en sentido contrario la operación que puso a Mouriño a la cabeza del gabinete presidencial. Porque en el más puro sistema presidencial, el jefe del gabinete de Felipe Calderón fue nombrado —por esta vez, que podría ser la última— por el Presidente de la República (por sí y ante sí) y legalmente sólo le rendirá cuentas al propio titular del Ejecutivo, además de que, llegado el caso, sólo podría ser removido por el propio presidente.

Por otra parte, probablemente falta un último intento de combatir este nombramiento, ahora por la vía jurisdiccional. Porque todo acuerdo, decreto o reglamento rubricado o refrendado por el secretario Mouriño en el Diario Oficial de la Federación —como el aparecido el lunes con la reestructuración de la Oficina de la Presidencia— podría enfrentar la posibilidad de promociones ante los tribunales solicitando la invalidación de sus actos, bajo el supuesto de que la designación no satisface un requisito constitucional. Las opiniones en ese sentido anticipadas por políticos, abogados y periodistas cercanos al liderazgo del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, parecen un anuncio inequívoco de que más temprano que tarde se tramitará algún juicio para combatir el nombramiento del nuevo secretario. Cuando más tarde, al aprobarse la reforma en materia energética, cuya impugnación está programada por AMLO. Parece difícil que éste deje de incorporar a su lista de supuestas ilegalidades cualquier participación del titular de Gobernación en el proceso, incluyendo su rúbrica en el eventual decreto de publicación de la reforma.

Fuego amigo en el gabinete

Si este escenario tienen algún viso de probabilidad, más vale que se materialice pronto y tenga un desenlace expedito. Porque sería insostenible una situación de incertidumbre sobre la validez y la permanencia de las decisiones y los actos en los que participa el titular de Gobernación. E incluso si se ve este nombramiento como la colocación del nombrado entre los aspirantes a la sucesión presidencial, nada mejor que desactivar con apremio el tema de este litigio anunciado, procurando desde ahora una resolución judicial definitiva.

Desde este ángulo de la incertidumbre o la precariedad de los actos de funcionarios cuyas designaciones son atacadas, el nuevo jefe del gabinete tendrá que analizar el más reciente caso judicial tendiente a invalidar nombramientos presidenciales. Paradójicamente, con el apoyo de un miembro del mismo gabinete —el secretario de Comunicaciones— dos altos funcionarios de esta dependencia aspiran a ocupar sendos asientos en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y al efecto litigan la invalidación de los nombramientos presidenciales de dos comisionados, en funciones desde 2006. El problema —entre increíbles esperpentos jurídicos y de mezquindad burocrática— es que si la Corte les diera la razón quedarían viciadas de nulidad miles de resoluciones sobre radiodifusión y centenares sobre telecomunicaciones, debido a la participación de comisionados cuyos nombramientos quedaran invalidados de origen.

Y no faltarían litigantes dispuestos a combatir, con estas bases, aquellas resoluciones, entre las que se encuentran, nada menos, el programa de licitaciones, la regulación tarifaria de Telmex, la portabilidad numérica y el cuadro nacional de atribución de frecuencias.

Verdadero fuego amigo en el gabinete.

jose.carreno@uia.mx